Este martes, en el marco de la formalización de los exgenerales directores de Carabineros, Mario Rozas y Ricardo Yáñez, junto con el exsubdirector Diego Olate, la senadora independiente Fabiola Campillai alzó la voz desde el Centro de Justicia, exigiendo “justicia” y “condenas” en relación con los crímenes cometidos durante el estallido social de 2019. PUBLICIDAD Acompañada por organizaciones defensoras de derechos humanos y representantes de Amnistía Internacional, Campillai fue contundente en sus declaraciones, refiriéndose a los altos mandos de Carabineros como “los verdaderos delincuentes”. Según la parlamentaria, los formalizados, al no haber impedido las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social, tienen responsabilidad directa en los hechos. “Es un día muy importante para nosotros y para nuestro país. Hoy se habla de un estallido social delictual, se habla de nuestros compañeros como delincuentes. Luchadores sociales que lucharon por los derechos de todos nosotros, de todo un país. Aquí tenemos a los verdaderos delincuentes, los que dieron órdenes o los que simplemente no frenaron todas las violaciones a los derechos humanos ”, afirmó la senadora. La formalización de Rozas, Yáñez y Olate surge a raíz de su presunta “responsabilidad de mando”, pues se les acusa de haber omitido su deber de intervenir ante los apremios ilegítimos cometidos por las fuerzas de orden durante el estallido social. Durante las protestas, las fuerzas de seguridad fueron señaladas por múltiples organismos internacionales de derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza, que resultó en graves violaciones como lesiones oculares, golpizas y violencia sexual. Campillai, quien quedó ciega tras ser impactada por una bomba lacrimógena disparada por un carabinero en 2019, se ha convertido en una de las voces más críticas contra los responsables de estos hechos. En su intervención, hizo un reconocimiento especial al trabajo de los fiscales a cargo del caso, Ximena Chong y Armendáriz, subrayando la importancia de que los tribunales actúen con celeridad y firmeza para garantizar que estos crímenes no queden en la impunidad. “Esperamos que los tribunales estén a la altura para que investiguen y condenen, porque sólo así las violaciones a los derechos humanos no van a quedar en la impunidad”, sentenció la senadora. Campillai recordó que, a lo largo de estos años, cuatro informes de organismos internacionales documentaron las violaciones a los derechos humanos durante las protestas. “Aquí hubo cuatro informes de organismos internacionales que hablaron de todas las lesiones oculares, las violaciones y las golpizas”, zanjó la senadora, reiterando su llamado a la justicia.
En una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Linares, la magistrada Evelyn Pérez Jaña determinó imponer la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a los involucrados para el alcalde de Linares y vicepresidente de Renovación Nacional, Mario Meza. Esto en el contexto de una investigación por delitos reiterados de fraude al fisco relacionados con la adquisición de insumos durante la pandemia del Covid-19. Ante esto, los delitos imputados al edil están vinculados con la compra de cloro, test de detección de coronavirus, mascarillas y cajas de mercadería, con un monto defraudado que asciende a más de $195 millones de pesos. Por otro lado, para Jhon Sancho, jefe de la Dirección de Desarrollo Comunal, se decretó prisión preventiva en el centro penitenciario de Parral, mientras se evalúa un posible traslado al anexo Capitán Yáber. La fiscal Carola D'Agostini, quien lleva adelante la investigación, se mostró conforme con la decisión del tribunal respecto a Sancho, pero anunció que apelarán a la medida cautelar impuesta al alcalde Meza.Hemos acreditado su participación en cuatro delitos, aunque el tribunal solo reconoció uno. La pena sigue siendo de al menos cinco años, por lo que presentaremos un recurso de apelación, señaló. Finalmente, el alcalde y otras 13 personas, entre comerciantes y funcionarios municipales, han sido formalizadas y se les impusieron diversas medidas cautelares. El plazo para la investigación se fijó en seis meses.
