La diputada Marlene Pérez criticó duramente al ministro de Energía, Diego Pardow, luego de que se confirmara un nuevo aumento en las tarifas eléctricas programado para julio. La parlamentaria calificó la situación como “ inaceptable ” y pidió que el Presidente Gabriel Boric evalúe la permanencia del ministro en el cargo. Pérez recordó que en enero de este año, Pardow aseguró que la última alza en la electricidad sería en ese mes y que no se registrarían nuevos incrementos hasta 2028. Sin embargo, la reciente información sobre un nuevo ajuste tarifario ha generado molestia en la diputada, quien acusó al ministro de entregar información contradictoria. El ministro Pardow ha mentido una y otra vez. Primero, en el proyecto de estabilización; luego, con el aumento que supuestamente no sería tan significativo; después, asegurando que la última alza sería en enero. Ahora nos encontramos con que en julio habrá un nuevo aumento ¿A quién le creemos?, cuestionó Pérez. La legisladora también alertó sobre el impacto que esta nueva alza tendrá en los hogares del país, recordando que el costo de la electricidad ya ha subido un 55% en promedio. Según señaló, con el aumento del consumo en los meses de invierno, las familias chilenas sentirán aún más las consecuencias de estos ajustes. No solo ha engañado a la ciudadanía, sino también al Parlamento. Es insostenible que un ministro de Estado entregue información impresa una y otra vez. Por eso, le pido al Presidente que evalúe si mantiene en su cargo a un ministro que tiene cero credibilidad y ya no es un interlocutor válido en el congreso, sentenció Pérez. Fuente: Publimetro
En la reciente sesión de la Comisión de Energía y Minería del Senado, quedó en evidencia un nuevo escándalo que sacude al Ministerio de Energía. La diputada Marlene Pérez decidió oficiar al ministro Diego Pardow, exigiendo que aclare cuáles han sido las gestiones concretas del Gobierno para mitigar el alza en las cuentas de la luz y qué medidas efectivas se están implementando para evitar que millones de familias enfrenten un incremento desproporcionado en sus tarifas eléctricas. La decisión de la parlamentaria surge tras la revelación de que, a pesar de los anuncios oficiales sobre supuestas negociaciones con las generadoras, en la práctica solo se sostuvieron reuniones con dos empresas, de las cuales una ni siquiera tiene contratos vigentes para 2025. Esto contradice el discurso gubernamental y deja en evidencia la falta de acciones reales para evitar un alza tarifaria que impactará a millones de hogares. Esto ya no es solo incompetencia, sino derechamente una mentira a la ciudadanía. Nos dijeron que estaban trabajando para aliviar el golpe en los bolsillos de las familias, pero la verdad es que no han hecho nada. No se juega con el bolsillo de los chilenos, criticó la legisladora. El director de la Fundación Energía para Todos, Javier Piedra Fierro, expuso que la Comisión Nacional de Energía (CNE) solo se reunió con Enel y AES Andes en 2023, dejando fuera a ENGIE y Generadora Metropolitana, las dos empresas con los contratos más importantes para la fijación de tarifas. Nos vendieron humo y ahora quieren que la gente pague la cuenta, enfatizó la diputada. Ante los antecedentes recopilados por la congresista, se ha oficiado al ministro Pardow para que explique de manera clara y detallada las gestiones reales del Gobierno frente a esta crisis energética, así como las medidas concretas que se implementarán para evitar el inminente aumento de las tarifas eléctricas, que afectará a millones de hogares. El Gobierno debe asumir su responsabilidad y ofrecer respuestas claras y serias. Ya basta de titulares vacíos y promesas sin sustancia; los chilenos que luchan por llegar a fin d emes no pueden seguir soportando este nivel d eabuso , concluyó l adiputada por el 20° Distrito Región del Biobío. Fuente: Publimetro
La decisión del Gobierno de trasladar 285 reos de mediana y alta peligrosidad desde Santiago hasta el Complejo Penitenciario Biobío ha generado un fuerte rechazo por parte de las diputadas Marlene Pérez (independiente UDI) y Karen Medina (independiente), quienes acusan falta de planificación y total desprecio por la seguridad de la Región. La medida, impulsada en medio de la crisis carcelaria que enfrenta el país, ha encendido las alarmas tanto entre parlamentarios como en la Asociación de Funcionarios Penitenciarios, quienes advierten que el aumento de reclusos no ha sido acompañado por un refuerzo en la dotación de gendarmes. Para la diputada Marlene Pérez, esta decisión del Ejecutivo es una irresponsabilidad que pone en riesgo la seguridad de internos y funcionarios. “Esto es un error grave que puede tener consecuencias muy serias. No podemos permitir que reos de alta peligrosidad sean