21 de febrero de 2025
Como una polémica artificial fue calificada por el ministro de Economía, Nicolás Grau, las críticas y llamados de renuncia que han pedido desde la oposición, luego que se conociera que la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), que es un servicio público con patrimonio propio y dependiente del Ministerio de Economía, traspasó al Tesoro Público por petición del Ministerio de Hacienda 3,4 billones de pesos el año 2023.
Desde el Ejecutivo han reiterado que el proceso se realizó de manera regular y transparente, valorando que el acto administrativo sea revisado por la Contraloría, luego de un requerimiento presentado por el abogado y militante del Partido Repúblicano, Raimundo Palamara.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, lamentó la postura de la oposición que “da motivo a este tipo de polémicas”, toda vez que el proceso realizado “es perfectamente legal y correcto, porque la forma de ejecutar el gasto público es disponer de los recursos que están disponibles en los distintos ámbitos de gestión del Estado”.
Sobre la investigación que llevará a cabo la Contraloría, Tohá la valoró y espera que “si descarta toda irregularidad, quienes se han dedicado a sembrar estas dudas den alguna explicación o presenten alguna excusa”.
La ministra del Interior también fue consultada por cómo se gastaron los fondos de Corfo en su cartera, aclarando “que el dinero es fungible entonces no hay un sello que diga ‘este viene de Corfo', pero todos sabemos lo que han sido las prioridades en seguridad que ha significado incrementos muy por sobre lo llevábamos en los gobiernos anteriores”.
"Hay que decir que este recurso para integrar en distintas prioridades gubernamentales se ha hecho en un contexto en donde se han aumentado por diez las reservas después reducir todo lo avanzado anteriormente", cerró Tohá.