Este jueves se dio a conocer que en Argentina el Gobierno de Javier Milei decidió retirar la jubilación de privilegio que recibía Cristina Fernández de Kichner (CFK) en su rol de expresidenta la de la república (2007-2015), sumada a la pensión que se le otorgaba por ser viuda del también otrora mandatario Néstor Kirchner. La determinación fue develada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una rueda de prensa ofrecida en la sede del Ejecutivo un día después que la Cámara Federal de Casación Penal ratificara la condena de seis años de cárcel para Cristina Fernández, quien es acusada de administración pública fraudulenta. “Por orden del Presidente de la Nación, Javier Milei, se resolvió dar de baja la asignación de privilegio, popularmente conocida como ‘jubilación de privilegio’, que la expresidente Cristina Fernández de Kirchner venía percibiendo, tanto la asignación personal como la derivada por pensión del fallecido expresidente Nestor Kirchner”, indicó el personero de Estado. “La señora Cristina Kirchner fue condenada en la causa ‘Vialidad’ como autora del delito de administración fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño ”, fustigó la autoridad. Cabe recalcar que la Cámara Federal de Casación Penal trasandina ratificó en segunda instancia la condena de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra CFK, sentencia que fue dictada a finales del año 2022 por el Tribunal Oral Federal 2.El fallo concluyó que se incurrió en un delito de administración fraudulenta en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández (2007-2015). Pese a lo anterior, la exjefa de Estado todavía puede apelar el fallo ante la Corte Suprema de Justicia. Debido a lo anterior, la sentencia no será efectiva hasta que haya un veredicto final. En esa misma línea, de ser confirmada la condena, Kirchner podría cumplir la pena bajo prisión domiciliaria por ser mayor a 70 años.
Este martes, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se hizo parte en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago de una querella criminal en contra del exfiscal Metropolitano Oriente, Manuel Guerra; y el abogado Luis Hermosilla, por los delitos reiterados de soborno, cohecho, prevaricación administrativa y revelación de secreto. PUBLICIDAD La información fue confirmada por el propio CDE, que su plataformas oficiales informó este mediodía que la acción persecutoria realizada “a través de la Procuraduría Fiscal de Santiago” en contra de ambos abogados incluso buscaría develar a terceros “que resulten responsables”, y “sin perjuicio de otros ilícitos que se puedan acreditar durante la investigación” que actualmente lleva adelante el Ministerio Público “en el denominado Caso Audio”. El contenido de la querella en contra de Luis Hermosilla y Manuel Guerra La acción judicial en contra de Guerra y Hermosilla, explica el CDE, indica que en el ejercicio de funciones públicas ambos abogados faltaron “a los deberes de su cargo”, al haber “mantenido constantes contactos abordando en variadas conversaciones asuntos de carácter reservado en casos como Exalmar, Penta, Dominga, entre otros, y cuyas investigaciones y antecedentes eran secretos”. Según los antecedentes de la investigación a Hermosilla, el querellado Guerra habría entregado de forma permanente a Luis Hermosilla información que era obtenida en razón de su calidad de Fiscal Regional, de las causas, conversaciones y decisiones internas respecto de las mismas al interior del Ministerio Público, directamente relacionadas y que afectaban investigaciones penales abiertas”. “Asimismo, y en este mismo contexto ilícito, adoptó en su calidad de persecutor resoluciones manifiestamente injustas, contrarias a derecho y con infracción a los deberes de su cargo”, complementaron. “Lo anterior, en el contexto de una larga relación que habría permitido que Guerra en su calidad de Fiscal Regional, adoptara decisiones ‘no por consideraciones técnicas o jurídicas, sino justamente en razón de la vinculación que existía entre los querellados’, solicitando incluso, a cambio de sus gestiones, variados beneficios económicos tanto para sí como para terceros”, finalizaron.