En el marco de la 79° Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la inminente formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien será imputado por delitos relacionados con el estallido social de 2019. En sus declaraciones, Boric subrayó que la política del gobierno sobre la formalización de autoridades sigue vigente y que Yáñez está al tanto de lo que implica esta situación. PUBLICIDAD “La principal preocupación de Carabineros, y también del general Yáñez es el combate a la delincuencia, y esa tiene que ser la única prioridad de la institución, y así lo entiende también el general Yáñez, por lo tanto, no hay cambios respecto a los criterios que ha establecido el gobierno y los que hemos conversado con el mismo general Yáñez ”, expresó el Presidente, afirmando que el general Yáñez entiende esta situación. “Carabineros tiene que tener continuidad, y hay un cuerpo de generales y lo hemos conversado con el mismo general Yáñez, que no me cabe ninguna duda comparten los mismos objetivos que ha liderado el general Yáñez durante los casi cuatro años que ha estado al mando de la institución”, comentó. La formalización de Yáñez está programada para el próximo 1 de octubre, por lo que su salida podría concretarse incluso antes de la fecha fijada. El general Yáñez, quien asumió la dirección de Carabineros en 2020, sería reemplazado en los próximos días, a pesar de que su mandato oficial concluiría el 19 de noviembre de 2024. Acusaciones contra el general Yáñez El general Ricardo Yáñez enfrenta acusaciones por su rol durante el estallido social de 2019, periodo en el que ocupaba el cargo de director Nacional de Orden y Seguridad. Bajo su mando, la institución ha sido señalada por violaciones a los derechos humanos, entre ellas, apremios ilegítimos que resultaron en lesiones graves y muertes durante las manifestaciones sociales. Yáñez, junto a otros altos mandos, como el exdirector general Mario Rozas y el exsubdirector Diego Olate, están siendo investigados por presuntas omisiones en su deber de mando durante estos hechos. El general Yáñez ha negado las acusaciones y ha buscado impugnar la participación de los fiscales Ximena Chong y Xavier Armendáriz, a quienes ha acusado de actuar con “enemistad y resentimiento” en su contra. Sin embargo, el fiscal Nacional desestimó su solicitud de inhabilitación, y la investigación sigue su curso.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ha decidido no aceptar la solicitud de la defensa del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, para reprogramar la audiencia de formalización en su contra. El juez Freddy Cubillos confirmó que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte llevará a cabo la formalización el próximo 1 de octubre, donde Yáñez enfrenta cargos por omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio en el contexto del estallido social. La defensa, encabezada por el abogado Jorge Martínez, argumentó la necesidad de más tiempo para preparar el caso; sin embargo, el tribunal desestimó su petición. Según las disposiciones del Gobierno, Yáñez deberá abandonar su cargo antes de ser formalizado, lo que significa que no completará su período hasta el 19 de noviembre, cuando estaba previsto su retiro. Finalmente, una de las últimas apariciones públicas de Yáñez fue en la pasada Parada Militar en el Parque O'Higgins, donde expresó que tiene claro el momento en que se retirará, aunque por ahora sigue en funciones.
En la madrugada del pasado domingo 25 de agosto, un trágico accidente tuvo lugar en las cercanías del Teatro Caupolicán en Santiago. Esto, luego de que falleciera un funcionario de Carabineros de Chile que se encontraba de franco a las afueras del recinto. PUBLICIDAD Frente a esta situación, en esta jornada de jueves, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago formalizó al responsable del fallecimiento del sargento de Carabineros, Rodrigo Puga, quien se desempeñaba como guardia de seguridad en una fiesta del teatro. El carabinero detenido, quien ya había sido dado de baja por la institución, fue acusado por cuasidelito de homicidio y por porte ilegal de armas, quedando con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse al Teatro Caupolicán. Sumado a esto, durante este semana dieron a conocer desde la institución que otra funcionaria que también trabajó como guardia en la fiesta, fue dada de baja : El reglamento de Carabineros de Chile prohibe que los efectivos policiales trabajen en labores que ellos mismos fiscalizan; se considera una “falta grave”. Cabe recordar que el fallecido sargento Rodrigo Hernán Puga Herrera, contaba con más de 17 años de servicio en Carabinero de Chile y se desempeñaba en la Tercera Comisaría de Santiago Centro. Además, el funcionario era un destacado miembro de la institución policial, quien deja a su familia por esta temprana partida: a su esposa y a sus dos hijos menores de edad. Ante este lamentable suceso, el líder republicano José Antonio Kast no quiso quedarse al margen. El mismo domingo el posiblemente candidato para la próxima presidencia del país, apuntó al actual mandato de Chile: “Una nueva víctima fatal de Carabineros en esta ola imparable de crímenes que enfrenta nuestro país. Tenemos un gobierno ausente, negligente e incapaz”, comentó a través de su cuenta de X (ex Twitter).