trasladados al Centro Penitenciario El Manzano, generando un problema mayor en la seguridad del recinto. La autoridad encargada no entiende que Biobío no es el ‘patio trasero’ de la Región Metropolitana, donde se pueden imponer decisiones arbitrarias sin considerar el impacto local. Sabemos que la crisis carcelaria es un problema país, pero el ministro de Justicia debe buscar soluciones reales y responsables, en lugar de tratar a los internos como encomiendas que pueden despacharse de un lugar a otro”, sostuvo. En la misma línea, la congresista Karen Medina advirtió que esta medida pone en jaque la estabilidad del sistema penitenciario regional y representa una amenaza latente de conflictividad dentro del penal. “ Aquí hay un grave error. No podemos recibir reos de otras regiones cuando la cárcel El Manzano ya opera en condiciones críticas. Esto no solo compromete la seguridad del recinto, sino que también expone a los internos actuales a mayores conflictos. Además, es inaceptable que se tomen estas decisiones sin coordinación con las autoridades locales. Biobío no puede convertirse en un depósito de reos de mediana y alta peligrosidad sin consulta previa”, enfatizó. Las legisladoras también advirtieron que la sobrecarga en los penales no solo genera problemas de convivencia entre los internos, sino que además agrava las condiciones laborales de los funcionarios penitenciarios. “No olvidemos que hace meses se encontró a un interno degollado en su celda. Si el Gobierno insiste en esta medida, se expone a generar un colapso y posibles motines. No permitiremos que esto ocurra. El Gobierno debe actuar con responsabilidad y frenar este traslado. Si persisten en esta medida arbitraria, seré la primera en exigir la salida de las autoridades responsables por su tozudez y falta de criterio”, concluyó Medina. A pesar de las críticas, el Ministerio de Justicia ha defendido la medida como parte de un plan de redistribución carcelaria, argumentando que la cárcel de El Manzano está siendo ampliada para recibir a estos internos. Sin embargo, las parlamentarias insisten en que esto no es suficiente y que se requiere un enfoque integral que garantice la seguridad y estabilidad del sistema penitenciario. Fuente: Publimetro
La diputada por la Región del Biobío, Marlene Pérez (Ind. UDI), quien preside la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de la Cámara Baja, acusó al Gobierno de “olvidarse” de los adultos mayores al mantener detenido el proyecto de envejecimiento positivo desde agosto del año pasado. La parlamentaria enfatizó que esta demora es preocupante, especialmente considerando las crecientes necesidades de la población mayor en el país. “El envejecimiento positivo no puede seguir siendo un tema postergado. Este proyecto no es solo una declaración de intenciones, sino una necesidad real para garantizar la autonomía y dignidad de nuestros adultos mayores”, afirmó Pérez. La iniciativa, presentada en 2020 durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, busca establecer una ley integral que proteja los derechos de las personas mayores y fomente un envejecimiento digno y activo. Según cifras del INE, se proyecta que en 2050 una de cada tres personas en Chile será mayor. Pese a que el Senado aprobó el proyecto en enero de 2023 y la Comisión de Personas Mayores de la Cámara Baja lo respaldó en agosto, la propuesta permanece estancada en la Comisión de Hacienda. “A mí me parece lamentable que un proyecto tan importante como es el envejecimiento positivo, que discutimos en la Comisión de Personas Mayores y también en el Senado con mucha seriedad y compromiso, esté detenido. Le quitaron la suma urgencia una vez que llegó a la Comisión de Hacienda, y ya lleva seis meses estancado sin que el Gobierno lo priorice. Me parece inaceptable ”, criticó la diputada Pérez. La legisladora recordó que esta es una responsabilidad asumida por el Ministerio de Desarrollo Social y el Gobierno, y subrayó la importancia de cumplir con los compromisos adquiridos. “Este proyecto otorga beneficios reales a las personas mayores de nuestro país. Espero que lo retomen en la Cámara y le coloquen suma urgencia. Además, sería impresentable que lo usaran como una estrategia política antes d e las elecciones”, advirtió. La presidenta de la Comisión de Desarrollo Social emplazó al Ejecutivo y al Ministerio de Desarrollo Social a reactivar la tramitación del proyecto a partir de marzo, con el objetivo de que sea aprobado durante e l primer trimestre d e este año. El proy ect o, además d e promover u n e n ve j ec i m ie nt o posi t i vo, propone mejoras al Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), permitiendo denunciar vulneraciones d e derechos y reforzar su institucionalidad. “Si e l G obie rno realmente está c omprometido c on los adultos may ores, d eb e n demostrarlo, retomando l a tramitación d e este importante p royecto en marzo” , concluy ó Pé rez. PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDAD Fuente: Publimetro
