El ministro de Justicia Jaime Gajardo, reconoció que se está evaluando el uso de uniformes para las Cárceles de Máxima Seguridad, no para todo el personal privado de libertad. “Esto en máxima seguridad en particular, lo que necesitamos es tratar de disminuir al máximo el tipo de cosas y la cantidad de cosas que se ingresan”, dijo el secretario de Estado. Gajardo explicó en conversación con Radio ADN, que “entonces cuando las personas utilizan su propia ropa se les permite ingresar ropa y se les permite sacar la ropa para lavarla. Entonces para evitar esos tipos de circuitos es importante que el establecimiento penitenciario les entregue un uniforme que además un uniforme que cuente con ciertas características”. “Por ejemplo que no sea inflamable para que eventualmente no se utilice como método para realizar combustión dentro de los establecimientos”, puntualizó. Ya en el mes de febrero, Gajardo precisó que la experiencia en otros países respalda esta iniciativa, “funciona en Colombia, funciona en Brasil. Para máxima seguridad el costo es menor”. El costo que tendría la medida sería de alrededor de $10 mil millones. El uso de uniformes en el mundo El uso de uniformes carcelarios es una práctica extendida en distintos países del mundo, aunque con enfoques diversos según las políticas penitenciarias de cada nación. En algunos casos, la vestimenta es utilizada como un medio de identificación y control, mientras que en otros, se ha flexibilizado para favorecer la reinserción social de los reclusos. En Estados Unidos, muchos estados imponen uniformes de color según la clasificación de los reos: los de naranja suelen ser para nuevos ingresos o presos de alta vigilancia, mientras que otros colores identifican distintos niveles de peligrosidad o funciones dentro de la prisión. En Europa, la tendencia ha sido menos restrictiva. En países como España y Alemania, los internos pueden vestir ropa propia, salvo en casos de máxima seguridad. La idea detrás de esta política es evitar la estigmatización y fomentar una sensación de normalidad dentro del proceso de rehabilitación. Por otro lado, en América Latina, el uso de uniformes varía considerablemente. En Brasil y México, muchas cárceles exigen prendas uniformadas, pero algunas han flexibilizado la norma, especialmente en centros de reinserción. Fuente: Publimetro
El alcalde de la comuna de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt , junto con el diputado representante de la Región de Los Lagos, Mauro González, han manifestado su inquietud tras conocer la situación del sistema carcelario en la zona y solicitaron al Gobierno dar a conocer detalles del “Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria”. La solicitud nace tras una entrevista en la jornada de ayer domingo, donde el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, expresó a CHV Noticias que el Ejecutivo contempla la puesta en marcha respecto a la creación de nuevas cárceles, junto con la ampliación de otras, el que incluye al Penal Alto Bonito de Puerto Montt. Al respecto, la ampliación de la cárcel de Puerto Montt, proyectada para el período 2030 con inicio de obras en 2029, contempla 600 plazas adicionales. Sin embargo, actualmente, más del 60% de los internos provienen de otras regiones, lo que ha incrementado la sensación de inseguridad en las comunidades cercanas. Asimismo, en un oficio dirigido a los representantes del Ministerio de Justicia, las autoridades solicitaron detalles sobre el nivel de peligrosidad de los reos trasladados, así como las medidas adoptadas para prevenir conflictos derivados de la llegada bandas provenientes otras zonas del país. No podemos permitir que nuestras comunidades sigan soportando el peso decisiones que incrementan sensación inseguridad. Es urgente conocer cómo se está garantizando seguridad tanto dentro como fuera recinto penitenciario, comentó el alcalde Puerto Montt. El malestar entre las autoridades también responde a ausencia información clara sobre condiciones operan cárceles región. Somos hablando problemática afecta directamente tranquilidad nuestras familias. Comunidades no pueden ser únicas perjudicadas por administración prioriza dividir bandas sin evaluar consecuencias, manifestó parlamentario Mauro González. Fundamental trabajar conjunto garantizar seguridad nuestras comunidades ahora no década, concluyó Wainraihgt. Fuente: Publimetro
