El Tribunal Oral en lo Penal de Arica dio a conocer la condena en el juicio contra de los 38 imputados acusados de pertenecer al clan de Los Gallegos , célula del Tren de Aragua, donde cuatro de ellos fueron absueltos de los delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y armas, secuestro extorsivo, homicidios consumados, homicidio frustrado a carabinero y trata de personas, entre otros.
El ciudadano venezolano de 33 años fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Colina, el cual acogió la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía, estimando que su libertad constituía un peligro para la seguridad de la sociedad. PUBLICIDAD Ángel Ramón García Hernández, conocido como Barbas, es sindicado como uno de los sujetos que mató a cinco personas en la comuna de Lampa y fue detenido el pasado miércoloes en Perú, país que lo expulsó a Chile para enfrentar a la justicia. El Fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidio (ECOH), Ernesto González, señaló que el imputado “fue formalizado el día de hoy por cinco delitos de homicidios calificados, en grado de desarrollo consumado, y uno de ellos en grado de desarrollo frustrado, además de un delito de porte y tenencia ilegal de arma de fuego”. Prófugo Según información difundida por medios peruanos, García Hernández, trabajaba como barbero, un oficio que utilizaba como fachada mientras permanecía prófugo de la justicia chilena. El jefe de la División de Investigación de Homicidios de Perú, Ricardo Espinoza, detalló que la Interpol había emitido una alerta internacional para su captura, debido al alto grado de peligrosidad del sospechoso. El quíntuple homicidio por el que se acusa a García ocurrió durante una fiesta que derivó en una balacera el pasado 16 de julio. El hecho se produjo en un ‘after party’ en el sector conocido como “La Cabaña”, donde al menos cinco personas perdieron la vida y otras siete resultaron gravemente heridas. Hasta el momento, se ha detenido a seis personas, cuatro de las cuales se encuentran en prisión preventiva. Sin embargo, García Hernández, quien habría huido del país poco después del crimen, era uno de los principales sospechosos que faltaba por capturar.
En un operativo llevado a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI), fueron detenidos tres miembros de la facción del Tren de Aragua en el sector de Playa Ancha, Valparaíso. Los arrestados, de nacionalidad venezolana e indocumentados, formaban parte de una gigantesca red criminal dedicada al tráfico de drogas en la región, operando principalmente en Valparaíso y Viña del Mar. Ante esto, el operativo se enmarca en la llamadaTren del Mar, una investigación que movilizó a más de 400 policías y que, en agosto pasado, resultó en el allanamiento de 69 viviendas y la detención de 34 personas. En aquel entonces, algunos miembros clave lograron evadir la captura, pero finalmente fueron aprehendidos en este último procedimiento. Asimismo, durante el allanamiento, se incautaron 600 gramos de droga, mayoritariamente ketamina, junto con cocaína y marihuana. Además, se decomisaron celulares, dinero en efectivo y balanzas para el pesaje de estupefacientes. Así también, el fiscal de Crimen Organizado de Valparaíso, José Antonio Uribe, declaró que los detenidostenían vínculos jerárquicos con los líderes desbaratados en agosto, y su función principal era el acopio y la comercialización de drogas sintéticas. Los tres sujetos fueron formalizados en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar y quedaron en prisión preventiva bajo cargos de tráfico de drogas. Finalmente, este nuevo golpe al Tren de Aragua sigue los pasos del operativo de agosto, donde se desarticuló gran parte de la banda, la cual incluso había tomado control de un edificio en el centro de Viña del Mar. La captura de estos miembros refuerza la intención de las autoridades de erradicar definitivamente esta organización criminal de la zona.
El pasado lunes, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Iquique suspendió por 45 días al abogado Claudio Cofré Soto, quien renunció como defensor de seis acusados vinculados al Tren de Aragua, a pocos días de iniciar el juicio. La renuncia del profesional provocó un retraso de seis meses en la causa, ya que la Defensoría Penal Pública, designada para asumir el caso, solicitó ese tiempo para su preparación. El juicio, inicialmente previsto para septiembre de 2023, se realizará ahora en marzo de 2025. Cofré Soto representaba a seis de los doce acusados en el juicio contra la primera célula del Tren de Aragua, desarticulada por la PDI y la Fiscalía Regional de Tarapacá. El tribunal, compuesto por los jueces Gabriela Marín, Arturo Fernández y Rodrigo Villar, argumentó que las razones presentadas por Cofré para su renuncia no eran “fundadas ni suficientes”, lo que llevó a su suspensión. En su decisión, el tribunal señaló que la dimisión de Cofré generó un grave impacto en la programación del juicio, considerando que este involucra delitos con penas graves, incluso crímenes que afectan a menores de edad. Además, destacaron que esta no es la primera vez que el abogado es sancionado, ya que semanas antes fue suspendido en Arica por ausentarse durante una audiencia judicial. Finalmente, la suspensión de Cofré Soto será informada a todas las Cortes de Apelaciones del país.
