La noche del martes, el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quedó en prisión preventiva por una acusación de violación y abuso sexual. Más allá de la persecución penal, mucho de la crisis se ha instalado en La Moneda, ante las dudas respecto de cuánto se demoró el Gobierno en pedirle su cargo. Ayer, el Presidente, Gabriel Boric, manifestó que “el Estado de Derecho funciona. Quienes cometen delito son juzgados con imparcialidad y tienen que afrontar todas las consecuencias previstas en la ley. Y eso ocurre para todas las personas, sin importar quiénes sean, de dónde vengan o el cargo que hayan ostentado. En Chile nadie está sobre la ley”, aseveró el Mandatario.
Los parlamentarios manifestaron su rechazo y preocupación por la reciente información que revela una llamada de la ministra del Interior, Carolina Tohá , al ex subsecretario Manuel Monsalve antes de que se realizara un allanamiento en su contra para incautar su teléfono. PUBLICIDAD Al respecto el diputado Jorge Guzmán, jefe de la bancada de Evópoli, advirtió que esta comunicación previa de la ministra podría ser gravísima. “Las acciones que hace la Policía de Investigaciones no tienen que avisársele a la persona que está siendo investigada en forma previa, porque él puede tomar alguna determinación con esa información. Por eso es muy grave y puede ser obstrucción a la justicia que la ministra del Interior haya comunicado previamente la incautación del teléfono celular que se iba a realizar. Si eso se confirma, hace insostenible la permanencia de la ministra del Interior en su cargo”, subrayó Guzmán. Bajo ese contexto, Camila Flores (RN), presidenta de la Comisión de Defensa, criticó duramente las acciones de la ministra, considerando que su papel en esta situación ha quedado en evidencia. “ Está absolutamente claro de manifiesto la obstrucción desde el día 1 que tomó conocimiento de este caso de la ministra Tohá. Esta es una clara obstrucción a la justicia. Ella no solamente tiene que ser citada a declarar como testigo, ella tiene que tener necesariamente una calidad jurídica distinta, porque hizo gestiones para favorecer a quien se está investigando por nada más ni nada menos que el delito de violación”, sostuvo Flores. Además, enfatizó en que “seguir manteniendo a la ministra Tohá primero en el gobierno y segundo, sin que declare en la justicia, es una señal gravísima para el país. Esto reafirmaría lo que dicen muchos, que hay justicia para unos y hay justicia para otros”. Por su parte, el diputado Roberto Arroyo del Partido Social Cristiano (PSC) respaldó el pedido de investigación y consideró que la transparencia es clave en este caso. PUBLICIDAD “Respecto de los contactos telefónicos de la ministra Tohá con el exsubsecretario Monsalve, donde podría haber advertido respecto de las indagaciones llevadas a cabo por personal de la PDI, creo que se debe investigar, que el juez solicite los audios y determine si existió alguna entrega de información privilegiada hacia el acusado por violación. De ser verificada esta versión periodística, al ser investigada debería terminar con la máxima sanción como la destitución de la ministra. Esto debe ser de verdad, caiga quien caiga y sin impunidad”, enfatizó Arroyo. Finalmente, el diputado republicano Stephan Schubert cuestionó la falta de transparencia y las explicaciones inconsistentes de la ministra. “Creo que ya ha sido más que suficiente el hecho de seguir enterándonos de a poco, día tras día, de distintos detalles y aristas que extrañamente se habían omitido. La ministra del Interior ha señalado en varias oportunidades las conversaciones que habría sostenido con distintas personalidades y nunca mencionó que habría llamado al señor Monsalve la misma noche en la que iban al hotel a encontrarse con él y a incautar el teléfono, etc. Eso no lo mencionó”, criticó Schubert. Asimismo, el legislador añadió que “llama la atención que no lo haya mencionado y hoy día dice que lo hace por instrucción del director de la PDI, en circunstancias que ya se iba a hacer un allanamiento para incautar teléfono. Desde que se le avisa hasta que llega la PDI, él estaba con el teléfono en la mano. ¿Qué hizo con el teléfono? ¿Por qué se le avisa?”.
