Este miércoles, el Congresó aprobó una prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia en la Macrozona Sur, que se encuentra vigente desde el 16 de mayo de 2022. Con la nueva extensión de 30 días, las regiones de Biobío y La Araucanía cumplirán tres años bajo la medida extraordinaria que limita la libertad de locomoción y reunión, y que además otorga facultades a las Fuerzas Armadas para mantener el orden público. Pese a que la solicitud del Ejecutivo fue aprobada por mayoría en ambas Cámaras, un grupo de diputados de oposición, entre ellos, el jefe de la bancada de Renovación Nacional, Miguel Mellado, cuestionaron la eficacia de la medida debido a los últimos ataques en la región del Biobío. Ante los emplazamientos de los parlamentarios, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, destacó la acción judicial presentado contra los responsables del ataque a la central y realizó un llamado a los congresistas. Cuando el gobierno anunció la primera querella por Ley Antiterrorista, lo hizo bajo la convicción que no es solo un acto de terrorismo, sino que quienes ejecutaron esos actos son una asociación terrorista. Y a mí me parece que eso es lo que está en juego también en esta renovación del estado de excepción. Porque cuando ocurren hechos como estos no es que el gobierno fracase ni las instituciones policiales fracasen. Está desafiado el Estado en su totalidad, sostuvo Cordero. Con esta nueva prórroga, se aleja aún más la idea manifestada por Carolina Tohá en diciembre 2024 sobre desescalar el régimen bajo ciertos lineamientos. En medio del debate en la Cámara Baja, el Ejecutivo presentó un informe con los resultados obtenidos hasta ahora. Se detalló que hasta el 6 abril 2025 ha habido una disminución del 53% en los hechos violentos rurales en comparación con el mismo periodo del año pasado. Además, respecto al año 2021 se registra una baja del 77%, siendo esta cifra considerada como la menor cantidad de eventos violentos ocurridos durante los últimos nueve años. Fuente: La Tercera Nacional
La mañana del domingo, a solo horas del ataque incendiario al proyecto de la hidroeléctrica Rucalhue en Quilaco, Región del Biobío, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, anunció que por primera vez desde que se reformó la Ley Antiterrorista, el gobierno invocaría la normativa ante el mayor atentado de este tipo registrado en la Macrozona Sur. Pero más allá del anuncio de Cordero, la acción judicial emprendida por el nuevo ministerio tiene como protagonista clave a quien también, recientemente, asumió las funciones de jefe jurídico en la estrenada cartera: José Tomás Humud Respaldiza (35). Humud, quien es abogado de la Universidad Católica desde 2016, es el encargado -junto a su equipo- de redactar la primera querella del Ejecutivo en materia antiterrorista, una labor a la que -según fuentes de La Tercera - el profesional estaría especialmente abocado los últimos días. Si bien aquello fue anunciado el domingo, hasta ahora la presentación no se ha materializado ante el Juzgado de Letras y Garantía de Santa Bárbara. Esto, aseguran fuentes de gobierno, precisamente por el minucioso trabajo que está desarrollando el profesional. Y es que al tratarse de la primera querella del gobierno que invoca la nueva normativa, y dado que han pasado años desde que no se presentan acciones judiciales bajo esa legislación, Humud está desarrollando un estudio acabado para redactar de la manera más precisa el texto, considerando -además- las nuevas figuras penales que se deben y exigen probar. El “hombre de Tohá” Solo un día antes de que el Ministerio de Seguridad Pública comenzara a operar, el 1 de abril, a Humud se le comunicó que asumiría la jefatura jurídica de la nueva cartera encabezada por Cordero. Hasta entonces el abogado especialista en Derecho Penal se desempeñaba como funcionario del Ministerio del Interior, cartera a la que arribó en noviembre del 2022. En el ministerio que era encabezado por la ahora exministra Carolina Tohá, y a quien el abogado de 35 años es cercano, se dedicaba inicialmente -según información de Transparencia- a ser “asesor del gabinete de la ministra”, para posteriormente convertirse en un asesor que apoyaba y coordinaba la actividad legislativa del ministerio. En ese rol, según la misma información pública, el profesional tenía un rol importante al desarrollar labores “a solicitud de la ministra”, como seguir los proyectos, elaborar informes de las tramitaciones y apoyar la relación legislativa del Congreso con el gobierno. En ese rol, el abogado, quien también es magíster en Derecho Penal con doble titulación de la Universidad de Talca y la Universidad Pompeu Fabra, tuvo varios pasos por el