La extradición de Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como “Larry Changa” y cofundador del Tren de Aragua, podría tardar más de un año en concretarse, según especialistas en temas judiciales. Este pronóstico se da casi dos meses después de que la Corte de Apelaciones de La Serena aceptara la solicitud del Ministerio Público para su extradición a Colombia, donde está recluido actualmente en la estación policial de “Estación Los Mártires” en Bogotá. Larry Changa está imputado en Chile por asociación ilícita y dos delitos de secuestro, relacionados con un caso ocurrido en Los Vilos, región de Coquimbo, en septiembre de 2022 y entre septiembre y, octubre de 2023. La Segunda Sala del tribunal chileno determinó que se cumplían los requisitos del tratado de extradición entre Chile y Colombia, y ofició al Ministerio de Relaciones Exteriores para gestionar su traslado. El exfiscal Adrián Vega explicó que, aunque los trámites en Chile están avanzados, la extradición dependerá de si existen procesos judiciales pendientes en Colombia. Estos factores pueden alargar el tiempo de extradición, ya que si Changa enfrenta cargos adicionales en Colombia, su entrega a Chile podría retrasarse. Además, se ha informado que la Corte Suprema de Justicia de Colombia está manejando solicitudes de extradición tanto de Chile como de Venezuela, lo que complica aún más su situación legal. En este contexto, su abogado ha argumentado que ya ha transcurrido el plazo para la orden de captura con fines de extradición, pero la corte desestimó esta solicitud, reafirmando que las solicitudes de ambos países se realizaron dentro del tiempo establecido. Los próximos pasos en el proceso incluirán la verificación de la identidad de Changa, quien fue detenido con una cédula falsa, y la presentación de pruebas por parte de las partes intervinientes, lo que podría llevar varios meses antes de que se tomen decisiones finales sobre su extradición.
El Tribunal Oral en lo Penal de Arica dio a conocer la condena en el juicio contra de los 38 imputados acusados de pertenecer al clan de Los Gallegos , célula del Tren de Aragua, donde cuatro de ellos fueron absueltos de los delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y armas, secuestro extorsivo, homicidios consumados, homicidio frustrado a carabinero y trata de personas, entre otros.
El ciudadano venezolano de 33 años fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Colina, el cual acogió la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía, estimando que su libertad constituía un peligro para la seguridad de la sociedad. PUBLICIDAD Ángel Ramón García Hernández, conocido como Barbas, es sindicado como uno de los sujetos que mató a cinco personas en la comuna de Lampa y fue detenido el pasado miércoloes en Perú, país que lo expulsó a Chile para enfrentar a la justicia. El Fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidio (ECOH), Ernesto González, señaló que el imputado “fue formalizado el día de hoy por cinco delitos de homicidios calificados, en grado de desarrollo consumado, y uno de ellos en grado de desarrollo frustrado, además de un delito de porte y tenencia ilegal de arma de fuego”. Prófugo Según información difundida por medios peruanos, García Hernández, trabajaba como barbero, un oficio que utilizaba como fachada mientras permanecía prófugo de la justicia chilena. El jefe de la División de Investigación de Homicidios de Perú, Ricardo Espinoza, detalló que la Interpol había emitido una alerta internacional para su captura, debido al alto grado de peligrosidad del sospechoso. El quíntuple homicidio por el que se acusa a García ocurrió durante una fiesta que derivó en una balacera el pasado 16 de julio. El hecho se produjo en un ‘after party’ en el sector conocido como “La Cabaña”, donde al menos cinco personas perdieron la vida y otras siete resultaron gravemente heridas. Hasta el momento, se ha detenido a seis personas, cuatro de las cuales se encuentran en prisión preventiva. Sin embargo, García Hernández, quien habría huido del país poco después del crimen, era uno de los principales sospechosos que faltaba por capturar.