Los diputados Karen Medina y Roberto Arroyo, solicitaron formalmente al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, y al Director Nacional de Gendarmería, Sebastián Urra Palma, información detallada sobre los hechos ocurridos el 21 de octubre de 2024 en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, más conocido como la expenitenciaría de Santiago. PUBLICIDAD En el incidente, un interno intentó fugarse cortando los barrotes de su celda y desplazándose por los techos del recinto antes de ser interceptado por Gendarmería mediante el uso de balines de goma. “La ciudadanía necesita saber que el sistema penitenciario opera con los más altos estándares de seguridad, especialmente en recintos con estructuras antiguas como la expenitenciaría ”, expresó el diputado del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo. “No es tolerable que incidentes de esta magnitud sigan ocurriendo en el país. Los protocolos y medidas de seguridad deben revisarse y adaptarse constantemente a las exigencias del contexto actual, y exigimos que el Ministerio de Justicia dé una respuesta clara sobre los recursos destinados a prevenir estas situaciones”, señaló. Los legisladores también solicitaron informes sobre las tecnologías y recursos facilitados a Gendarmería para mejorar la seguridad en el recinto y una revisión de la infraestructura actual del centro. Además, exigieron detalles sobre el protocolo de contención utilizado en el incidente, incluyendo el uso de balines de goma, y pidieron que se verifique si las celdas y sistemas de seguridad del recinto cuentan con el mantenimiento adecuado. La diputada Karen Medina, enfatizó la urgencia de un análisis profundo de las condiciones de seguridad en el penal. “Es fundamental que se auditen las instalaciones y los procedimientos de respuesta ante intentos de fuga en estos recintos”, afirmó. PUBLICIDAD “Además de investigar este caso en particular, debemos asegurar que las revisiones y las medidas de control estén en pleno cumplimiento de los estándares de seguridad y resguarden tanto a la sociedad como al personal de Gendarmería. No podemos permitir que las cárceles se conviertan en zonas vulnerables”. Los legisladores también requirieron información sobre las capacitaciones exigidas a los funcionarios de Gendarmería para enfrentar intentos de fuga y sobre los controles y auditorías implementados para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad en las cárceles del país. Finalmente, ambos enfatizaron que la integridad del sistema penitenciario depende de la implementación rigurosa de los protocolos y de un seguimiento constante de los mismos, especialmente en centros de alta complejidad.
Los congresistas explicaron que las organizaciones locales esperan que el subsecretario Cordero se reúna con las víctimas de la violencia para conocer de primera mano la realidad que enfrentan diariamente. PUBLICIDAD La solicitud responde a la necesidad de abordar la violencia que afecta a los sectores productivos y demostrar que las acciones del Ejecutivo son una política de Estado, y no dependen de las personas. Al respecto, la senadora Carmen Gloria Aravena afirmó que más allá de la polémica generada por el caso del ex subsecretario Monsalve, se había logrado trabajar en conjunto para dotar a las policías del equipamiento necesario para resguardar a los habitantes de la macrozona sur. “Espero que el nuevo subsecretario pueda profundizar en ese trabajo y que venga pronto a la zona para conocer la realidad de las víctimas y quienes vivimos en La Araucanía, especialmente en las zonas rurales”, sostuvo la senadora. Por su parte, el diputado Stephan Schubert también destacó la importancia de esta visita: “Sería oportuno que la primera medida de Luis Cordero sea conocer la macrozona sur en persona, reuniéndose con autoridades, policías y organizaciones locales. Es fundamental que pueda empaparse de la realidad que vive La Araucanía y demostrar que existe un compromiso tangible para abordar esta situación”. Los parlamentarios subrayan la urgencia de avanzar en la Ley de Inteligencia y Antiterrorista y esperan que el nuevo subsecretario aporte soluciones efectivas para la región, marcando un antes y un después en la gestión de seguridad pública.