La parlamentaria y presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Marlene Pérez alzó la voz sobre los 1.838 casos de niños y niñas bajo protección estatal que esperan atenciones médicas esenciales. La diputada reiteró su compromiso con la niñez vulnerable y llamó a implementar mecanismos de exigibilidad y sanciones efectivas para garantizar el cumplimiento de los derechos de los menores. En este contexto, la legisladora ofició a los ministerios de Salud y Desarrollo Social por estas cifras, señalando quees inaceptable que los niños bajo protección estatal deban esperar meses o incluso años por atenciones críticas. Esto no es solo un problema de gestión; es una crisis de derechos humanos que debemos enfrentar con seriedad. Entre julio y octubre del año pasado, los casos de niños en listas de espera aumentaron de 1.661 a 1.838, según una investigación. En promedio, los menores han esperado 248 días por consultas médicas y 277 días por cirugías. La diputada criticó duramente la falta de respuestas claras de instituciones como el Ministerio de Salud, Sename y Mejor Niñez. En ese contexto, la representante del Biobío enfatizó que la Ley de Garantías de la Niñez requiere modificaciones urgentes. Propuso establecer mecanismos de exigibilidad y sanciones similares a los de la Ley de Transparencia. Hoy vulnerar los derechos de los niños sale gratis. Desde el Congreso, debemos impulsar cambios para que las instituciones cumplan su deber, porque la niñez no puede seguir siendo postergada, indicó. Asimismo, la legisladora también recordó su reciente llamado al gobierno sobre los menores fallecidos en contextos de violencia y crimen organizado.Hemos normalizado el abandono de la infancia, y eso no lo podemos permitir. Desde la salud hasta la seguridad, todos los dispositivos estatales están fallando. Si no cambiamos, la niñez seguirá siendo víctima de un sistema ineficiente, afirmó. Pérez reafirmó su compromiso de perseverar en la defensa de la infancia: “Sé que cuesta mantener este tema en la agenda, pero no descansaré hasta que el Estado cumpla su rol de proteger y garantizar los derechos de nuestros niños y niñas”. Fuente: Publimetro
La diputada Marlene Pérez criticó duramente al ministro de Energía, Diego Pardow, luego de que se confirmara un nuevo aumento en las tarifas eléctricas programado para julio. La parlamentaria calificó la situación como “ inaceptable ” y pidió que el Presidente Gabriel Boric evalúe la permanencia del ministro en el cargo. Pérez recordó que en enero de este año, Pardow aseguró que la última alza en la electricidad sería en ese mes y que no se registrarían nuevos incrementos hasta 2028. Sin embargo, la reciente información sobre un nuevo ajuste tarifario ha generado molestia en la diputada, quien acusó al ministro de entregar información contradictoria. El ministro Pardow ha mentido una y otra vez. Primero, en el proyecto de estabilización; luego, con el aumento que supuestamente no sería tan significativo; después, asegurando que la última alza sería en enero. Ahora nos encontramos con que en julio habrá un nuevo aumento ¿A quién le creemos?, cuestionó Pérez. La legisladora también alertó sobre el impacto que esta nueva alza tendrá en los hogares del país, recordando que el costo de la electricidad ya ha subido un 55% en promedio. Según señaló, con el aumento del consumo en los meses de invierno, las familias chilenas sentirán aún más las consecuencias de estos ajustes. No solo ha engañado a la ciudadanía, sino también al Parlamento. Es insostenible que un ministro de Estado entregue información impresa una y otra vez. Por eso, le pido al Presidente que evalúe si mantiene en su cargo a un ministro que tiene cero credibilidad y ya no es un interlocutor válido en el congreso, sentenció Pérez. Fuente: Publimetro
En la reciente sesión de la Comisión de Energía y Minería del Senado, quedó en evidencia un nuevo escándalo que sacude al Ministerio de Energía. La diputada Marlene Pérez decidió oficiar al ministro Diego Pardow, exigiendo que aclare cuáles han sido las gestiones concretas del Gobierno para mitigar el alza en las cuentas de la luz y qué medidas efectivas se están implementando para evitar que millones de familias enfrenten un incremento desproporcionado en sus tarifas eléctricas. La decisión de la parlamentaria surge tras la revelación de que, a pesar de los anuncios oficiales sobre supuestas negociaciones con las generadoras, en la práctica solo se sostuvieron reuniones con dos empresas, de las cuales una ni siquiera tiene contratos vigentes para 