Visiblemente emocionada y con la voz entrecortada, la exministra de Defensa, Maya Fernández agradeció a quienes la apoyaron en la votación, rechazando la acusación constitucional en su contra en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se desestimó seguir adelante con el libelo al declararlo inadmisible con una votación de 64 votos a favor y 70 votos en contra. Todo esto ocurrió durante la jornada de este miércoles 26 de marzo en la Cámara Baja, donde se analizó el libelo de la acusación, debido a la fallida venta de la casa del abuelo de la exministra, el expresidente Salvador Allende, al Estado. Dentro de los principales argumentos de quienes presentaron la acusación, estuvo que Fernández vulneró la Constitución al celebrar un contrato con el Estado estando en el ejercicio de un cargo ministerial. Dicha operación apuntaba a la venta de la casa del expresidente Salvador Allende. Así, Fernández tuvo que enfrentar a los parlamentarios pese a haber renunciado al cargo frente a la cartera de Defensa el pasado 10 de marzo. “Siempre he sido respetuosa del Congreso, de las facultades que tiene el Congreso. Quiero agradecer a quienes me apoyaron rechazando esta acusación constitucional hoy. Ir al fondo de la cuestión fue muy importante”, señaló Maya Fernández tras salir de sala. A lo anterior, añadió que “creo que lo que correspondía fue dar los argumentos jurídicos, que es lo que corresponde a una acusacion constitucional. Quienes me conocen saben que nunca he hablado sobre familia ajena”. Finalmente y con lágrimas visibles Maya Fernández puntualizó: “me voy muy tranquila y muy agradecida por mis compañeros. Siempre duele cuando agreden tu familia”. Mientras tanto los parlamentarios opositores criticaron el resultado argumentando entre otras cosas que en Chile el apellido Allende sigue siendo “intocable” como lo calificaron. Fuente: Publimetro
En las próximas semanas partidos de la oposición presentarían la acusación constitucional (AC) en contra de la ministra de Defensa, Maya Fernández, tras la fallida compra por parte del Estado de la casa del expresidente Salvador Allende. Si bien tanto el Partido Republicano como la UDI ya redactaron un primer borrador de la AC, decidieron compartir el documento con los demás partidos de oposición, con el fin de contar con los votos que permitan aprobar la acusación contra la secretaria de Estado. Sin embargo, en Evópoli se desmarcaron de momento de una AC en contra de Maya Fernández, luego que el jefe de bancada y vicepresidente del partido, Jorge Guzmán, señalara que “ iniciar el año legislativo con acusaciones constitucionales y censuras puede percibirse como acciones torpes y desconectadas de las necesidades del país. Como oposición debemos demostrar, responsabilidad, gobernabilidad y capacidad para trabajar en beneficio de la ciudadanía, en lugar de centrarse en conflictos y confrontaciones. El jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente, explicó que se ha decidido confrontar ambos textos, para “ver la posibilidad de unificarlos e ir unidos como una AC, junto al Partido Republicano”. Ximena Ossandón, jefa bancada RN destacó “el gesto que ha tenido Republicanos. Para nosotros fue sorprendente, y muy grato escuchar que nos habían enviado el texto para que nosotros lo comentáramos”. Asimismo detalló también están esperando “ la respuesta Demócratas ellos también lo recibieron. Amarillos también lo recibió y nosotros tenemos hacer este trabajo bien hecho. Primero tenemos ver si efectivamente tiene viabilidad política. Bancada Partido Republicano dio plazo semana para demás partidos hagan observaciones al texto AC contra ministra Defensa. Fuente: Publimetro