Este martes, en el marco de la formalización de los exgenerales directores de Carabineros, Mario Rozas y Ricardo Yáñez, junto con el exsubdirector Diego Olate, la senadora independiente Fabiola Campillai alzó la voz desde el Centro de Justicia, exigiendo “justicia” y “condenas” en relación con los crímenes cometidos durante el estallido social de 2019. PUBLICIDAD Acompañada por organizaciones defensoras de derechos humanos y representantes de Amnistía Internacional, Campillai fue contundente en sus declaraciones, refiriéndose a los altos mandos de Carabineros como “los verdaderos delincuentes”. Según la parlamentaria, los formalizados, al no haber impedido las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social, tienen responsabilidad directa en los hechos. “Es un día muy importante para nosotros y para nuestro país. Hoy se habla de un estallido social delictual, se habla de nuestros compañeros como delincuentes. Luchadores sociales que lucharon por los derechos de todos nosotros, de todo un país. Aquí tenemos a los verdaderos delincuentes, los que dieron órdenes o los que simplemente no frenaron todas las violaciones a los derechos humanos ”, afirmó la senadora. La formalización de Rozas, Yáñez y Olate surge a raíz de su presunta “responsabilidad de mando”, pues se les acusa de haber omitido su deber de intervenir ante los apremios ilegítimos cometidos por las fuerzas de orden durante el estallido social. Durante las protestas, las fuerzas de seguridad fueron señaladas por múltiples organismos internacionales de derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza, que resultó en graves violaciones como lesiones oculares, golpizas y violencia sexual. Campillai, quien quedó ciega tras ser impactada por una bomba lacrimógena disparada por un carabinero en 2019, se ha convertido en una de las voces más críticas contra los responsables de estos hechos. En su intervención, hizo un reconocimiento especial al trabajo de los fiscales a cargo del caso, Ximena Chong y Armendáriz, subrayando la importancia de que los tribunales actúen con celeridad y firmeza para garantizar que estos crímenes no queden en la impunidad. “Esperamos que los tribunales estén a la altura para que investiguen y condenen, porque sólo así las violaciones a los derechos humanos no van a quedar en la impunidad”, sentenció la senadora. Campillai recordó que, a lo largo de estos años, cuatro informes de organismos internacionales documentaron las violaciones a los derechos humanos durante las protestas. “Aquí hubo cuatro informes de organismos internacionales que hablaron de todas las lesiones oculares, las violaciones y las golpizas”, zanjó la senadora, reiterando su llamado a la justicia.
En una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Linares, la magistrada Evelyn Pérez Jaña determinó imponer la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a los involucrados para el alcalde de Linares y vicepresidente de Renovación Nacional, Mario Meza. Esto en el contexto de una investigación por delitos reiterados de fraude al fisco relacionados con la adquisición de insumos durante la pandemia del Covid-19. Ante esto, los delitos imputados al edil están vinculados con la compra de cloro, test de detección de coronavirus, mascarillas y cajas de mercadería, con un monto defraudado que asciende a más de $195 millones de pesos. Por otro lado, para Jhon Sancho, jefe de la Dirección de Desarrollo Comunal, se decretó prisión preventiva en el centro penitenciario de Parral, mientras se evalúa un posible traslado al anexo Capitán Yáber. La fiscal Carola D'Agostini, quien lleva adelante la investigación, se mostró conforme con la decisión del tribunal respecto a Sancho, pero anunció que apelarán a la medida cautelar impuesta al alcalde Meza.Hemos acreditado su participación en cuatro delitos, aunque el tribunal solo reconoció uno. La pena sigue siendo de al menos cinco años, por lo que presentaremos un recurso de apelación, señaló. Finalmente, el alcalde y otras 13 personas, entre comerciantes y funcionarios municipales, han sido formalizadas y se les impusieron diversas medidas cautelares. El plazo para la investigación se fijó en seis meses.