Los diputados Roberto Arroyo (PSC) y Karen Medina (independiente) oficiaron a la ministra del Medioambiente, Maisa Rojas, solicitando información detallada sobre las medidas que la Superintendencia del Medioambiente y otros organismos vinculados a su cartera, están adoptando para monitorear, controlar y mitigar los posibles efectos negativos del proceso de cierre de la planta metalúrgica de Huachipato. La preocupación central radica en los impactos que este cierre podría tener tanto en el medioambiente como en la salud de las personas. PUBLICIDAD El diputado Arroyo explicó que “el inminente cierre de la planta no solo afectará gravemente la economía regional, dejando a miles de trabajadores desempleados, sino que también ha generado preocupación por los posibles riesgos ambientales en la población”. Diversas informaciones indican que la delegada presidencial de la región del Biobío, Daniela Dresner, manifestó inquietud ante la posible emisión de sustancias nocivas durante el proceso, pero hasta ahora no se ha entregado información clara a la comunidad sobre los potenciales riesgos ni las medidas de mitigación. Los legisladores enfatizaron en la importancia de que las comunidades cercanas sean debidamente informadas sobre los riesgos que podrían enfrentar y las acciones que se están implementando para minimizar cualquier impacto negativo. “Es fundamental que las personas sepan si están en una zona de riesgo y puedan tomar decisiones informadas sobre si permanecer en esos sectores. La salud es un tema importante y me preocupa que no haya claridad sobre este punto”, declaró Arroyo. Entre la información solicitada a la ministra en el oficio, los diputados pidieron detalles sobre la existencia de un plan de cierre aprobado por la autoridad ambiental, así como la identificación de sustancias nocivas que podrían emitirse, el plan de monitoreo en curso, los recursos humanos y financieros destinados a este proceso, y las coordinaciones realizadas con otros servicios públicos y el titular del proyecto para enfrentar una posible contaminación. Al respecto, la diputada Medina subrayó en la necesidad de un plan de difusión efectivo “las comunidades tienen que estar completamente informadas sobre las fechas, riesgos y medidas adoptadas durante el cierre de la planta, garantizando así un proceso transparente y seguro para todos los involucrados y para eso el Gobierno tiene que responder con prontitud”. “El cierre de la planta de Huachipato no solo representa un impacto económico para la región, sino que también plantea serios riesgos para el medioambiente y la salud de las personas. Es fundamental que el Gobierno y las autoridades competentes aseguren un proceso de cierre transparente y responsable”, concluyó la congresista.
La noche del martes, el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quedó en prisión preventiva por una acusación de violación y abuso sexual. Más allá de la persecución penal, mucho de la crisis se ha instalado en La Moneda, ante las dudas respecto de cuánto se demoró el Gobierno en pedirle su cargo. Ayer, el Presidente, Gabriel Boric, manifestó que “el Estado de Derecho funciona. Quienes cometen delito son juzgados con imparcialidad y tienen que afrontar todas las consecuencias previstas en la ley. Y eso ocurre para todas las personas, sin importar quiénes sean, de dónde vengan o el cargo que hayan ostentado. En Chile nadie está sobre la ley”, aseveró el Mandatario.
Los parlamentarios manifestaron su rechazo y preocupación por la reciente información que revela una llamada de la ministra del Interior, Carolina Tohá , al ex subsecretario Manuel Monsalve antes de que se realizara un allanamiento en su contra para incautar su teléfono. PUBLICIDAD Al respecto el diputado Jorge Guzmán, jefe de la bancada de Evópoli, advirtió que esta comunicación previa de la ministra podría ser gravísima. “Las acciones que hace la Policía de Investigaciones no tienen que avisársele a la persona que está siendo investigada en forma previa, porque él puede tomar alguna determinación con esa información. Por eso es muy grave y puede ser obstrucción a la justicia que la ministra del Interior haya comunicado previamente la incautación del teléfono celular que se iba a realizar. Si eso se confirma, hace insostenible la permanencia de la ministra del Interior en su cargo”, subrayó Guzmán. Bajo ese contexto, Camila Flores (RN), presidenta de la Comisión de Defensa, criticó duramente las acciones de la ministra, considerando que su papel en esta situación ha quedado en evidencia. “ Está absolutamente claro de manifiesto la obstrucción desde el día 1 que tomó conocimiento de este caso de la ministra Tohá. Esta es una clara obstrucción a la justicia. Ella no solamente tiene que ser citada a declarar como testigo, ella tiene que tener necesariamente una calidad