La Fiscalía Regional de Antofagasta ha abierto una investigación penal, de oficio, tras la filtración de conversaciones contenidas en la carpeta investigativa del caso Democracia Viva, un hecho que ha reavivado la polémica en torno a la diputada Catalina Pérez (FA). Las filtraciones, que incluyen chats de WhatsApp, sugieren que la parlamentaria habría tenido conocimiento de los convenios entre su ex pareja Daniel Andrade y el exseremi Carlos Contreras, mucho antes de que dicha información fuera revelada por los medios. Mediante una declaración pública, el Ministerio Público confirmó la apertura de la investigación: “La Fiscalía Regional de Antofagasta dispuso, de oficio, la apertura de una investigación penal debido a la divulgación en distintos medios de comunicación nacional, de antecedentes relacionados con la investigación que se lleva adelante en la denominada arista Democracia Viva del Caso Convenios” , indicaron. La indagatoria será dirigida por el fiscal adjunto Eduardo Ríos Briones, quien tendrá la responsabilidad de determinar el origen de las filtraciones y, si es necesario, presentar acciones legales contra los responsables de violar la reserva de la carpeta investigativa. Este nuevo giro en el caso mantiene en el centro de la controversia tanto a la diputada como a las autoridades involucradas, generando un nuevo capítulo en una investigación que sigue siendo de gran interés público.
El caso que ha sacudido al país, el denominado Caso Democracia Viva, ha dado un nuevo giro con la revelación de un informe de la Policía de Investigaciones (PDI). En este documento, se detallan conversaciones entre la diputada Catalina Pérez y su entonces pareja, Daniel Andrade, quien es uno de los principales imputados por el escándalo de corrupción. Según el informe al cual tuvo acceso La Segunda, en un mensaje del 29 de julio de 2022, Andrade le comunicó a Pérez sobre una reunión con el entonces Seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, actualmente en prisión preventiva. Me llamó Carlos y parece que hoy pueden salir las lucas , escribió Andrade, aunque no se menciona si hubo respuesta de la diputada. En otro intercambio de mensajes de septiembre de 2022, Pérez coordina con Andrade para que ella lo pase a buscar en una hora determinada, mientras él le menciona que la reunión con Contreras ha sido reprogramada. “Carlos me corrió la reunión para las 17.00” , le informa Andrade, destacando la importancia del convenio con Contreras. Este tipo de diálogos resalta el papel de la Fundación Democracia Viva en la gestión de convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, entidad que le otorgó 370 millones de pesos a la fundación de Andrade, a pesar de que esta no tenía experiencia en proyectos similares. Este hecho desencadenó el Caso Convenios, que ha puesto en evidencia varias irregularidades y casos de corrupción dentro de distintas instituciones del Estado. Finalmente, recordar que Carlos Contreras, quien fuera cercano asesor de Pérez, se encuentra en prisión preventiva, mientras que Daniel Andrade estuvo en la misma situación, pero actualmente se encuentra con arresto domiciliario. Catalina Pérez, por su parte, sigue siendo investigada por la PDI y ha declarado como imputada en el caso.
Al igual como lo hizo la Municipalidad de Maipú con la exalcaldesa Cathy Barriga , quien se encuentra en prisión preventiva y formalizada por falsificación de instrumento público y fraude al fisco por más de $32 000 millones, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó al Juzgado de Garantía de Concepción retener las ganancias generadas por Camila Polizzi en una plataforma para adultos.
En el marco de la investigación del caso Convenios, la Fiscalía regional de Coquimbo ha llevado a cabo una serie de allanamientos en 14 domicilios, de los cuales 12 se encuentran en la Región Metropolitana y dos en el Biobío. Entre las propiedades registradas se encuentran las de Alberto Larraín, cofundador de la Fundación Procultura, y María Constanza Gómez, su representante legal. Ante esto, las acciones que se llevaron a cabo esta semana, involucraron entradas y registros en diversas comunas, incluyendo Colina, Lo Barnechea, Vitacura, y Santiago Centro, así como en Concepción. Además de los allanamientos, la Fiscalía ha tomado declaración a funcionarios de la fundación y a otros personeros públicos. Durante los registros, se incautaron dispositivos electrónicos como CPUs, notebooks y teléfonos celulares, junto con documentación relevante para la investigación. Las autoridades también lograron acceder a bases de datos de correos electrónicos y nubes informáticas vinculadas a la fundación. Finalmente, el caso está siendo dirigido por el fiscal regional Patricio Cooper, quien fue asignado el 26 de junio. Recientemente, la causa ha cobrado notoriedad debido a la implicación de Irina Karamanos, ex primera dama, quien presuntamente realizó transferencias a la fundación. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer los vínculos y posibles irregularidades en el uso de fondos públicos.
