Juicio por Papaya Gate: SII y agravantes complican escenario judicial

Luego que Diario El Día diera a conocer que la fiscal de Valparaíso, Claudia Perivancich, solicitó una audiencia de formalización en contra de la otrora intendenta Lucía Pinto y del exadministrador regional, José Cáceres, entre otros involucrados en el mediático caso denominado “Papaya Gate”, la propia persecutora entregó detalles sobre a dicha acción. 

“Todo deriva de la operación de la adquisición de terrenos que tuvo lugar en el año 2020, en que el gobierno regional de Coquimbo compra terrenos por más de 9.000 millones de pesos en los que creemos se han cometido los delitos que ya se indicó”, señaló la fiscal.

En ese sentido, el Juzgado de Garantía de La Serena acogió la solicitud y fijó para el lunes 26 de mayo, a las 8:30 horas, la audiencia para la formalización de la investigación, instancia en donde se expondrán los hechos ante el referido tribunal.

Consultado por El Día, Adrián Vega, exfiscal regional, analizó el escenario y las posibles penas que podrían tener los involucrados. “El delito de fraude al fisco se configura cuando el funcionario público y solo él defrauda directamente o consiente que otros defrauden al Estado o las municipalidades, originándole una pérdida”, explicó.

“La pena aplicable a ese delito varía dependiendo de los montos defraudados. Para el caso en cuestión, que de todas maneras la defraudación excede las 400 unidades tributarias mensuales (UTM), se aplica la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio. Esto significa 5 años y un día a 15 años de violación de libertad, por lo tanto son penas de crimen”, sostuvo.

En esa línea, puntualizó que “eventualmente, dependiendo de si existen agravantes, podría solicitarse la presión preventiva y sin perjuicio a las multas e inhabilitaciones para los funcionarios de seguir ejecutando sus cargos. Sin embargo atendida la fecha de ocurrencia de éstos, seguramente será discutida la figura legal de la media prescripción respecto a esta pena de crimen, porque los delitos que tienen pena de crimen prescriben en 10 años y eventualmente puede haber alguna discusión en cuanto a que ha transcurrido más de la mitad de ese tiempo, obligándose a algunas atenuantes que establece la ley”. 

En cuanto a los delitos tributarios en los que figuran como imputados varios conocidos empresarios de la zona, el exfiscal hizo hincapié en que existe una querella del Servicio de Impuestos Internos (SII), que fue presentada hace un tiempo.

“Supuestamente, lo que constató el Servicio de Impuestos Internos, fueron declaraciones de impuestos maliciosamente falsas, porque imputaron un costo de $3.881 millones con un aumento de capital ficticio que estaba suscrito como aumento de capital pero no pagado, y si es así, las declaraciones manifiestamente falsas o incompletas están sancionadas en el artículo 97, número 4 del Código Tributario y está sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo, que son 3 años y un día a 5 años, no interesando el valor de la operación. La multa sí va a depender del valor de la operación, es decir al 100% hasta el 300% del tributo defraudado”, agregó.

Además, sostuvo que “para este caso, como el delito tributario no superaría la pena de crimen, es decir presidio menor en su grado máximo de 3 años y un día a 5 años, las penas bajan y no hay posibilidad de pedir prisión preventiva”.

“JOSÉ CÁCERES ESTARÍA MÁS COMPLICADO”

En conversación con Rodolfo Bórquez, socio de DBa Abogados, tras hacer un análisis del caso, señaló que “quien está más complicado en base a la formalización sería José Cáceres, porque él está formalizado por dos delitos - fraude al fisco y por negociación incompatible - mientras tanto, Lucía Pinto y Pablo Bracchitta van a ser solamente formalizados por el artículo 239 del Código Penal (fraude al fisco). Entonces,tomando en cuenta las penas, como el monto de la posible defraudación fiscal es superior a las 400 UTM, debiera ser presidio mayor en su grado mínimo a medio, esto es de 5 años y un día a 15 años, tanto para Lucía Pinto como Pablo Bracchitta. Como José Cáceres está acusado también de ese delito sumaría éstos - de 5 y 1 a 15 años - pero a la vez él también está formalizado por el delito del 240 del Código Penal, que es negociación incompatible”, reiteró.

En el caso de los delitos tributarios, sostuvo que “hay varios formalizados, entre esos está Lorenzo Iduya, Nicolás Bakulic, Karim Daire y Manuel Daire, todos en calidad de autores. También respecto a los que hablamos recién, Lucía Pinto y los demás, están todos en calidad de autor y aquí no hay ningún cómplice ni encubridor”, subrayó.

Bórquez puntualizó además, que “un dato que es importante, es que en la querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos, que indicó los mismos delitos, se establece que ellos estarían, además con la circunstancia agravante del artículo 111 del Código Tributario - documentación falsa -, es decir, ellos van a llegar con un agravante. Por lo tanto les va a costar bajar la pena en base a la atenuante al momento de realizar el cálculo de la pena que les va a corresponder”.

Respecto a esta eventual agravante al hecho de “haber actuado en conjunto entregando información maliciosa y haberse puesto de acuerdo para ello”. 

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Fuente: DiarioElDia Región