A través de un oficio de fiscalización, el parlamentario Roberto Arroyo ( Partido Social Cristiano) solicitó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, información detallada sobre el estado del sistema penitenciario en Chile, abarcando tanto el sistema tradicional como el concesionado. En esta línea, el diputado por el 20° Distrito, Región del Biobío busca esclarecer aspectos clave como el grado de ocupación de las cárceles, los servicios penitenciarios prestados y el estado de la infraestructura, entre otros temas. Es fundamental conocer en profundidad cómo están operando nuestras cárceles. No se trata solo de números, sino de entender si los recursos están siendo utilizados de manera eficiente y si realmente estamos garantizando condiciones dignas para las personas privadas de libertad, sostuvo el congresista. En su solicitud, además, enfatizó la necesidad de transparencia en los pagos asociados a los contratos de concesión y los criterios utilizados para su determinación. Sumado a esto, el oficio también incluye la petición de estadísticas actualizadas sobre la población penal, tasas de reincidencia y programas de reinserción social. Sin datos precisos no podemos evaluar el desempeño del sistema ni proponer mejoras concretas. Esto no es solo una cuestión administrativa; es una necesidad para construir un sistema penitenciario que cumpla su función de rehabilitación, aseguró el legislador. Otro punto relevante planteado en el documento es el programa de mantenimiento de la infraestructura penitenciaria. El parlamentario solicitó un informe detallado sobre los recursos destinados a la mantención preventiva y correctiva de las cárceles. No podemos permitir que las condiciones físicas de las cárceles se deterioren al punto de ser un obstáculo para la reinserción social. Es una inversión que impacta directamente en la seguridad de nuestro país, subrayó. Por último, el diputado recalcó que esta solicitud es parte de un esfuerzo mayor por garantizar que el sistema penitenciario funcione bajo los principiosde eficiencia, transparencia y respeto por los derechos humanos. Fuente: Publimetro
El ministro de Justicia Jaime Gajardo, reconoció que se está evaluando el uso de uniformes para las Cárceles de Máxima Seguridad, no para todo el personal privado de libertad. “Esto en máxima seguridad en particular, lo que necesitamos es tratar de disminuir al máximo el tipo de cosas y la cantidad de cosas que se ingresan”, dijo el secretario de Estado. Gajardo explicó en conversación con Radio ADN, que “entonces cuando las personas utilizan su propia ropa se les permite ingresar ropa y se les permite sacar la ropa para lavarla. Entonces para evitar esos tipos de circuitos es importante que el establecimiento penitenciario les entregue un uniforme que además un uniforme que cuente con ciertas características”. “Por ejemplo que no sea inflamable para que eventualmente no se utilice como método para realizar combustión dentro de los establecimientos”, puntualizó. Ya en el mes de febrero, Gajardo precisó que la experiencia en otros países respalda esta iniciativa, “funciona en Colombia, funciona en Brasil. Para máxima seguridad el costo es menor”. El costo que tendría la medida sería de alrededor de $10 mil millones. El uso de uniformes en el mundo El uso de uniformes carcelarios es una práctica extendida en distintos países del mundo, aunque con enfoques diversos según las políticas penitenciarias de cada nación. En algunos casos, la vestimenta es utilizada como un medio de identificación y control, mientras que en otros, se ha flexibilizado para favorecer la reinserción social de los reclusos. En Estados Unidos, muchos estados imponen uniformes de color según la clasificación de los reos: los de naranja suelen ser para nuevos ingresos o presos de alta vigilancia, mientras que otros colores identifican distintos niveles de peligrosidad o funciones dentro de la prisión. En Europa, la tendencia ha sido menos restrictiva. En países como España y Alemania, los internos pueden vestir ropa propia, salvo en casos de máxima seguridad. La idea detrás de esta política es evitar la estigmatización y fomentar una sensación de normalidad dentro del proceso de rehabilitación. Por otro lado, en América Latina, el uso de uniformes varía considerablemente. En Brasil y México, muchas cárceles exigen prendas uniformadas, pero algunas han flexibilizado la norma, especialmente en centros de reinserción. Fuente: Publimetro
