Diputado Arroyo exige transparencia en cárceles chilenas

A través de un oficio de fiscalización, el parlamentario Roberto Arroyo (Partido Social Cristiano) solicitó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, información detallada sobre el estado del sistema penitenciario en Chile, abarcando tanto el sistema tradicional como el concesionado.

En esta línea, el diputado por el 20° Distrito, Región del Biobío busca esclarecer aspectos clave como el grado de ocupación de las cárceles, los servicios penitenciarios prestados y el estado de la infraestructura, entre otros temas.

"Es fundamental conocer en profundidad cómo están operando nuestras cárceles. No se trata solo de números, sino de entender si los recursos están siendo utilizados de manera eficiente y si realmente estamos garantizando condiciones dignas para las personas privadas de libertad", sostuvo el congresista.

En su solicitud, además, enfatizó la necesidad de transparencia en los pagos asociados a los contratos de concesión y los criterios utilizados para su determinación. Sumado a esto, el oficio también incluye la petición de estadísticas actualizadas sobre la población penal, tasas de reincidencia y programas de reinserción social.

"Sin datos precisos no podemos evaluar el desempeño del sistema ni proponer mejoras concretas. Esto no es solo una cuestión administrativa; es una necesidad para construir un sistema penitenciario que cumpla su función de rehabilitación", aseguró el legislador.

Otro punto relevante planteado en el documento es el programa de mantenimiento de la infraestructura penitenciaria. El parlamentario solicitó un informe detallado sobre los recursos destinados a la mantención preventiva y correctiva de las cárceles.

"No podemos permitir que las condiciones físicas de las cárceles se deterioren al punto de ser un obstáculo para la reinserción social. Es una inversión que impacta directamente en la seguridad de nuestro país", subrayó.

Por último, el diputado recalcó que esta solicitud es parte de un esfuerzo mayor por garantizar que el sistema penitenciario funcione bajo los principiosde eficiencia, transparencia y respeto por los derechos humanos.