La Seremi de Salud de la Región Metropolitana sancionó nuevamente al Cementerio General de Santiago luego de encontrar 1.400 restos humanos almacenados en bolsas plásticas y 17 tambores sin tapa con restos post cremación. Según un informe técnico de la entidad, el camposanto, que depende de la Municipalidad de Recoleta, “no ha cumplido con los requisitos mínimos de mantención de las condiciones sanitarias”, como reveló el Centro de Investigación Periodística (Ciper). El hallazgo se produjo en octubre de 2024 en el crematorio 3, que en ese momento estaba en reparaciones. De los 1.400 restos encontrados, 600 no estaban rotulados, mientras que los 800 restantes sí contaban con identificación. También se encontraron urnas en desuso. Debido a estas irregularidades, la Seremi de Salud aplicó una multa de 100 UTM, equivalente a 6,8 millones de pesos. Esta sanción se suma a una multa previa de 40 UTM (2,6 millones de pesos) impuesta en abril de 2024, la cual aún no ha sido pagada. La nueva multa coincide con la reciente salida del exdirector del cementerio, Raschid Saud, quien dejó el cargo el 28 de febrero. En su reemplazo asumió la exadministradora municipal de Recoleta, Gianinna Repetti, quien aseguró que ya se están tomando medidas para subsanar las deficiencias detectadas. “Como primera medida por la que optamos como administración fue autorizar una compra directa por emergencia sanitariade un nuevo horno para el cementerio”, afirmó Repetti a Ciper, agregando que la inversión será de aproximadamente 40 millones de pesos. Asimismo,señaló que aún quedan al menos400 restos humanos almacenadosen bolsas,pero que se está avanzandoen su correcta disposición. “Ahora nos encontramos con el proceso licitatoriode reposición de este horno,ya que es una inversión de aproximadamente 40 millones”,explicó. Respecto a las urnas en desuso halladas en el lugar,Repetti aclaró que ya fueron destruidas y que la administración está comprometida en regularizar la situación sanitaria del recinto. Este nuevo episodio agrava la crisis que enfrenta el Cementerio General, una de las necrópolis más grandes del país, que ha sido objeto de reiteradas denuncias por deficiencias en su gestión y mantención. Fuente: Publimetro
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sanción impuesta a Enel Distribución Chile, que deberá pagar una multa de 1.000 UTM, equivalentes a $66.561.000. La sanción fue aplicada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), luego de que la empresa no realizara los descuentos de consumo eléctrico a 843 pacientes electrodependientes entre 2022 y noviembre de 2023. Estos usuarios requieren energía para operar dispositivos médicos esenciales. PUBLICIDAD La Corte rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por Enel, que argumentaba que la sanción era desproporcionada. La empresa admitió el error, pero afirmó que los descuentos fueron aplicados posteriormente y se devolvió el dinero a los pacientes afectados. Sin embargo, el tribunal de alzada respaldó la resolución de la SEC, señalando que la omisión de Enel en la aplicación de los descuentos representaba una “infracción grave” que impactaba no solo a los pacientes individuales, sino también a la confianza en el servicio público de electricidad. El fallo fue emitido por la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por el ministro Fernando Carreño, la ministra Elsa Barrientos y la abogada Claudia Candiani. En su decisión, el tribunal destacó que la sanción impuesta era “ejemplificadora” y necesaria para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente que protege a los pacientes electrodependientes. La SEC había anunciado en septiembre de 2024 que la investigación reveló que, además de no aplicar los descuentos, Enel no entregó los equipos de respaldo necesarios a dos de los pacientes electrodependientes registrados, en clara violación de la Ley de Pacientes Electrodependientes. La normativa exige que las empresas eléctricas otorguen descuentos y garanticen el suministro de energía a estas personas, cuya salud depende de dispositivos eléctricos para su tratamiento. La omisión de Enel tuvo consecuencias trágicas, ya que se informó que tres personas fallecieron durante cortes de luz en agosto de 2024. Aunque la empresa eléctrica alegó que el número de personas afectadas era menor debido al fallecimiento de 176 pacientes previamente registrados, la Corte consideró que la gravedad de la infracción no se reducía con este hecho. Enel manifestó su desacuerdo con la decisión judicial y señaló que evaluará otras acciones legales. Por su parte, la SEC enfatizó que el cumplimiento de la normativa no es opcional y que cualquier falta de diligencia en estos casos tiene repercusiones severas, especialmente cuando está en juego la vida de pacientes vulnerables.