2025. Esto contradice el discurso gubernamental y deja en evidencia la falta de acciones reales para evitar un alza tarifaria que impactará a millones de hogares. Esto ya no es solo incompetencia, sino derechamente una mentira a la ciudadanía. Nos dijeron que estaban trabajando para aliviar el golpe en los bolsillos de las familias, pero la verdad es que no han hecho nada. No se juega con el bolsillo de los chilenos, criticó la legisladora. El director de la Fundación Energía para Todos, Javier Piedra Fierro, expuso que la Comisión Nacional de Energía (CNE) solo se reunió con Enel y AES Andes en 2023, dejando fuera a ENGIE y Generadora Metropolitana, las dos empresas con los contratos más importantes para la fijación de tarifas. Nos vendieron humo y ahora quieren que la gente pague la cuenta, enfatizó la diputada. Ante los antecedentes recopilados por la congresista, se ha oficiado al ministro Pardow para que explique de manera clara y detallada las gestiones reales del Gobierno frente a esta crisis energética, así como las medidas concretas que se implementarán para evitar el inminente aumento de las tarifas eléctricas, que afectará a millones de hogares. El Gobierno debe asumir su responsabilidad y ofrecer respuestas claras y serias. Ya basta de titulares vacíos y promesas sin sustancia; los chilenos que luchan por llegar a fin d emes no pueden seguir soportando este nivel d eabuso , concluyó l adiputada por el 20° Distrito Región del Biobío. Fuente: Publimetro
La decisión del Gobierno de trasladar 285 reos de mediana y alta peligrosidad desde Santiago hasta el Complejo Penitenciario Biobío ha generado un fuerte rechazo por parte de las diputadas Marlene Pérez (independiente UDI) y Karen Medina (independiente), quienes acusan falta de planificación y total desprecio por la seguridad de la Región. La medida, impulsada en medio de la crisis carcelaria que enfrenta el país, ha encendido las alarmas tanto entre parlamentarios como en la Asociación de Funcionarios Penitenciarios, quienes advierten que el aumento de reclusos no ha sido acompañado por un refuerzo en la dotación de gendarmes. Para la diputada Marlene Pérez, esta decisión del Ejecutivo es una irresponsabilidad que pone en riesgo la seguridad de internos y funcionarios. “Esto es un error grave que puede tener consecuencias muy serias. No podemos permitir que reos de alta peligrosidad sean trasladados al Centro Penitenciario El Manzano, generando un problema mayor en la seguridad del recinto. La autoridad encargada no entiende que Biobío no es el ‘patio trasero’ de la Región Metropolitana, donde se pueden imponer decisiones arbitrarias sin considerar el impacto local. Sabemos que la crisis carcelaria es un problema país, pero el ministro de Justicia debe buscar soluciones reales y responsables, en lugar de tratar a los internos como encomiendas que pueden despacharse de un lugar a otro”, sostuvo. En la misma línea, la congresista Karen Medina advirtió que esta medida pone en jaque la estabilidad del sistema penitenciario regional y representa una amenaza latente de conflictividad dentro del penal. “ Aquí hay un grave error. No podemos recibir reos de otras regiones cuando la cárcel El Manzano ya opera en condiciones críticas. Esto no solo compromete la seguridad del recinto, sino que también expone a los internos actuales a mayores conflictos. Además, es inaceptable que se tomen estas decisiones sin coordinación con las autoridades locales. Biobío no puede convertirse en un depósito de reos de mediana y alta peligrosidad sin consulta previa”, enfatizó. Las legisladoras también advirtieron que la sobrecarga en los penales no solo genera problemas de convivencia entre los internos, sino que además agrava las condiciones laborales de los funcionarios penitenciarios. “No olvidemos que hace meses se encontró a un interno degollado en su celda. Si el Gobierno insiste en esta medida, se expone a generar un colapso y posibles motines. No permitiremos que esto ocurra. El Gobierno debe actuar con responsabilidad y frenar este traslado. Si persisten en esta medida arbitraria, seré la primera en exigir la salida de las autoridades responsables por su tozudez y falta de criterio”, concluyó Medina. A pesar de las críticas, el Ministerio de Justicia ha defendido la medida como parte de un plan de redistribución carcelaria, argumentando que la cárcel de El Manzano está siendo ampliada para recibir a estos internos. Sin embargo, las parlamentarias insisten en que esto no es suficiente y que se requiere un enfoque integral que garantice la seguridad y estabilidad del sistema penitenciario. Fuente: Publimetro