Este 10 de diciembre se cumplen 5 años desde que el Congreso aprobó una acusación constitucional en contra del exministro del Interior, Andrés Chadwick. En el juicio político, realizado en 2019, la entonces oposición acusó al exjefe de gabinete de Piñera de no haber adoptado medidas para detener la “sistemática violación a los derechos humanos durante el estado de emergencia” que rigió en Chile entre el 19 y el 28 de octubre y de “dañar la imagen del país con su actuar”. Además, uno de los diputados que fue a defender el líbelo ante el Senado fue el ahora Presidente, Gabriel Boric Font. Otro dato que hoy llama la atención es que el abogado defensor de Chadwick fue Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva en Capitán Yáber por el denominado Caso Audios. Al final, la acusación en la Cámara Alta se visó por 23 votos a favor y 18 en contra , lo que terminó con el exministro inhabilitado para ejercer cargos públicos por 5 años, plazo que hoy ya estaría cumplido. De esta manera, en caso de que Chadwick, hoy cuestionado en el marco del denominado Caso Audios, quisiera volver a la política pública y ejercer un cargo, estaría habilitado para hacerlo. El diputado Gabriel Boric (i) y el senador Jose Miguel Insulza (d), durante la sesión especial del Senado en donde se analiza la Acusación Constitucional en contra del ex ministro del Interior. Fuente: CNN Chile País
La abogada Ana María Watkins ha interpuesto un recurso de protección contra 99 diputados en un intento de anular la acusación constitucional que llevó a la destitución del exministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. La acusación, que se fundamenta en un presunto notable abandono de deberes, fue aprobada por el Senado, impidiendo que Muñoz ocupe cargos públicos durante los próximos cinco años. Ante esto, la controversia se origina en el caso “Fundamenta”, donde se investiga la posible entrega de información privilegiada sobre un fallo judicial a su hija, Graciel Muñoz, jueza del Duodécimo Juzgado de Garantía de Santiago. La abogada sostiene que la acusación es arbitraria e ilegal, vulnerando garantías constitucionales y pidiendo que se restablezca el estado anterior a su presentación. Finalmente, Watkins solicita también la emisión de una orden de no innovar para mantener la situación en el mismo estado mientras se tramita el recurso, y exige que se condene en costas a quienes interpusieron la acusación. Este conflicto legal subraya las tensiones en el ámbito político y judicial del país, y pone de relieve la relevancia de los mecanismos de control y fiscalización en la función pública. El recurso se interpuso en contra de los siguientes diputados/as: Eric Aedo, Yovana Ahumada, Jorge Alessandri, René Alinco, Cristián Araya, Jaime Araya, Mónica Arce, Roberto Arroyo, Danisa Astudillo, Chiara Barchiesi, Miguel Ángel Becker, Juan Carlos Beltrán, Gustavo Benavente, Bernardo Berger, Alejandro Bernales, Carlos Bianchi, Sergio Bobadilla, Fernando Bórquez, Marta Bravo, Miguel Ángel Calisto, Karol Cariola, Álvaro Carter, José Miguel Castro, Andrés Celis, Daniella Cicardini, Sofía Cid, Juan Antonio Coloma, Sara Concha, María Luisa Cordero, Eduardo Cornejo, Gonzalo de la Carrera, Catalina del Real, Viviana Delgado, Felipe Donoso, Eduardo Durán, Jorge Durán, Camila Flores, Juan Manuel Fuenzalida, Mauro González, Jorge Guzmán, Marcos Ilabaca, Juan Eduardo Irarrazával, Andrés Jouannet, Harry Jürgensen, Johannes Kaiser, Crisian Labbé, Tomás Lagomarsino, Joaquín Lavín, Henry Leal, Enrique Lee, Daniel Lilayu, Andrés Longton, Luis Malla, Daniel Manouchehri, Cristóbal Martínez, Carolina Marzán, Christian Matheson, Karen Medina, Cosme Mellado, Miguel Mellado, José Carlos Meza, Helia Molina, Carla Morales, Cristian Moreira, Benjamín Moreno, Francesca Muñoz, Camila Musante, María Gloria Naveillán, Erika Olivera, Ximena Ossandón, Rubén Oyarzo, Joanna Pérez, Marlene Pérez, Guillermo Ramírez, Marcia Raphael, Jorge Rathgeb, Hugo Rey, Gaspar Rivas, Agustín Romero, Leonidas Romero, Natalia Romero, Jorge Saffirio, Luis Fernando Sánchez, Marisela Santibáñez, Frank Sauerbaum, Diego Schalper, Stephan Schubert, Alexis Sepúlveda, Raúl Soto, Marco Antonio Sulantay, Cristian Tapia, Hotuiti Teao, Renzo Trisotti, Héctor Ulloa, Francisco Undurraga, Cristóbal Urruticoechea, Sebastián Videla, Gastón Von Mühlenbrock y Flor Weisse.