Un total de 14 domicilios, 12 de ellos en la Región Metropolitana fueron allanados en el marco de la investigación por financiamiento ilícito en campañas políticas que pesan sobre la fundación Procultura. Esto, luego que se descubrieron depósitos de dinero que levantaron algunas sospechas. PUBLICIDAD Una de las viviendas intervenidas por la Brigada Anticorrupción de la PDI fue la del co-fundador de la ONG, Alberto Larraín en la comuna de Ñuñoa, a quien le incautaron su celular, computadores y otros dispositivos. Junto a él, fueron pesquisados otros integrantes como contadores, directores y jefes en nueve comunas capitalinas. Dentro de los hallazgos, se encontró el servidor de la fundación “que hasta ayer no había sido encontrado por la policía en las solicitudes que se había hecho con anterioridad por el equipo investigador”, informó La Tercera. La causa a cargo del actual Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper Monti “investiga la presunta comisión de delitos de fraude al fisco, lavado de activos y tráfico de influencias, conocida como “caso Pro Cultura”. “Se incautaron especies como CPUs, notebooks, laptop, discos duros externos, tablet, teléfonos celulares, pendrives, chip telefónicos y documentación de interés para el desarrollo de la causa. Además, se recopilaron evidencias importantes para la investigación, entre ellos las bases de datos de correo electrónico, nubes informáticas con antecedentes de la fundación. En total se efectuaron ingresos a 14 domicilios, 12 de ellos en la Región Metropolitana”, indicó Fiscalía Regional de Coquimbo. ¿Qué se investiga? Días atrás salió un reportaje de El Mostrador que reveló el supuesto modus operandi que utilizó la fundación para realizar financiamiento ilegal en campañas políticas. Este consistía en realizar contrataciones por un suelto “ficticio”, el cual quedaba plasmado en las respectivas boletas, pero en la práctica solo le pagaban hasta el 70% de lo estipulado en el contrato. El otro 30% era devuelto por el trabajador que prestaba el servicio y ese dinero era destinado para financiar campañas. PUBLICIDAD Según indicó el citado medio, esto quedó descubierto al revisar la contabilidad de la fundación, donde se encontraron depósitos sospechosos, los cuales figuraban como “ingresos”. Cinco de esos depósitos serían de la exprimera dama, Irina Karamanos, aunque ella lo desmintió categóricamente. De igual forma, quedó demostrado que ella sí trabajó entre el 2021 y 2022, en el proyecto “Recreo ¡Nos gusta el arte!”, mismo nombre con el cual figuraban los depósitos bancarios. “Niego categóricamente haber abonado monto alguno a la Fundación Procultura, entidad a la que presté servicios desde mayo de 2021 a febrero de 2022 por un monto de $973.500 mensuales ”, publicó.
El Caso Audios volverá a tener trascendencia esta semana, especialmente desde la arista política. Mientras en la Corte Suprema sigue tramitándose el cuaderno de remoción contra la ministra Ángela Vivanco, en el Congreso está claro que habrá acusaciones constitucionales contra al menos tres jueces, aunque aún faltan por definirse dos asuntos que buscan que estas persecuciones interfieran lo menos posible con el trabajo parlamentario: que no haya más de una AC contra el mismo magistrado, es decir, se apoye transversalmente alguna; y que todas se unifiquen en un mismo texto, para que de esa manera haya una sola comisión y una sola sesión dedicada al asunto. PUBLICIDAD La jefa de bancada de diputados de RN, Ximena Ossandón, explicó ayer que la AC contra la ministra Vivanco no busca ese camino de unidad, pues ya la tienen redactada y tienen planificado presentarla hoy mismo. “Para que se dé cuenta en la sala en la sesión de la tarde y empiece a correr el proceso. Esto no debería durar más de un mes, incluso debería ser menos. Tiene dos capítulos, uno con las actuaciones que ella tuvo en causas que conoció y falló como jueza, y el otro dice relación en cómo intervino en diferentes nombramientos”, detalló. Desde