Un duro golpe a los casinos de juego realizó la Fiscalía Nacional Económica (FNE), al presentar un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra Dreams, Enjoy y Marina del Sol, además de cinco altos directivos de dichas empresas, acusándolos de colusión para afectar el resultado de las licitaciones de permisos de operación de casinos a nivel nacional realizadas por la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ) en 2020 y 2021. PUBLICIDAD En el requerimiento, se solicita que se apliquen multas a beneficio fiscal por un total de 171.354 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a US$ 151,9 millones y que, además, se ponga término a los permisos renovados a Dreams, Enjoy y Marina del Sol en los procesos de licitación aludidos. Al respecto, el fiscal nacional económico, Jorge Grunberg indicó que “esta colusión permitió a Dreams, Enjoy y Marina del Sol renovar por 15 años los permisos que tenían para operar casinos de juego en el país, con ofertas económicas que estuvieron muy por debajo de las que hubiera garantizado un proceso competitivo. Por eso pedimos al TDLC que ordene poner término a dichos permisos para que los perjuicios de este cartel no perduren por todos los años que duren las licencias que fueron mal obtenidas por los operadores”. En concreto, la FNE pidió una multa de 126.806 UTA -aproximadamente US$ 112,4 millones- para Dreams, mientras que para Enjoy, asciende a 41.498 UTA -casi US$ 36,8 millones-. Respecto a los directivos requeridos, la FNE pidió el pago de 1.218 UTA -aproximadamente US$ 1 millón- en el caso del gerente general de Dreams, Jaime Wilhelm; 941 UTA para el presidente del directorio de Dreams, Claudio Fischer, cerca de US$ 834 mil; 761 UTA -unos US$ 674 mil- para el gerente de administración y finanzas de Dreams, Claudio Tessada; y, 130 UTA -casi US$ 115 mil- para el presidente del directorio de Enjoy, Henry Comber. En cuanto a Marina del Sol y a sus ejecutivos involucrados, la FNE solicitó al TDLC que los exima de la aplicación de multas, por haber cumplido con las exigencias legales para acceder a los beneficios del programa de delación compensada. En línea con lo anterior, la FNE también pidió al Tribunal que declare la exención de responsabilidad penal por los hechos imputados para los directivos de Marina del Sol cubiertos por dicho programa.
La Seremi de Salud de la Región Metropolitana sancionó nuevamente al Cementerio General de Santiago luego de encontrar 1.400 restos humanos almacenados en bolsas plásticas y 17 tambores sin tapa con restos post cremación. Según un informe técnico de la entidad, el camposanto, que depende de la Municipalidad de Recoleta, “no ha cumplido con los requisitos mínimos de mantención de las condiciones sanitarias”, como reveló el Centro de Investigación Periodística (Ciper). El hallazgo se produjo en octubre de 2024 en el crematorio 3, que en ese momento estaba en reparaciones. De los 1.400 restos encontrados, 600 no estaban rotulados, mientras que los 800 restantes sí contaban con identificación. También se encontraron urnas en desuso. Debido a estas irregularidades, la Seremi de Salud aplicó una multa de 100 UTM, equivalente a 6,8 millones de pesos. Esta sanción se suma a una multa previa de 40 UTM (2,6 millones de pesos) impuesta en abril de 2024, la cual aún no ha sido pagada. La nueva multa coincide con la reciente salida del exdirector del cementerio, Raschid Saud, quien dejó el cargo el 28 de febrero. En su reemplazo asumió la exadministradora municipal de Recoleta, Gianinna Repetti, quien aseguró que ya se están tomando medidas para subsanar las deficiencias detectadas. “Como primera medida por la que optamos como administración fue autorizar una compra directa por emergencia sanitariade un nuevo horno para el cementerio”, afirmó Repetti a Ciper, agregando que la inversión será de aproximadamente 40 millones de pesos. Asimismo,señaló que aún quedan al menos400 restos humanos almacenadosen bolsas,pero que se está avanzandoen su correcta disposición. “Ahora nos encontramos con el proceso licitatoriode reposición de este horno,ya que es una inversión de aproximadamente 40 millones”,explicó. Respecto a las urnas en desuso halladas en el lugar,Repetti aclaró que ya fueron destruidas y que la administración está comprometida en regularizar la situación sanitaria del recinto. Este nuevo episodio agrava la crisis que enfrenta el Cementerio General, una de las necrópolis más grandes del país, que ha sido objeto de reiteradas denuncias por deficiencias en su gestión y mantención. Fuente: Publimetro