El Juzgado de Garantía de Concepción ha ordenado levantar el secreto bancario de las cuentas del gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz (ex DC), así como las de su esposa e hijos. Esta medida responde a una solicitud del Ministerio Público en el marco de la investigación por presunto fraude al fisco en el Caso Convenios, específicamente en la arista que involucra traspasos irregulares de fondos desde el Gobierno Regional a la Fundación En Ti. Una de las imputadas en este caso es Camila Polizzi. Ante esto, la solicitud de alzamiento del secreto bancario fue presentada por la fiscal María José Aguayo, de la Unidad de Alta Complejidad del Biobío. La medida también afecta al administrador regional, Iván Valenzuela. En respuesta, el gobernador Díaz manifestó su disposición a colaborar con la justicia. Asimismo, el gobernador Diaz señaló quehe tomado en conocimiento que la fiscal ha solicitado que las cuentas corrientes -cuenta de ahorro en el caso de mi hija pequeña- puedan ser conocidas y le hemos hecho llegar una autorización a la fiscal que instruye la causa para que conozca todos los antecedentes de mi señora y espero que en las próximas horas también lleguen de mis hijos debidamente firmados. Así también, Rodrigo Díaz insistió en que no tienenada que ocultar y expresó que, si se le hubiera solicitado voluntariamente, habría entregado la información sin problemas. Cualquier antecedente que se quiera conocer, tanto mío o de mi familia, siempre, siempre va a estar disponible”, añadió el gobernador. Finalmente, Díaz reiteró su compromiso con la transparencia durante todo el proceso de investigación.He tenido esa conducta desde que partió este proceso, poniendo yo voluntariamente mis antecedentes bancarios a disposición y lo voy a seguir haciendo en cualquier cosa para contribuir a esclarecer la verdad sobre estos hechos, concluyó.
La Fiscalía Regional de Antofagasta ha abierto una investigación penal, de oficio, tras la filtración de conversaciones contenidas en la carpeta investigativa del caso Democracia Viva, un hecho que ha reavivado la polémica en torno a la diputada Catalina Pérez (FA). Las filtraciones, que incluyen chats de WhatsApp, sugieren que la parlamentaria habría tenido conocimiento de los convenios entre su ex pareja Daniel Andrade y el exseremi Carlos Contreras, mucho antes de que dicha información fuera revelada por los medios. Mediante una declaración pública, el Ministerio Público confirmó la apertura de la investigación: “La Fiscalía Regional de Antofagasta dispuso, de oficio, la apertura de una investigación penal debido a la divulgación en distintos medios de comunicación nacional, de antecedentes relacionados con la investigación que se lleva adelante en la denominada arista Democracia Viva del Caso Convenios” , indicaron. La indagatoria será dirigida por el fiscal adjunto Eduardo Ríos Briones, quien tendrá la responsabilidad de determinar el origen de las filtraciones y, si es necesario, presentar acciones legales contra los responsables de violar la reserva de la carpeta investigativa. Este nuevo giro en el caso mantiene en el centro de la controversia tanto a la diputada como a las autoridades involucradas, generando un nuevo capítulo en una investigación que sigue siendo de gran interés público.