El alcalde de la comuna de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt , junto con el diputado representante de la Región de Los Lagos, Mauro González, han manifestado su inquietud tras conocer la situación del sistema carcelario en la zona y solicitaron al Gobierno dar a conocer detalles del “Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria”. La solicitud nace tras una entrevista en la jornada de ayer domingo, donde el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, expresó a CHV Noticias que el Ejecutivo contempla la puesta en marcha respecto a la creación de nuevas cárceles, junto con la ampliación de otras, el que incluye al Penal Alto Bonito de Puerto Montt. Al respecto, la ampliación de la cárcel de Puerto Montt, proyectada para el período 2030 con inicio de obras en 2029, contempla 600 plazas adicionales. Sin embargo, actualmente, más del 60% de los internos provienen de otras regiones, lo que ha incrementado la sensación de inseguridad en las comunidades cercanas. Asimismo, en un oficio dirigido a los representantes del Ministerio de Justicia, las autoridades solicitaron detalles sobre el nivel de peligrosidad de los reos trasladados, así como las medidas adoptadas para prevenir conflictos derivados de la llegada bandas provenientes otras zonas del país. No podemos permitir que nuestras comunidades sigan soportando el peso decisiones que incrementan sensación inseguridad. Es urgente conocer cómo se está garantizando seguridad tanto dentro como fuera recinto penitenciario, comentó el alcalde Puerto Montt. El malestar entre las autoridades también responde a ausencia información clara sobre condiciones operan cárceles región. Somos hablando problemática afecta directamente tranquilidad nuestras familias. Comunidades no pueden ser únicas perjudicadas por administración prioriza dividir bandas sin evaluar consecuencias, manifestó parlamentario Mauro González. Fundamental trabajar conjunto garantizar seguridad nuestras comunidades ahora no década, concluyó Wainraihgt. Fuente: Publimetro
A través de un oficio de fiscalización, el parlamentario Roberto Arroyo ( Partido Social Cristiano) solicitó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, información detallada sobre el estado del sistema penitenciario en Chile, abarcando tanto el sistema tradicional como el concesionado. En esta línea, el diputado por el 20° Distrito, Región del Biobío busca esclarecer aspectos clave como el grado de ocupación de las cárceles, los servicios penitenciarios prestados y el estado de la infraestructura, entre otros temas. Es fundamental conocer en profundidad cómo están operando nuestras cárceles. No se trata solo de números, sino de entender si los recursos están siendo utilizados de manera eficiente y si realmente estamos garantizando condiciones dignas para las personas privadas de libertad, sostuvo el congresista. En su solicitud, además, enfatizó la necesidad de transparencia en los pagos asociados a los contratos de concesión y los criterios utilizados para su determinación. Sumado a esto, el oficio también incluye la petición de estadísticas actualizadas sobre la población penal, tasas de reincidencia y programas de reinserción social. Sin datos precisos no podemos evaluar el desempeño del sistema ni proponer mejoras concretas. Esto no es solo una cuestión administrativa; es una necesidad para construir un sistema penitenciario que cumpla su función de rehabilitación, aseguró el legislador. Otro punto relevante planteado en el documento es el programa de mantenimiento de la infraestructura penitenciaria. El parlamentario solicitó un informe detallado sobre los recursos destinados a la mantención preventiva y correctiva de las cárceles. No podemos permitir que las condiciones físicas de las cárceles se deterioren al punto de ser un obstáculo para la reinserción social. Es una inversión que impacta directamente en la seguridad de nuestro país, subrayó. Por último, el diputado recalcó que esta solicitud es parte de un esfuerzo mayor por garantizar que el sistema penitenciario funcione bajo los principiosde eficiencia, transparencia y respeto por los derechos humanos. Fuente: Publimetro
