Familiares de víctimas de la Caravana de la Muerte contra gobierno

Desde la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) expresaron su molestia, luego que desde el gobierno del Presidente Gabriel Boric comunicaran por escrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado chileno no reconoce su competencia para pronunciarse sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante los años de la dictadura encabezada por el general Augusto Pinochet, ya que Chile se adhirió recién en 1990 a la Convención Americana de Derechos Humanos.

De acuerdo a lo revelado por el medio CIPER, “el escrito fue enviado a la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, en respuesta a una denuncia presentada por los abogados Cristián Cruz y Karinna Fernández”, quienes representan a la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).

Esto luego de que en agosto de 2024, Cruz y Fernández, en representación de la AFEP, presentaran una denuncia en contra del Estado Chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por “no cumplir con su obligación de sancionar de manera adecuada y proporcional” al general (R) Juan Emilio Cheyre, luego de que a fines de 2023, la Corte Suprema lo sentenciara a 5 años de presidio menor en calidad de cómplice del asesinato de 15 personas opositoras al régimen militar el 16 de octubre de 1973 en La Serena, en el marco de la denominada Caravana de la Muerte.

De acuerdo a los familiares de las personas asesinadas, parte de su descontento se origina porque Cheyre es el único de los 9 condenados que no cumple su pena en prisión, aún cuando fue condenado por lo sucedido en el Regimiento Arica N°2, de La Serena, bajo el comando del general  Sergio Arellano Stark.

Cabe agregar además que Cheyre recibió el beneficio de libertad vigilada intensiva.

En respuesta a lo expresado por el gobierno a la CIDH, Eduardo Cortés, vocero de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) e hijo de Hipólito Pedro Cortés Álvarez, quien tenía 43 años cuando fue asesinado por la Caravana de la Muerte, aseguró que “este es un tema que duele, porque uno apoyó al gobierno y que salgan con esta atrocidad es terrible, excusándose en que Chile ingresó a la comisión a partir de 1990, siendo que el fallo de la Corte Suprema fue después de eso”.

Por ello, explica, “pedimos una audiencia con la subsecretaría de Relaciones Exteriores para pedir que el gobierno del Presidente Boric retire la posición que hizo, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que estos crímenes son imprescriptibles y por tanto los responsables no pueden beneficiarse con rebajas de pena”, señaló. 

Por su parte, Maya Jordán, hermana de Jorge Jordán Domic, médico de 29 años que también fue fusilado el 16 de octubre por la Caravana de la Muerte, afirmó que “por lo que tengo entendido, aún no hay respuesta de parte de la Comisión. Por eso, como familiares, seguiremos buscando justicia, ya que estimamos que Cheyre debe ir a la cárcel por sus crímenes y porque la pena que dictó la justicia chilena nos parece una burla. Y aunque el Estado chileno firmó el acuerdo con la Comisión en el año 1990, la sentencia a los culpables del crimen horrendo a nuestros familiares recién se logró en 2023, a 50 años de ocurridos los hechos, por lo tanto, la Comisión sí tiene injerencia para poder responder a nuestra petición y realmente me parece increíble que el gobierno declare inadmisible nuestra querella”, añadió.

Asimismo, Fernanda Guzmán, hija de Roberto Guzmán, abogado del sindicato de la mina Santa Fe, quien fue fusilado en La Serena por la Caravana de la Muerte, manifestó que “esperamos 51 años para que se nos haga justicia con la matanza cruel y despiadada de nuestros familiares, pero la sentencia de uno de los protagonistas cómplice principal, es una pena ridícula y burlesca hacia nosotros. Cinco años en su cómodo hogar”. 

Por su parte, el abogado Cristián Cruz, uno de los representantes de la AFEP, también se refirió a esta situación, recalcando que “esta presentación ante la Comisión Interamericana evidentemente busca una pronta solución y una respuesta definitiva”.

Según el abogado, esto se debe a que “el tiempo empieza a jugar en contra, pues no todos los malhechores están con vida”. 

En el documento de respuesta del gobierno se establece que  “la CIDH carece de competencia ratione temporis para conocer de vulneraciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que tuvieron lugar previo a 1990”.

El concepto ratione temporis se traduce como “por razón de tiempo” y en este caso se refiere a que Chile suscribió recién en 1990 su adhesión a la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), por lo que la CIDH no puede pronunciarse sobre eventos que tuvieron lugar con anterioridad a la suscripción de ese tratado, como ocurre con los hechos denunciados por la parte peticionaria, que ocurrieron en el año 1973, es decir, antes de la entrada en vigor de la  CADH en el ordenamiento jurídico nacional y su vigencia. 

Dicha respuesta fue comunicada a los familiares de las víctimas durante la primera semana de abril de este año, a través de sus representantes.

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Fuente: DiarioElDia Región