el mismo partido, Camila Flores sí manifestó un plan para unificar las acusaciones constitucionales, para aprovechar de mejor manera el tiempo en el Congreso, pues indicó que presentarán una contra Vivanco, Jean-Pierre Matus y Sergio Muñoz. Su par Daniel Manouchehri (PS) indicó que esta semana presentarán la AC contra Vivanco. “La ministra habría manipulado la justicia para favorecer poderosos intereses, haciendo parte de la red de Hermosilla. La pregunta de fondo es si Vivanco recibía algo a cambio de estas actuaciones irregulares. ¿Habrá cohecho? La Fiscalía debe investigar a fondo”. En tanto, el diputado Eric Aedo (DC) entregó detalles sobre la AC que presentará hoy contra Matus, a quien se acusará de falta de probidad: será por mentirle al país, “no una, sino varias veces”; no declarar inhabilidades, “omitiendo su vínculo con Hermosilla y con el exministro Andrés Chadwick”, y perder la imparcialidad, cuestionada por el uso de expresiones como “ni perdón ni olvido” en los chats. En la Corte Suprema, en tanto, corre el plazo para que Vivanco presente sus descargos por la carpeta de remoción, que ahora se amplió hasta el 17 de octubre. Antes, el miércoles 9, en tanto, recién regresará de días libres el ministro Sergio Muñoz, pero quien regresará este miércoles es la jueza María Soledad Melo, quien aparece en los chats, pues le habría enviado su curriculum, en 2022, al abogado Hermosilla.
Un día negro vivió Ángela Vivanco, la suspendida ministra de la Corte Suprema. Primero, el Ministerio Público entregó a la Comisión de Ética los chats de la jueza con el abogado Luis Hermosilla; después, la Contraloría declinó siquiera entrar en el caso; la Comisión de Ética le negó conocer las declaraciones en su contra y para terminar, el Pleno de la Corte le agregó un nuevo cargo. PUBLICIDAD Esto último es tal vez lo más relevante. La Corte Suprema aumentó a siete los cargos contra Ángela Vivanco, este último por irregularidades en ocho causas judiciales, donde no habría respetado los plazos. La ministra Gloria Ana Chevesich, integrante del máximo tribunal y vocera (s), informó que “el código de los tribunales, el de procedimiento civil e instrucciones entregadas por el presidente de esa sala señalan que en todo se tiene que respetar la antigüedad (de la causa). Ingresar a la tabla, dar cuenta y fallar se debe hacer en ese orden. Eso está establecido en la ley. Y eso se habría alterado”. Temprano, la fiscalía entregaba en la Corte Suprema los chats de Vivanco con Hermosilla, lo que la defensa de la jueza estimaba “totalmente irregular”, porque quien los pide, la Corte Suprema, no es parte en la causa por la que se incautó el celular de Hermosilla. Según consigna La Tercera, Vivanco interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones para evitar el trámite y, después, un “téngase presente” al pleno de la Suprema para que la Comisión se abstenga de usar los mensajes “en el procedimiento de remoción, para evitar infracciones civiles y penales”. Los defensores esperan que una vez que se declare admisible el recurso se cite a declarar al fiscal nacional, Ángel Valencia, para que explique por qué accedió a entregar los archivos. El abogado de la ministra Vivanco, Juan Carlos Manríquez, aseguró que los chats “la mayoría han ocurrido antes de que la señora Vivanco sea ministra de la Corte Suprema” y que “sostengo responsablemente que el contexto en el cual fueron dados a conocer es incompleto, confuso, y que hoy día pueden explicarse”. PUBLICIDAD Añadió que “en una vista de un recurso de protección específico, no se han pedido, ni obtenido, ni otorgado favores, ni dinero, ni prebendas, ni ventajas”. A esto se suma que la Contraloría General rechazó la solicitud presentada por la defensa de Vivanco que buscaba que se declarara ilegal el proceso que inició la Corte Suprema, pero el organismo indicó que la Constitución le impide pronunciarse sobre situaciones que están en conocimiento de los Tribunales. Encima, Vivanco