En el marco de la 79° Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la inminente formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien será imputado por delitos relacionados con el estallido social de 2019. En sus declaraciones, Boric subrayó que la política del gobierno sobre la formalización de autoridades sigue vigente y que Yáñez está al tanto de lo que implica esta situación. PUBLICIDAD “La principal preocupación de Carabineros, y también del general Yáñez es el combate a la delincuencia, y esa tiene que ser la única prioridad de la institución, y así lo entiende también el general Yáñez, por lo tanto, no hay cambios respecto a los criterios que ha establecido el gobierno y los que hemos conversado con el mismo general Yáñez ”, expresó el Presidente, afirmando que el general Yáñez entiende esta situación. “Carabineros tiene que tener continuidad, y hay un cuerpo de generales y lo hemos conversado con el mismo general Yáñez, que no me cabe ninguna duda comparten los mismos objetivos que ha liderado el general Yáñez durante los casi cuatro años que ha estado al mando de la institución”, comentó. La formalización de Yáñez está programada para el próximo 1 de octubre, por lo que su salida podría concretarse incluso antes de la fecha fijada. El general Yáñez, quien asumió la dirección de Carabineros en 2020, sería reemplazado en los próximos días, a pesar de que su mandato oficial concluiría el 19 de noviembre de 2024. Acusaciones contra el general Yáñez El general Ricardo Yáñez enfrenta acusaciones por su rol durante el estallido social de 2019, periodo en el que ocupaba el cargo de director Nacional de Orden y Seguridad. Bajo su mando, la institución ha sido señalada por violaciones a los derechos humanos, entre ellas, apremios ilegítimos que resultaron en lesiones graves y muertes durante las manifestaciones sociales. Yáñez, junto a otros altos mandos, como el exdirector general Mario Rozas y el exsubdirector Diego Olate, están siendo investigados por presuntas omisiones en su deber de mando durante estos hechos. El general Yáñez ha negado las acusaciones y ha buscado impugnar la participación de los fiscales Ximena Chong y Xavier Armendáriz, a quienes ha acusado de actuar con “enemistad y resentimiento” en su contra. Sin embargo, el fiscal Nacional desestimó su solicitud de inhabilitación, y la investigación sigue su curso.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ha decidido no aceptar la solicitud de la defensa del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, para reprogramar la audiencia de formalización en su contra. El juez Freddy Cubillos confirmó que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte llevará a cabo la formalización el próximo 1 de octubre, donde Yáñez enfrenta cargos por omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio en el contexto del estallido social. La defensa, encabezada por el abogado Jorge Martínez, argumentó la necesidad de más tiempo para preparar el caso; sin embargo, el tribunal desestimó su petición. Según las disposiciones del Gobierno, Yáñez deberá abandonar su cargo antes de ser formalizado, lo que significa que no completará su período hasta el 19 de noviembre, cuando estaba previsto su retiro. Finalmente, una de las últimas apariciones públicas de Yáñez fue en la pasada Parada Militar en el Parque O'Higgins, donde expresó que tiene claro el momento en que se retirará, aunque por ahora sigue en funciones.
En la madrugada del pasado domingo 25 de agosto, un trágico accidente tuvo lugar en las cercanías del Teatro Caupolicán en Santiago. Esto, luego de que falleciera un funcionario de Carabineros de Chile que se encontraba de franco a las afueras del recinto. PUBLICIDAD Frente a esta situación, en esta jornada de jueves, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago formalizó al responsable del fallecimiento del sargento de Carabineros, Rodrigo Puga, quien se desempeñaba como guardia de seguridad en una fiesta del teatro. El carabinero detenido, quien ya había sido dado de baja por la institución, fue acusado por cuasidelito de homicidio y por porte ilegal de armas, quedando con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse al Teatro Caupolicán. Sumado a esto, durante este semana dieron a conocer desde la institución que otra funcionaria que también trabajó como guardia en la fiesta, fue dada de baja : El reglamento de Carabineros de Chile prohibe que los efectivos policiales trabajen en labores que ellos mismos fiscalizan; se considera una “falta grave”. Cabe recordar que el fallecido sargento Rodrigo Hernán Puga Herrera, contaba con más de 17 años de servicio en Carabinero de Chile y se desempeñaba en la Tercera Comisaría de Santiago Centro. Además, el funcionario era un destacado miembro de la institución policial, quien deja a su familia por esta temprana partida: a su esposa y a sus dos hijos menores de edad. Ante este lamentable suceso, el líder republicano José Antonio Kast no quiso quedarse al margen. El mismo domingo el posiblemente candidato para la próxima presidencia del país, apuntó al actual mandato de Chile: “Una nueva víctima fatal de Carabineros en esta ola imparable de crímenes que enfrenta nuestro país. Tenemos un gobierno ausente, negligente e incapaz”, comentó a través de su cuenta de X (ex Twitter).