jurídica distinta, porque hizo gestiones para favorecer a quien se está investigando por nada más ni nada menos que el delito de violación”, sostuvo Flores. Además, enfatizó en que “seguir manteniendo a la ministra Tohá primero en el gobierno y segundo, sin que declare en la justicia, es una señal gravísima para el país. Esto reafirmaría lo que dicen muchos, que hay justicia para unos y hay justicia para otros”. Por su parte, el diputado Roberto Arroyo del Partido Social Cristiano (PSC) respaldó el pedido de investigación y consideró que la transparencia es clave en este caso. PUBLICIDAD “Respecto de los contactos telefónicos de la ministra Tohá con el exsubsecretario Monsalve, donde podría haber advertido respecto de las indagaciones llevadas a cabo por personal de la PDI, creo que se debe investigar, que el juez solicite los audios y determine si existió alguna entrega de información privilegiada hacia el acusado por violación. De ser verificada esta versión periodística, al ser investigada debería terminar con la máxima sanción como la destitución de la ministra. Esto debe ser de verdad, caiga quien caiga y sin impunidad”, enfatizó Arroyo. Finalmente, el diputado republicano Stephan Schubert cuestionó la falta de transparencia y las explicaciones inconsistentes de la ministra. “Creo que ya ha sido más que suficiente el hecho de seguir enterándonos de a poco, día tras día, de distintos detalles y aristas que extrañamente se habían omitido. La ministra del Interior ha señalado en varias oportunidades las conversaciones que habría sostenido con distintas personalidades y nunca mencionó que habría llamado al señor Monsalve la misma noche en la que iban al hotel a encontrarse con él y a incautar el teléfono, etc. Eso no lo mencionó”, criticó Schubert. Asimismo, el legislador añadió que “llama la atención que no lo haya mencionado y hoy día dice que lo hace por instrucción del director de la PDI, en circunstancias que ya se iba a hacer un allanamiento para incautar teléfono. Desde que se le avisa hasta que llega la PDI, él estaba con el teléfono en la mano. ¿Qué hizo con el teléfono? ¿Por qué se le avisa?”.
Los diputados Karen Medina y Roberto Arroyo, solicitaron formalmente al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, y al Director Nacional de Gendarmería, Sebastián Urra Palma, información detallada sobre los hechos ocurridos el 21 de octubre de 2024 en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, más conocido como la expenitenciaría de Santiago. PUBLICIDAD En el incidente, un interno intentó fugarse cortando los barrotes de su celda y desplazándose por los techos del recinto antes de ser interceptado por Gendarmería mediante el uso de balines de goma. “La ciudadanía necesita saber que el sistema penitenciario opera con los más altos estándares de seguridad, especialmente en recintos con estructuras antiguas como la expenitenciaría ”, expresó el diputado del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo. “No es tolerable que incidentes de esta magnitud sigan ocurriendo en el país. Los protocolos y medidas de seguridad deben revisarse y adaptarse constantemente a las exigencias del contexto actual, y exigimos que el Ministerio de Justicia dé una respuesta clara sobre los recursos destinados a prevenir estas situaciones”, señaló. Los legisladores también solicitaron informes sobre las tecnologías y recursos facilitados a Gendarmería para mejorar la seguridad en el recinto y una revisión de la infraestructura actual del centro. Además, exigieron detalles sobre el protocolo de contención utilizado en el incidente, incluyendo el uso de balines de goma, y pidieron que se verifique si las celdas y sistemas de seguridad del recinto cuentan con el mantenimiento adecuado. La diputada Karen Medina, enfatizó la urgencia de un análisis profundo de las condiciones de seguridad en el penal. “Es fundamental que se auditen las instalaciones y los procedimientos de respuesta ante intentos de fuga en estos recintos”, afirmó. PUBLICIDAD “Además de investigar este caso en particular, debemos asegurar que las revisiones y las medidas de control estén en pleno cumplimiento de los estándares de seguridad y resguarden tanto a la sociedad como al personal de Gendarmería. No podemos permitir que las cárceles se conviertan en zonas vulnerables”. Los legisladores también requirieron información sobre las capacitaciones exigidas a los funcionarios de Gendarmería para enfrentar intentos de fuga y sobre los controles y auditorías implementados para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad en las cárceles del país. Finalmente, ambos enfatizaron que la integridad del sistema penitenciario depende de la implementación rigurosa de los protocolos y de un seguimiento constante de los mismos, especialmente en centros de alta complejidad.