había pedido conocer los antecedentes que hay en el cuaderno de remoción, pero la ministra Chevesich lo descartó. En 24 Horas explicó que “el estatuto de la Comisión establece que los antecedentes son reservados, porque a las personas que prestan declaración se les dice que todo es confidencial”. Sí Vivanco recibirá una copia del informe de la Comisión. Acusaciones no trabarían agenda legislativa Las acusaciones contra los ministros de la Corte Suprema, en especial, contra Ángela Vivanco siguen su camino. Esta semana, claro, no habrá avances, pero los partidos señalan que el lunes 23 habrá novedades y de manera transversal descartan que su alto número, hasta cuatro, interfiera en la labor legislativa o entrabe las agendas. La diputada Camila Flores (RN) asegura que “hay situaciones sociales y no las vamos a desatender por iniciar acciones que tenemos el legítimo derecho como fiscalizadores de iniciar”. RN va a presentar acusaciones en contra de la ministra Vivanco y de Sergio Muñoz, se sumaría a la de Jean Pierre Matus y evalúa otra contra Mario Carroza. Su par Juan Antonio Coloma (UDI) señaló que “estamos avanzando en la redacción de dos acusaciones, contra los ministros Muñoz y Vivanco y estamos esperando el análisis que se va a hacer del documento que van a presentar otra bancadas por Matus”. En tanto, Eric Aedo (DC) indicó que “vamos a dar celeridad a las acusaciones y, con toda la responsabilidad y reflexión en el Parlamento digo que esto no va retrasar nuestra labor legislativa”. La visión del Gobierno la dio la ministra vocera, Camila Vallejo, quien manifestó que “a mí me tocó ser parlamentaria y sé que el Parlamento cuando tiene muchos temas que abordar, encuentra la fórmula, y por eso hemos dicho que se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo”. La ministra detalló que existen las posibilidades de sesionar un día más o sesiones en paralelo. “No debería haber problemas para que una acusación constitucional no interfiera en avanzar en pensiones, en la agenda de seguridad, en la agenda económica”, cerró Vallejo.
Este jueves se dio a conocer que en Argentina el Gobierno de Javier Milei decidió retirar la jubilación de privilegio que recibía Cristina Fernández de Kichner (CFK) en su rol de expresidenta la de la república (2007-2015), sumada a la pensión que se le otorgaba por ser viuda del también otrora mandatario Néstor Kirchner. La determinación fue develada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una rueda de prensa ofrecida en la sede del Ejecutivo un día después que la Cámara Federal de Casación Penal ratificara la condena de seis años de cárcel para Cristina Fernández, quien es acusada de administración pública fraudulenta. “Por orden del Presidente de la Nación, Javier Milei, se resolvió dar de baja la asignación de privilegio, popularmente conocida como ‘jubilación de privilegio’, que la expresidente Cristina Fernández de Kirchner venía percibiendo, tanto la asignación personal como la derivada por pensión del fallecido expresidente Nestor Kirchner”, indicó el personero de Estado. “La señora Cristina Kirchner fue condenada en la causa ‘Vialidad’ como autora del delito de administración fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño ”, fustigó la autoridad. Cabe recalcar que la Cámara Federal de Casación Penal trasandina ratificó en segunda instancia la condena de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra CFK, sentencia que fue dictada a finales del año 2022 por el Tribunal Oral Federal 2.El fallo concluyó que se incurrió en un delito de administración fraudulenta en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández (2007-2015). Pese a lo anterior, la exjefa de Estado todavía puede apelar el fallo ante la Corte Suprema de Justicia. Debido a lo anterior, la sentencia no será efectiva hasta que haya un veredicto final. En esa misma línea, de ser confirmada la condena, Kirchner podría cumplir la pena bajo prisión domiciliaria por ser mayor a 70 años.