Congreso, compareciendo en comisiones en la tramitación de diferentes leyes, como los proyectos del registro de prófugos o de la Ley de Violencia Digital, también tramitada con el Ministerio de la Mujer. El penalista El primer acercamiento de José Tomás Humud, hijo de los empresarios Miguel Humud y Ana María Respaldiza y hermano de otro abogado, con el Derecho fue durante su escolaridad en el Colegio Cumbres. El 2007, mientras cursaba cuarto medio, el ahora jefe jurídico de Seguridad tomó el curso “Introducción al Derecho”, además de un taller de periodismo. En su etapa escolar tuvo un sobresaliente rendimiento académico. Los resultados lo llevaron a estudiar Derecho en la UC, donde además fue ayudante en el ramo de Derecho Penal, al menos durante los últimos tres años de la carrera. En la misma casa de estudios y en la Universidad de Talca también ha tenido labores docentes. Si bien quienes conocen al profesional lo definen como un hombre cercano al mundo del progresismo, destacan que no es cercano al Frente Amplio y que se distancia de los primeros asesores jurídicos que arribaron a Interior mientras estuvo encabezado por la exministra Izkia Siches. Tras jurar el 2016 ante la Corte Suprema, Humud comenzó su carrera profesional. Integró el estudio del abogado Juan Domingo Acosta, Acosta & Cía., donde tramitó -principalmente- causas penales relacionadas a delitos económicos. El paso por la clínica jurídica UC “Hola, soy José Tomás Humud, trabajo en el área Niñez de la Clínica Jurídica de la Universidad Católica desde que empezó el año 2018 y espero poder seguir trabajando acá mucho tiempo. Para mí este trabajo ha significado muchas cosas”. Con estas palabras, el 7 de marzo del 2022, ocho meses antes de arribar a Interior, el ahora funcionario de Seguridad se presentó en un video del organismo de la UC, donde desarrolló gran parte de su carrera como abogado, específicamente en el área penal. En esa repartición universitaria el profesional trabajó junto a la también abogada María Elena Santibáñez, con quien llevó ante la justicia una serie de causas, especialmente sobre derechos de niñas, niños y adolescentes. Ese trabajo, según él mismo destacó, demandó un “desafío intelectual”, ya que significó “estudiar las causas, ser creativos, justamente para llegar a esa solución adecuada a ese niño o niña”. Fuente: La Tercera Nacional
Este miércoles, el Congresó aprobó una prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia en la Macrozona Sur, que se encuentra vigente desde el 16 de mayo de 2022. Con la nueva extensión de 30 días, las regiones de Biobío y La Araucanía cumplirán tres años bajo la medida extraordinaria que limita la libertad de locomoción y reunión, y que además otorga facultades a las Fuerzas Armadas para mantener el orden público. Pese a que la solicitud del Ejecutivo fue aprobada por mayoría en ambas Cámaras, un grupo de diputados de oposición, entre ellos, el jefe de la bancada de Renovación Nacional, Miguel Mellado, cuestionaron la eficacia de la medida debido a los últimos ataques en la región del Biobío. Ante los emplazamientos de los parlamentarios, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, destacó la acción judicial presentado contra los responsables del ataque a la central y realizó un llamado a los congresistas. Cuando el gobierno anunció la primera querella por Ley Antiterrorista, lo hizo bajo la convicción que no es solo un acto de terrorismo, sino que quienes ejecutaron esos actos son una asociación terrorista. Y a mí me parece que eso es lo que está en juego también en esta renovación del estado de excepción. Porque cuando ocurren hechos como estos no es que el gobierno fracase ni las instituciones policiales fracasen. Está desafiado el Estado en su totalidad, sostuvo Cordero. Con esta nueva prórroga, se aleja aún más la idea manifestada por Carolina Tohá en diciembre 2024 sobre desescalar el régimen bajo ciertos lineamientos. En medio del debate en la Cámara Baja, el Ejecutivo presentó un informe con los resultados obtenidos hasta ahora. Se detalló que hasta el 6 abril 2025 ha habido una disminución del 53% en los hechos violentos rurales en comparación con el mismo periodo del año pasado. Además, respecto al año 2021 se registra una baja del 77%, siendo esta cifra considerada como la menor cantidad de eventos violentos ocurridos durante los últimos nueve años. Fuente: La Tercera Nacional
