Fiscal Cooper confía en decisión de la Corte Suprema

Tras ser abordado por la prensa local al término del Te Deum por el aniversario de Carabineros, el fiscal regional, Patricio Cooper, se refirió a la intención de 10 parlamentarios que buscan sacarlo de su cargo, desde que fuera allanada la residencia de la diputada Karol Cariola (en ese entonces presidenta de la Cámara de Diputados) en momentos en que ella se encontraba en proceso de parto de su primer hijo.

Al consultarle si estaba tranquilo ante esta decisión de removerlo de su cargo, en primera instancia se negó a responder, pero luego aseguró estar “tranquilo. Hago el trabajo lo mejor que uno puede. Llevo 25 años en esto y, tal como dije, en uso legítimo de sus atribuciones hay diez diputados que consideraron que yo he sido negligente en mis funciones y la excelentísima Corte Suprema tendrá que definir si me remueven o no. Junto a mis abogados nos defenderemos en las instancias correspondientes. Ese es un legítimo ejercicio del Estado de Derecho y ahí me defenderé. Estoy tranquilo”, reiteró Cooper.

En la misma línea y al ser consultado por el caso “Procultura”, relacionados  a los audios filtrados de Miguel Crispi, exjefe de asesores del segundo piso de La Moneda, el fiscal regional explicó que lo que se supo en los medios de prensa el fin de semana “es información que estaba en la carpeta investigativa desde el mes de enero, o sea, hace casi cinco meses atrás. Se entregaron copias la semana pasada a los intervinientes y la intervención telefónica al señor Crispi estaba autorizada por un tribunal de la República. Eso es lo que yo puedo indicar al respecto, y en base a conversaciones que lamentablemente se han hecho públicas el Ministerio Público abrió de oficio una investigación que se denomina el caso por la compra fallida de la casa del exPresidente de la República, Salvador Allende, y el señor fiscal nacional decidió que la Fiscalía Regional de Coquimbo llevara esa investigación. Esa es la razón por la cual se abrió la causa, justamente porque en un hallazgo casual en la intervención telefónica de otra causa se tuvo esa información a la vista”, señaló Cooper.

Más adelante recordó que días después de que el Ministerio Público  abriera una investigación por oficio, se presentó una querella, pero afirmó que la senadora Isabel Allende siempre ha tenido la calidad de imputada, “y ella, ejerciendo los derechos procesales que tiene, ha guardado silencio en esta investigación”, aseguró el fiscal regional.

Sobre lo que sí declinó referirse es al tiempo en que estuvo pinchado el teléfono de Miguel Crispi. Sin embargo, al asegurarle que el uso de este tipo de técnicas es propio de regímenes totalitarios, el fiscal Patricio Cooper respondió que, entonces, “tendríamos que botar el Código Procesal Penal y eliminar todas las medidas intrusivas. Me llama mucho la atención que se hable de este tema cuando se afecta a ciertas personas, pero cuando se investiga otro tipo de delitos no se cuestionan las intervenciones telefónicas respecto al narcotráfico, terrorismo, etcétera. Hay controles cruzados y una pregunta que se hacen mucho las personas es quién controla a los fiscales. Bueno, los jueces de garantía controlan a los fiscales. El trabajo del Ministerio Público es esencial en el sistema acusatorio que tenemos. El tribunal de garantía tiene que autorizar las medidas intrusivas y el trabajo del Ministerio Público es solicitar esas medidas intrusivas cuando cree que tienen fundamento y la fiscalía regional de Coquimbo estimó que tenían fundamento para esas medidas intrusivas. Así lo solicitamos y nos fue otorgado por el tribunal de garantía en uso legítimo también de las funciones o de las responsabilidades y atribuciones de un juez”, señaló el jefe del Ministerio Público en la región.

Respecto al brutal femicidio de Ana María Pizarro, reiteró que estaba totalmente identificado el autor del crimen, por lo que existe una orden de detención en su contra. “La policía lo está buscando y esperemos poder traerlo a la justicia lo antes posible”, dijo.

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Fuente: DiarioElDia Región