Este martes, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se hizo parte en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago de una querella criminal en contra del exfiscal Metropolitano Oriente, Manuel Guerra; y el abogado Luis Hermosilla, por los delitos reiterados de soborno, cohecho, prevaricación administrativa y revelación de secreto. PUBLICIDAD La información fue confirmada por el propio CDE, que su plataformas oficiales informó este mediodía que la acción persecutoria realizada “a través de la Procuraduría Fiscal de Santiago” en contra de ambos abogados incluso buscaría develar a terceros “que resulten responsables”, y “sin perjuicio de otros ilícitos que se puedan acreditar durante la investigación” que actualmente lleva adelante el Ministerio Público “en el denominado Caso Audio”. El contenido de la querella en contra de Luis Hermosilla y Manuel Guerra La acción judicial en contra de Guerra y Hermosilla, explica el CDE, indica que en el ejercicio de funciones públicas ambos abogados faltaron “a los deberes de su cargo”, al haber “mantenido constantes contactos abordando en variadas conversaciones asuntos de carácter reservado en casos como Exalmar, Penta, Dominga, entre otros, y cuyas investigaciones y antecedentes eran secretos”. Según los antecedentes de la investigación a Hermosilla, el querellado Guerra habría entregado de forma permanente a Luis Hermosilla información que era obtenida en razón de su calidad de Fiscal Regional, de las causas, conversaciones y decisiones internas respecto de las mismas al interior del Ministerio Público, directamente relacionadas y que afectaban investigaciones penales abiertas”. “Asimismo, y en este mismo contexto ilícito, adoptó en su calidad de persecutor resoluciones manifiestamente injustas, contrarias a derecho y con infracción a los deberes de su cargo”, complementaron. “Lo anterior, en el contexto de una larga relación que habría permitido que Guerra en su calidad de Fiscal Regional, adoptara decisiones ‘no por consideraciones técnicas o jurídicas, sino justamente en razón de la vinculación que existía entre los querellados’, solicitando incluso, a cambio de sus gestiones, variados beneficios económicos tanto para sí como para terceros”, finalizaron.
Un total de 14 domicilios, 12 de ellos en la Región Metropolitana fueron allanados en el marco de la investigación por financiamiento ilícito en campañas políticas que pesan sobre la fundación Procultura. Esto, luego que se descubrieron depósitos de dinero que levantaron algunas sospechas. PUBLICIDAD Una de las viviendas intervenidas por la Brigada Anticorrupción de la PDI fue la del co-fundador de la ONG, Alberto Larraín en la comuna de Ñuñoa, a quien le incautaron su celular, computadores y otros dispositivos. Junto a él, fueron pesquisados otros integrantes como contadores, directores y jefes en nueve comunas capitalinas. Dentro de los hallazgos, se encontró el servidor de la fundación “que hasta ayer no había sido encontrado por la policía en las solicitudes que se había hecho con anterioridad por el equipo investigador”, informó La Tercera. La causa a cargo del actual Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper Monti “investiga la presunta comisión de delitos de fraude al fisco, lavado de activos y tráfico de influencias, conocida como “caso Pro Cultura”. “Se incautaron especies como CPUs, notebooks, laptop, discos duros externos, tablet, teléfonos celulares, pendrives, chip telefónicos y documentación de interés para el desarrollo de la causa. Además, se recopilaron evidencias importantes para la investigación, entre ellos las bases de datos de correo electrónico, nubes informáticas con antecedentes de la fundación. En total se efectuaron ingresos a 14 domicilios, 12 de ellos en la Región Metropolitana”, indicó Fiscalía Regional de Coquimbo. ¿Qué se investiga? Días atrás salió un reportaje de El Mostrador que reveló el supuesto modus operandi que utilizó la fundación para realizar financiamiento ilegal en campañas políticas. Este consistía en realizar contrataciones por un suelto “ficticio”, el cual quedaba plasmado en las respectivas boletas, pero en la práctica solo le pagaban hasta el 70% de lo estipulado en el contrato. El otro 30% era devuelto por el trabajador que prestaba el servicio y ese dinero era destinado para financiar campañas. PUBLICIDAD Según indicó el citado medio, esto quedó descubierto al revisar la contabilidad de la fundación, donde se encontraron depósitos sospechosos, los cuales figuraban como “ingresos”. Cinco de esos depósitos serían de la exprimera dama, Irina Karamanos, aunque ella lo desmintió categóricamente. De igual forma, quedó demostrado que ella sí trabajó entre el 2021 y 2022, en el proyecto “Recreo ¡Nos gusta el arte!”, mismo nombre con el cual figuraban los depósitos bancarios. “Niego categóricamente haber abonado monto alguno a la Fundación Procultura, entidad a la que presté servicios desde mayo de 2021 a febrero de 2022 por un monto de $973.500 mensuales ”, publicó.