La mañana del domingo, a solo horas del ataque incendiario al proyecto de la hidroeléctrica Rucalhue en Quilaco, Región del Biobío, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, anunció que por primera vez desde que se reformó la Ley Antiterrorista, el gobierno invocaría la normativa ante el mayor atentado de este tipo registrado en la Macrozona Sur. Pero más allá del anuncio de Cordero, la acción judicial emprendida por el nuevo ministerio tiene como protagonista clave a quien también, recientemente, asumió las funciones de jefe jurídico en la estrenada cartera: José Tomás Humud Respaldiza (35). Humud, quien es abogado de la Universidad Católica desde 2016, es el encargado -junto a su equipo- de redactar la primera querella del Ejecutivo en materia antiterrorista, una labor a la que -según fuentes de La Tercera - el profesional estaría especialmente abocado los últimos días. Si bien aquello fue anunciado el domingo, hasta ahora la presentación no se ha materializado ante el Juzgado de Letras y Garantía de Santa Bárbara. Esto, aseguran fuentes de gobierno, precisamente por el minucioso trabajo que está desarrollando el profesional. Y es que al tratarse de la primera querella del gobierno que invoca la nueva normativa, y dado que han pasado años desde que no se presentan acciones judiciales bajo esa legislación, Humud está desarrollando un estudio acabado para redactar de la manera más precisa el texto, considerando -además- las nuevas figuras penales que se deben y exigen probar. El “hombre de Tohá” Solo un día antes de que el Ministerio de Seguridad Pública comenzara a operar, el 1 de abril, a Humud se le comunicó que asumiría la jefatura jurídica de la nueva cartera encabezada por Cordero. Hasta entonces el abogado especialista en Derecho Penal se desempeñaba como funcionario del Ministerio del Interior, cartera a la que arribó en noviembre del 2022. En el ministerio que era encabezado por la ahora exministra Carolina Tohá, y a quien el abogado de 35 años es cercano, se dedicaba inicialmente -según información de Transparencia- a ser “asesor del gabinete de la ministra”, para posteriormente convertirse en un asesor que apoyaba y coordinaba la actividad legislativa del ministerio. En ese rol, según la misma información pública, el profesional tenía un rol importante al desarrollar labores “a solicitud de la ministra”, como seguir los proyectos, elaborar informes de las tramitaciones y apoyar la relación legislativa del Congreso con el gobierno. En ese rol, el abogado, quien también es magíster en Derecho Penal con doble titulación de la Universidad de Talca y la Universidad Pompeu Fabra, tuvo varios pasos por el Congreso, compareciendo en comisiones en la tramitación de diferentes leyes, como los proyectos del registro de prófugos o de la Ley de Violencia Digital, también tramitada con el Ministerio de la Mujer. El penalista El primer acercamiento de José Tomás Humud, hijo de los empresarios Miguel Humud y Ana María Respaldiza y hermano de otro abogado, con el Derecho fue durante su escolaridad en el Colegio Cumbres. El 2007, mientras cursaba cuarto medio, el ahora jefe jurídico de Seguridad tomó el curso “Introducción al Derecho”, además de un taller de periodismo. En su etapa escolar tuvo un sobresaliente rendimiento académico. Los resultados lo llevaron a estudiar Derecho en la UC, donde además fue ayudante en el ramo de Derecho Penal, al menos durante los últimos tres años de la carrera. En la misma casa de estudios y en la Universidad de Talca también ha tenido labores docentes. Si bien quienes conocen al profesional lo definen como un hombre cercano al mundo del progresismo, destacan que no es cercano al Frente Amplio y que se distancia de los primeros asesores jurídicos que arribaron a Interior mientras estuvo encabezado por la exministra Izkia Siches. Tras jurar el 2016 ante la Corte Suprema, Humud comenzó su carrera profesional. Integró el estudio del abogado Juan Domingo Acosta, Acosta & Cía., donde tramitó -principalmente- causas penales relacionadas a delitos económicos. El paso por la clínica jurídica UC “Hola, soy José Tomás Humud, trabajo en el área Niñez de la Clínica Jurídica de la Universidad Católica desde que empezó el año 2018 y espero poder seguir trabajando acá mucho tiempo. Para mí este trabajo ha significado muchas cosas”. Con estas palabras, el 7 de marzo del 2022, ocho meses antes de arribar a Interior, el ahora funcionario de Seguridad se presentó en un video del organismo de la UC, donde desarrolló gran parte de su carrera como abogado, específicamente en el área penal. En esa repartición universitaria el profesional trabajó junto a la también abogada María Elena Santibáñez, con quien llevó ante la justicia una serie de causas, especialmente sobre derechos de niñas, niños y adolescentes. Ese trabajo, según él mismo destacó, demandó un “desafío intelectual”, ya que significó “estudiar las causas, ser creativos, justamente para llegar a esa solución adecuada a ese niño o niña”. Fuente: La Tercera Nacional