La diputada por la Región del Biobío, Marlene Pérez (Ind. UDI), quien preside la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de la Cámara Baja, acusó al Gobierno de “olvidarse” de los adultos mayores al mantener detenido el proyecto de envejecimiento positivo desde agosto del año pasado. La parlamentaria enfatizó que esta demora es preocupante, especialmente considerando las crecientes necesidades de la población mayor en el país. “El envejecimiento positivo no puede seguir siendo un tema postergado. Este proyecto no es solo una declaración de intenciones, sino una necesidad real para garantizar la autonomía y dignidad de nuestros adultos mayores”, afirmó Pérez. La iniciativa, presentada en 2020 durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, busca establecer una ley integral que proteja los derechos de las personas mayores y fomente un envejecimiento digno y activo. Según cifras del INE, se proyecta que en 2050 una de cada tres personas en Chile será mayor. Pese a que el Senado aprobó el proyecto en enero de 2023 y la Comisión de Personas Mayores de la Cámara Baja lo respaldó en agosto, la propuesta permanece estancada en la Comisión de Hacienda. “A mí me parece lamentable que un proyecto tan importante como es el envejecimiento positivo, que discutimos en la Comisión de Personas Mayores y también en el Senado con mucha seriedad y compromiso, esté detenido. Le quitaron la suma urgencia una vez que llegó a la Comisión de Hacienda, y ya lleva seis meses estancado sin que el Gobierno lo priorice. Me parece inaceptable ”, criticó la diputada Pérez. La legisladora recordó que esta es una responsabilidad asumida por el Ministerio de Desarrollo Social y el Gobierno, y subrayó la importancia de cumplir con los compromisos adquiridos. “Este proyecto otorga beneficios reales a las personas mayores de nuestro país. Espero que lo retomen en la Cámara y le coloquen suma urgencia. Además, sería impresentable que lo usaran como una estrategia política antes d e las elecciones”, advirtió. La presidenta de la Comisión de Desarrollo Social emplazó al Ejecutivo y al Ministerio de Desarrollo Social a reactivar la tramitación del proyecto a partir de marzo, con el objetivo de que sea aprobado durante e l primer trimestre d e este año. El proy ect o, además d e promover u n e n ve j ec i m ie nt o posi t i vo, propone mejoras al Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), permitiendo denunciar vulneraciones d e derechos y reforzar su institucionalidad. “Si e l G obie rno realmente está c omprometido c on los adultos may ores, d eb e n demostrarlo, retomando l a tramitación d e este importante p royecto en marzo” , concluy ó Pé rez. PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDAD Fuente: Publimetro
La parlamentaria y presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Marlene Pérez alzó la voz sobre los 1.838 casos de niños y niñas bajo protección estatal que esperan atenciones médicas esenciales. La diputada reiteró su compromiso con la niñez vulnerable y llamó a implementar mecanismos de exigibilidad y sanciones efectivas para garantizar el cumplimiento de los derechos de los menores. En este contexto, la legisladora ofició a los ministerios de Salud y Desarrollo Social por estas cifras, señalando quees inaceptable que los niños bajo protección estatal deban esperar meses o incluso años por atenciones críticas. Esto no es solo un problema de gestión; es una crisis de derechos humanos que debemos enfrentar con seriedad. Entre julio y octubre del año pasado, los casos de niños en listas de espera aumentaron de 1.661 a 1.838, según una investigación. En promedio, los menores han esperado 248 días por consultas médicas y 277 días por cirugías. La diputada criticó duramente la falta de respuestas claras de instituciones como el Ministerio de Salud, Sename y Mejor Niñez. En ese contexto, la representante del Biobío enfatizó que la Ley de Garantías de la Niñez requiere modificaciones urgentes. Propuso establecer mecanismos de exigibilidad y sanciones similares a los de la Ley de Transparencia. Hoy vulnerar los derechos de los niños sale gratis. Desde el Congreso, debemos impulsar cambios para que las instituciones cumplan su deber, porque la niñez no puede seguir siendo postergada, indicó. Asimismo, la legisladora también recordó su reciente llamado al gobierno sobre los menores fallecidos en contextos de violencia y crimen organizado.Hemos normalizado el abandono de la infancia, y eso no lo podemos permitir. Desde la salud hasta la seguridad, todos los dispositivos estatales están fallando. Si no cambiamos, la niñez seguirá siendo víctima de un sistema ineficiente, afirmó. Pérez reafirmó su compromiso de perseverar en la defensa de la infancia: “Sé que cuesta mantener este tema en la agenda, pero no descansaré hasta que el Estado cumpla su rol de proteger y garantizar los derechos de nuestros niños y niñas”. Fuente: Publimetro