El Caso Audios volverá a tener trascendencia esta semana, especialmente desde la arista política. Mientras en la Corte Suprema sigue tramitándose el cuaderno de remoción contra la ministra Ángela Vivanco, en el Congreso está claro que habrá acusaciones constitucionales contra al menos tres jueces, aunque aún faltan por definirse dos asuntos que buscan que estas persecuciones interfieran lo menos posible con el trabajo parlamentario: que no haya más de una AC contra el mismo magistrado, es decir, se apoye transversalmente alguna; y que todas se unifiquen en un mismo texto, para que de esa manera haya una sola comisión y una sola sesión dedicada al asunto. PUBLICIDAD La jefa de bancada de diputados de RN, Ximena Ossandón, explicó ayer que la AC contra la ministra Vivanco no busca ese camino de unidad, pues ya la tienen redactada y tienen planificado presentarla hoy mismo. “Para que se dé cuenta en la sala en la sesión de la tarde y empiece a correr el proceso. Esto no debería durar más de un mes, incluso debería ser menos. Tiene dos capítulos, uno con las actuaciones que ella tuvo en causas que conoció y falló como jueza, y el otro dice relación en cómo intervino en diferentes nombramientos”, detalló. Desde el mismo partido, Camila Flores sí manifestó un plan para unificar las acusaciones constitucionales, para aprovechar de mejor manera el tiempo en el Congreso, pues indicó que presentarán una contra Vivanco, Jean-Pierre Matus y Sergio Muñoz. Su par Daniel Manouchehri (PS) indicó que esta semana presentarán la AC contra Vivanco. “La ministra habría manipulado la justicia para favorecer poderosos intereses, haciendo parte de la red de Hermosilla. La pregunta de fondo es si Vivanco recibía algo a cambio de estas actuaciones irregulares. ¿Habrá cohecho? La Fiscalía debe investigar a fondo”. En tanto, el diputado Eric Aedo (DC) entregó detalles sobre la AC que presentará hoy contra Matus, a quien se acusará de falta de probidad: será por mentirle al país, “no una, sino varias veces”; no declarar inhabilidades, “omitiendo su vínculo con Hermosilla y con el exministro Andrés Chadwick”, y perder la imparcialidad, cuestionada por el uso de expresiones como “ni perdón ni olvido” en los chats. En la Corte Suprema, en tanto, corre el plazo para que Vivanco presente sus descargos por la carpeta de remoción, que ahora se amplió hasta el 17 de octubre. Antes, el miércoles 9, en tanto, recién regresará de días libres el ministro Sergio Muñoz, pero quien regresará este miércoles es la jueza María Soledad Melo, quien aparece en los chats, pues le habría enviado su curriculum, en 2022, al abogado Hermosilla.