Los congresistas explicaron que las organizaciones locales esperan que el subsecretario Cordero se reúna con las víctimas de la violencia para conocer de primera mano la realidad que enfrentan diariamente. PUBLICIDAD La solicitud responde a la necesidad de abordar la violencia que afecta a los sectores productivos y demostrar que las acciones del Ejecutivo son una política de Estado, y no dependen de las personas. Al respecto, la senadora Carmen Gloria Aravena afirmó que más allá de la polémica generada por el caso del ex subsecretario Monsalve, se había logrado trabajar en conjunto para dotar a las policías del equipamiento necesario para resguardar a los habitantes de la macrozona sur. “Espero que el nuevo subsecretario pueda profundizar en ese trabajo y que venga pronto a la zona para conocer la realidad de las víctimas y quienes vivimos en La Araucanía, especialmente en las zonas rurales”, sostuvo la senadora. Por su parte, el diputado Stephan Schubert también destacó la importancia de esta visita: “Sería oportuno que la primera medida de Luis Cordero sea conocer la macrozona sur en persona, reuniéndose con autoridades, policías y organizaciones locales. Es fundamental que pueda empaparse de la realidad que vive La Araucanía y demostrar que existe un compromiso tangible para abordar esta situación”. Los parlamentarios subrayan la urgencia de avanzar en la Ley de Inteligencia y Antiterrorista y esperan que el nuevo subsecretario aporte soluciones efectivas para la región, marcando un antes y un después en la gestión de seguridad pública.
Los diputados Roberto Arroyo (PSC) y Karen Medina (independiente) oficiaron a la ministra del Medioambiente, Maisa Rojas, solicitando información detallada sobre las medidas que la Superintendencia del Medioambiente y otros organismos vinculados a su cartera, están adoptando para monitorear, controlar y mitigar los posibles efectos negativos del proceso de cierre de la planta metalúrgica de Huachipato. La preocupación central radica en los impactos que este cierre podría tener tanto en el medioambiente como en la salud de las personas. PUBLICIDAD El diputado Arroyo explicó que “el inminente cierre de la planta no solo afectará gravemente la economía regional, dejando a miles de trabajadores desempleados, sino que también ha generado preocupación por los posibles riesgos ambientales en la población”. Diversas informaciones indican que la delegada presidencial de la región del Biobío, Daniela Dresner, manifestó inquietud ante la posible emisión de sustancias nocivas durante el proceso, pero hasta ahora no se ha entregado información clara a la comunidad sobre los potenciales riesgos ni las medidas de mitigación. Los legisladores enfatizaron en la importancia de que las comunidades cercanas sean debidamente informadas sobre los riesgos que podrían enfrentar y las acciones que se están implementando para minimizar cualquier impacto negativo. “Es fundamental que las personas sepan si están en una zona de riesgo y puedan tomar decisiones informadas sobre si permanecer en esos sectores. La salud es un tema importante y me preocupa que no haya claridad sobre este punto”, declaró Arroyo. Entre la información solicitada a la ministra en el oficio, los diputados pidieron detalles sobre la existencia de un plan de cierre aprobado por la autoridad ambiental, así como la identificación de sustancias nocivas que podrían emitirse, el plan de monitoreo en curso, los recursos humanos y financieros destinados a este proceso, y las coordinaciones realizadas con otros servicios públicos y el titular del proyecto para enfrentar una posible contaminación. Al respecto, la diputada Medina subrayó en la necesidad de un plan de difusión efectivo “las comunidades tienen que estar completamente informadas sobre las fechas, riesgos y medidas adoptadas durante el cierre de la planta, garantizando así un proceso transparente y seguro para todos los involucrados y para eso el Gobierno tiene que responder con prontitud”. “El cierre de la planta de Huachipato no solo representa un impacto económico para la región, sino que también plantea serios riesgos para el medioambiente y la salud de las personas. Es fundamental que el Gobierno y las autoridades competentes aseguren un proceso de cierre transparente y responsable”, concluyó la congresista.