El caso que ha sacudido al país, el denominado Caso Democracia Viva, ha dado un nuevo giro con la revelación de un informe de la Policía de Investigaciones (PDI). En este documento, se detallan conversaciones entre la diputada Catalina Pérez y su entonces pareja, Daniel Andrade, quien es uno de los principales imputados por el escándalo de corrupción. Según el informe al cual tuvo acceso La Segunda, en un mensaje del 29 de julio de 2022, Andrade le comunicó a Pérez sobre una reunión con el entonces Seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, actualmente en prisión preventiva. Me llamó Carlos y parece que hoy pueden salir las lucas , escribió Andrade, aunque no se menciona si hubo respuesta de la diputada. En otro intercambio de mensajes de septiembre de 2022, Pérez coordina con Andrade para que ella lo pase a buscar en una hora determinada, mientras él le menciona que la reunión con Contreras ha sido reprogramada. “Carlos me corrió la reunión para las 17.00” , le informa Andrade, destacando la importancia del convenio con Contreras. Este tipo de diálogos resalta el papel de la Fundación Democracia Viva en la gestión de convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, entidad que le otorgó 370 millones de pesos a la fundación de Andrade, a pesar de que esta no tenía experiencia en proyectos similares. Este hecho desencadenó el Caso Convenios, que ha puesto en evidencia varias irregularidades y casos de corrupción dentro de distintas instituciones del Estado. Finalmente, recordar que Carlos Contreras, quien fuera cercano asesor de Pérez, se encuentra en prisión preventiva, mientras que Daniel Andrade estuvo en la misma situación, pero actualmente se encuentra con arresto domiciliario. Catalina Pérez, por su parte, sigue siendo investigada por la PDI y ha declarado como imputada en el caso.
Al igual como lo hizo la Municipalidad de Maipú con la exalcaldesa Cathy Barriga , quien se encuentra en prisión preventiva y formalizada por falsificación de instrumento público y fraude al fisco por más de $32 000 millones, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó al Juzgado de Garantía de Concepción retener las ganancias generadas por Camila Polizzi en una plataforma para adultos.
En el marco de la investigación del caso Convenios, la Fiscalía regional de Coquimbo ha llevado a cabo una serie de allanamientos en 14 domicilios, de los cuales 12 se encuentran en la Región Metropolitana y dos en el Biobío. Entre las propiedades registradas se encuentran las de Alberto Larraín, cofundador de la Fundación Procultura, y María Constanza Gómez, su representante legal. Ante esto, las acciones que se llevaron a cabo esta semana, involucraron entradas y registros en diversas comunas, incluyendo Colina, Lo Barnechea, Vitacura, y Santiago Centro, así como en Concepción. Además de los allanamientos, la Fiscalía ha tomado declaración a funcionarios de la fundación y a otros personeros públicos. Durante los registros, se incautaron dispositivos electrónicos como CPUs, notebooks y teléfonos celulares, junto con documentación relevante para la investigación. Las autoridades también lograron acceder a bases de datos de correos electrónicos y nubes informáticas vinculadas a la fundación. Finalmente, el caso está siendo dirigido por el fiscal regional Patricio Cooper, quien fue asignado el 26 de junio. Recientemente, la causa ha cobrado notoriedad debido a la implicación de Irina Karamanos, ex primera dama, quien presuntamente realizó transferencias a la fundación. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer los vínculos y posibles irregularidades en el uso de fondos públicos.
El Juzgado de Garantía de Concepción ha ordenado levantar el secreto bancario de las cuentas del gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz (ex DC), así como las de su esposa e hijos. Esta medida responde a una solicitud del Ministerio Público en el marco de la investigación por presunto fraude al fisco en el Caso Convenios, específicamente en la arista que involucra traspasos irregulares de fondos desde el Gobierno Regional a la Fundación En Ti. Una de las imputadas en este caso es Camila Polizzi. Ante esto, la solicitud de alzamiento del secreto bancario fue presentada por la fiscal María José Aguayo, de la Unidad de Alta Complejidad del Biobío. La medida también afecta al administrador regional, Iván Valenzuela. En respuesta, el gobernador Díaz manifestó su disposición a colaborar con la justicia. Asimismo, el gobernador Diaz señaló quehe tomado en conocimiento que la fiscal ha solicitado que las cuentas corrientes -cuenta de ahorro en el caso de mi hija pequeña- puedan ser conocidas y le hemos hecho llegar una autorización a la fiscal que instruye la causa para que conozca todos los antecedentes de mi señora y espero que en las próximas horas también lleguen de mis hijos debidamente firmados. Así también, Rodrigo Díaz insistió en que no tienenada que ocultar y expresó que, si se le hubiera solicitado voluntariamente, habría entregado la información sin problemas. Cualquier antecedente que se quiera conocer, tanto mío o de mi familia, siempre, siempre va a estar disponible”, añadió el gobernador. Finalmente, Díaz reiteró su compromiso con la transparencia durante todo el proceso de investigación.He tenido esa conducta desde que partió este proceso, poniendo yo voluntariamente mis antecedentes bancarios a disposición y lo voy a seguir haciendo en cualquier cosa para contribuir a esclarecer la verdad sobre estos hechos, concluyó.