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sanción impuesta a Enel Distribución Chile, que deberá pagar una multa de 1.000 UTM, equivalentes a $66.561.000. La sanción fue aplicada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), luego de que la empresa no realizara los descuentos de consumo eléctrico a 843 pacientes electrodependientes entre 2022 y noviembre de 2023. Estos usuarios requieren energía para operar dispositivos médicos esenciales. PUBLICIDAD La Corte rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por Enel, que argumentaba que la sanción era desproporcionada. La empresa admitió el error, pero afirmó que los descuentos fueron aplicados posteriormente y se devolvió el dinero a los pacientes afectados. Sin embargo, el tribunal de alzada respaldó la resolución de la SEC, señalando que la omisión de Enel en la aplicación de los descuentos representaba una “infracción grave” que impactaba no solo a los pacientes individuales, sino también a la confianza en el servicio público de electricidad. El fallo fue emitido por la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por el ministro Fernando Carreño, la ministra Elsa Barrientos y la abogada Claudia Candiani. En su decisión, el tribunal destacó que la sanción impuesta era “ejemplificadora” y necesaria para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente que protege a los pacientes electrodependientes. La SEC había anunciado en septiembre de 2024 que la investigación reveló que, además de no aplicar los descuentos, Enel no entregó los equipos de respaldo necesarios a dos de los pacientes electrodependientes registrados, en clara violación de la Ley de Pacientes Electrodependientes. La normativa exige que las empresas eléctricas otorguen descuentos y garanticen el suministro de energía a estas personas, cuya salud depende de dispositivos eléctricos para su tratamiento. La omisión de Enel tuvo consecuencias trágicas, ya que se informó que tres personas fallecieron durante cortes de luz en agosto de 2024. Aunque la empresa eléctrica alegó que el número de personas afectadas era menor debido al fallecimiento de 176 pacientes previamente registrados, la Corte consideró que la gravedad de la infracción no se reducía con este hecho. Enel manifestó su desacuerdo con la decisión judicial y señaló que evaluará otras acciones legales. Por su parte, la SEC enfatizó que el cumplimiento de la normativa no es opcional y que cualquier falta de diligencia en estos casos tiene repercusiones severas, especialmente cuando está en juego la vida de pacientes vulnerables.
Un duro golpe a los casinos de juego realizó la Fiscalía Nacional Económica (FNE), al presentar un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra Dreams, Enjoy y Marina del Sol, además de cinco altos directivos de dichas empresas, acusándolos de colusión para afectar el resultado de las licitaciones de permisos de operación de casinos a nivel nacional realizadas por la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ) en 2020 y 2021. PUBLICIDAD En el requerimiento, se solicita que se apliquen multas a beneficio fiscal por un total de 171.354 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a US$ 151,9 millones y que, además, se ponga término a los permisos renovados a Dreams, Enjoy y Marina del Sol en los procesos de licitación aludidos. Al respecto, el fiscal nacional económico, Jorge Grunberg indicó que “esta colusión permitió a Dreams, Enjoy y Marina del Sol renovar por 15 años los permisos que tenían para operar casinos de juego en el país, con ofertas económicas que estuvieron muy por debajo de las que hubiera garantizado un proceso competitivo. Por eso pedimos al TDLC que ordene poner término a dichos permisos para que los perjuicios de este cartel no perduren por todos los años que duren las licencias que fueron mal obtenidas por los operadores”. En concreto, la FNE pidió una multa de 126.806 UTA -aproximadamente US$ 112,4 millones- para Dreams, mientras que para Enjoy, asciende a 41.498 UTA -casi US$ 36,8 millones-. Respecto a los directivos requeridos, la FNE pidió el pago de 1.218 UTA -aproximadamente US$ 1 millón- en el caso del gerente general de Dreams, Jaime Wilhelm; 941 UTA para el presidente del directorio de Dreams, Claudio Fischer, cerca de US$ 834 mil; 761 UTA -unos US$ 674 mil- para el gerente de administración y finanzas de Dreams, Claudio Tessada; y, 130 UTA -casi US$ 115 mil- para el presidente del directorio de Enjoy, Henry Comber. En cuanto a Marina del Sol y a sus ejecutivos involucrados, la FNE solicitó al TDLC que los exima de la aplicación de multas, por haber cumplido con las exigencias legales para acceder a los beneficios del programa de delación compensada. En línea con lo anterior, la FNE también pidió al Tribunal que declare la exención de responsabilidad penal por los hechos imputados para los directivos de Marina del Sol cubiertos por dicho programa.