Un día negro vivió Ángela Vivanco, la suspendida ministra de la Corte Suprema. Primero, el Ministerio Público entregó a la Comisión de Ética los chats de la jueza con el abogado Luis Hermosilla; después, la Contraloría declinó siquiera entrar en el caso; la Comisión de Ética le negó conocer las declaraciones en su contra y para terminar, el Pleno de la Corte le agregó un nuevo cargo. PUBLICIDAD Esto último es tal vez lo más relevante. La Corte Suprema aumentó a siete los cargos contra Ángela Vivanco, este último por irregularidades en ocho causas judiciales, donde no habría respetado los plazos. La ministra Gloria Ana Chevesich, integrante del máximo tribunal y vocera (s), informó que “el código de los tribunales, el de procedimiento civil e instrucciones entregadas por el presidente de esa sala señalan que en todo se tiene que respetar la antigüedad (de la causa). Ingresar a la tabla, dar cuenta y fallar se debe hacer en ese orden. Eso está establecido en la ley. Y eso se habría alterado”. Temprano, la fiscalía entregaba en la Corte Suprema los chats de Vivanco con Hermosilla, lo que la defensa de la jueza estimaba “totalmente irregular”, porque quien los pide, la Corte Suprema, no es parte en la causa por la que se incautó el celular de Hermosilla. Según consigna La Tercera, Vivanco interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones para evitar el trámite y, después, un “téngase presente” al pleno de la Suprema para que la Comisión se abstenga de usar los mensajes “en el procedimiento de remoción, para evitar infracciones civiles y penales”. Los defensores esperan que una vez que se declare admisible el recurso se cite a declarar al fiscal nacional, Ángel Valencia, para que explique por qué accedió a entregar los archivos. El abogado de la ministra Vivanco, Juan Carlos Manríquez, aseguró que los chats “la mayoría han ocurrido antes de que la señora Vivanco sea ministra de la Corte Suprema” y que “sostengo responsablemente que el contexto en el cual fueron dados a conocer es incompleto, confuso, y que hoy día pueden explicarse”. PUBLICIDAD Añadió que “en una vista de un recurso de protección específico, no se han pedido, ni obtenido, ni otorgado favores, ni dinero, ni prebendas, ni ventajas”. A esto se suma que la Contraloría General rechazó la solicitud presentada por la defensa de Vivanco que buscaba que se declarara ilegal el proceso que inició la Corte Suprema, pero el organismo indicó que la Constitución le impide pronunciarse sobre situaciones que están en conocimiento de los Tribunales. Encima, Vivanco había pedido conocer los antecedentes que hay en el cuaderno de remoción, pero la ministra Chevesich lo descartó. En 24 Horas explicó que “el estatuto de la Comisión establece que los antecedentes son reservados, porque a las personas que prestan declaración se les dice que todo es confidencial”. Sí Vivanco recibirá una copia del informe de la Comisión. Acusaciones no trabarían agenda legislativa Las acusaciones contra los ministros de la Corte Suprema, en especial, contra Ángela Vivanco siguen su camino. Esta semana, claro, no habrá avances, pero los partidos señalan que el lunes 23 habrá novedades y de manera transversal descartan que su alto número, hasta cuatro, interfiera en la labor legislativa o entrabe las agendas. La diputada Camila Flores (RN) asegura que “hay situaciones sociales y no las vamos a desatender por iniciar acciones que tenemos el legítimo derecho como fiscalizadores de iniciar”. RN va a presentar acusaciones en contra de la ministra Vivanco y de Sergio Muñoz, se sumaría a la de Jean Pierre Matus y evalúa otra contra Mario Carroza. Su par Juan Antonio Coloma (UDI) señaló que “estamos avanzando en la redacción de dos acusaciones, contra los ministros Muñoz y Vivanco y estamos esperando el análisis que se va a hacer del documento que van a presentar otra bancadas por Matus”. En tanto, Eric Aedo (DC) indicó que “vamos a dar celeridad a las acusaciones y, con toda la responsabilidad y reflexión en el Parlamento digo que esto no va retrasar nuestra labor legislativa”. La visión del Gobierno la dio la ministra vocera, Camila Vallejo, quien manifestó que “a mí me tocó ser parlamentaria y sé que el Parlamento cuando tiene muchos temas que abordar, encuentra la fórmula, y por eso hemos dicho que se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo”. La ministra detalló que existen las posibilidades de sesionar un día más o sesiones en paralelo. “No debería haber problemas para que una acusación constitucional no interfiera en avanzar en pensiones, en la agenda de seguridad, en la agenda económica”, cerró Vallejo.