En un operativo llevado a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI), fueron detenidos tres miembros de la facción del Tren de Aragua en el sector de Playa Ancha, Valparaíso. Los arrestados, de nacionalidad venezolana e indocumentados, formaban parte de una gigantesca red criminal dedicada al tráfico de drogas en la región, operando principalmente en Valparaíso y Viña del Mar. Ante esto, el operativo se enmarca en la llamadaTren del Mar, una investigación que movilizó a más de 400 policías y que, en agosto pasado, resultó en el allanamiento de 69 viviendas y la detención de 34 personas. En aquel entonces, algunos miembros clave lograron evadir la captura, pero finalmente fueron aprehendidos en este último procedimiento. Asimismo, durante el allanamiento, se incautaron 600 gramos de droga, mayoritariamente ketamina, junto con cocaína y marihuana. Además, se decomisaron celulares, dinero en efectivo y balanzas para el pesaje de estupefacientes. Así también, el fiscal de Crimen Organizado de Valparaíso, José Antonio Uribe, declaró que los detenidostenían vínculos jerárquicos con los líderes desbaratados en agosto, y su función principal era el acopio y la comercialización de drogas sintéticas. Los tres sujetos fueron formalizados en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar y quedaron en prisión preventiva bajo cargos de tráfico de drogas. Finalmente, este nuevo golpe al Tren de Aragua sigue los pasos del operativo de agosto, donde se desarticuló gran parte de la banda, la cual incluso había tomado control de un edificio en el centro de Viña del Mar. La captura de estos miembros refuerza la intención de las autoridades de erradicar definitivamente esta organización criminal de la zona.
El pasado lunes, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Iquique suspendió por 45 días al abogado Claudio Cofré Soto, quien renunció como defensor de seis acusados vinculados al Tren de Aragua, a pocos días de iniciar el juicio. La renuncia del profesional provocó un retraso de seis meses en la causa, ya que la Defensoría Penal Pública, designada para asumir el caso, solicitó ese tiempo para su preparación. El juicio, inicialmente previsto para septiembre de 2023, se realizará ahora en marzo de 2025. Cofré Soto representaba a seis de los doce acusados en el juicio contra la primera célula del Tren de Aragua, desarticulada por la PDI y la Fiscalía Regional de Tarapacá. El tribunal, compuesto por los jueces Gabriela Marín, Arturo Fernández y Rodrigo Villar, argumentó que las razones presentadas por Cofré para su renuncia no eran “fundadas ni suficientes”, lo que llevó a su suspensión. En su decisión, el tribunal señaló que la dimisión de Cofré generó un grave impacto en la programación del juicio, considerando que este involucra delitos con penas graves, incluso crímenes que afectan a menores de edad. Además, destacaron que esta no es la primera vez que el abogado es sancionado, ya que semanas antes fue suspendido en Arica por ausentarse durante una audiencia judicial. Finalmente, la suspensión de Cofré Soto será informada a todas las Cortes de Apelaciones del país.
La extradición de Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como “Larry Changa” y cofundador del Tren de Aragua, podría tardar más de un año en concretarse, según especialistas en temas judiciales. Este pronóstico se da casi dos meses después de que la Corte de Apelaciones de La Serena aceptara la solicitud del Ministerio Público para su extradición a Colombia, donde está recluido actualmente en la estación policial de “Estación Los Mártires” en Bogotá. Larry Changa está imputado en Chile por asociación ilícita y dos delitos de secuestro, relacionados con un caso ocurrido en Los Vilos, región de Coquimbo, en septiembre de 2022 y entre septiembre y, octubre de 2023. La Segunda Sala del tribunal chileno determinó que se cumplían los requisitos del tratado de extradición entre Chile y Colombia, y ofició al Ministerio de Relaciones Exteriores para gestionar su traslado. El exfiscal Adrián Vega explicó que, aunque los trámites en Chile están avanzados, la extradición dependerá de si existen procesos judiciales pendientes en Colombia. Estos factores pueden alargar el tiempo de extradición, ya que si Changa enfrenta cargos adicionales en Colombia, su entrega a Chile podría retrasarse. Además, se ha informado que la Corte Suprema de Justicia de Colombia está manejando solicitudes de extradición tanto de Chile como de Venezuela, lo que complica aún más su situación legal. En este contexto, su abogado ha argumentado que ya ha transcurrido el plazo para la orden de captura con fines de extradición, pero la corte desestimó esta solicitud, reafirmando que las solicitudes de ambos países se realizaron dentro del tiempo establecido. Los próximos pasos en el proceso incluirán la verificación de la identidad de Changa, quien fue detenido con una cédula falsa, y la presentación de pruebas por parte de las partes intervinientes, lo que podría llevar varios meses antes de que se tomen decisiones finales sobre su extradición.