En una reciente reunión del Pleno en el Palacio de Tribunales, la vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, se refirió a la destitución de los exministros Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, quienes fueron inhabilitados para ejercer funciones públicas tras la aprobación de acusaciones constitucionales en el Senado. Melo destacó que, a pesar de los acontecimientos aislados, el Poder Judicial continúa su labor con integridad. “Reconocemos la independencia entre los poderes del Estado y respetamos la decisión adoptada por el Senado, ya que no nos corresponde calificarla”, declaró Melo. Al respecto del informe en la comisión de Ética contra Muñoz, informó que el Tribunal Pleno decidió archivar los antecedentes dado que el exministro ya no forma parte del Poder Judicial. Ante esto, Melo hizo hincapié en la profesionalidad del Poder Judicial, afirmando que “no es justo catalogar a todo un sistema como corrupto por acciones aisladas”. Además, recalcó que las decisiones tomadas por el tribunal pueden no satisfacer a todos, pero esto no implica la existencia de corrupción o malos manejos. “Este Poder Judicial es muy profesional, y es injusto que se nos catalogue de esa manera”, concluyó. Finalmente, con esta declaración, la Corte Suprema busca reafirmar su compromiso con la ética y la independencia, en medio de un contexto político y judicial complejo.
Visiblemente emocionada y con la voz entrecortada, la exministra de Defensa, Maya Fernández agradeció a quienes la apoyaron en la votación, rechazando la acusación constitucional en su contra en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se desestimó seguir adelante con el libelo al declararlo inadmisible con una votación de 64 votos a favor y 70 votos en contra. Todo esto ocurrió durante la jornada de este miércoles 26 de marzo en la Cámara Baja, donde se analizó el libelo de la acusación, debido a la fallida venta de la casa del abuelo de la exministra, el expresidente Salvador Allende, al Estado. Dentro de los principales argumentos de quienes presentaron la acusación, estuvo que Fernández vulneró la Constitución al celebrar un contrato con el Estado estando en el ejercicio de un cargo ministerial. Dicha operación apuntaba a la venta de la casa del expresidente Salvador Allende. Así, Fernández tuvo que enfrentar a los parlamentarios pese a haber renunciado al cargo frente a la cartera de Defensa el pasado 10 de marzo. “Siempre he sido respetuosa del Congreso, de las facultades que tiene el Congreso. Quiero agradecer a quienes me apoyaron rechazando esta acusación constitucional hoy. Ir al fondo de la cuestión fue muy importante”, señaló Maya Fernández tras salir de sala. A lo anterior, añadió que “creo que lo que correspondía fue dar los argumentos jurídicos, que es lo que corresponde a una acusacion constitucional. Quienes me conocen saben que nunca he hablado sobre familia ajena”. Finalmente y con lágrimas visibles Maya Fernández puntualizó: “me voy muy tranquila y muy agradecida por mis compañeros. Siempre duele cuando agreden tu familia”. Mientras tanto los parlamentarios opositores criticaron el resultado argumentando entre otras cosas que en Chile el apellido Allende sigue siendo “intocable” como lo calificaron. Fuente: Publimetro
En las próximas semanas partidos de la oposición presentarían la acusación constitucional (AC) en contra de la ministra de Defensa, Maya Fernández, tras la fallida compra por parte del Estado de la casa del expresidente Salvador Allende. Si bien tanto el Partido Republicano como la UDI ya redactaron un primer borrador de la AC, decidieron compartir el documento con los demás partidos de oposición, con el fin de contar con los votos que permitan aprobar la acusación contra la secretaria de Estado. Sin embargo, en Evópoli se desmarcaron de momento de una AC en contra de Maya Fernández, luego que el jefe de bancada y vicepresidente del partido, Jorge Guzmán, señalara que “ iniciar el año legislativo con acusaciones constitucionales y censuras puede percibirse como acciones torpes y desconectadas de las necesidades del país. Como oposición debemos demostrar, responsabilidad, gobernabilidad y capacidad para trabajar en beneficio de la ciudadanía, en lugar de centrarse en conflictos y confrontaciones. El jefe de bancada de la UDI, Gustavo Benavente, explicó que se ha decidido confrontar ambos textos, para “ver la posibilidad de unificarlos e ir unidos como una AC, junto al Partido Republicano”. Ximena Ossandón, jefa bancada RN destacó “el gesto que ha tenido Republicanos. Para nosotros fue sorprendente, y muy grato escuchar que nos habían enviado el texto para que nosotros lo comentáramos”. Asimismo detalló también están esperando “ la respuesta Demócratas ellos también lo recibieron. Amarillos también lo recibió y nosotros tenemos hacer este trabajo bien hecho. Primero tenemos ver si efectivamente tiene viabilidad política. Bancada Partido Republicano dio plazo semana para demás partidos hagan observaciones al texto AC contra ministra Defensa. Fuente: Publimetro
Este 10 de diciembre se cumplen 5 años desde que el Congreso aprobó una acusación constitucional en contra del exministro del Interior, Andrés Chadwick. En el juicio político, realizado en 2019, la entonces oposición acusó al exjefe de gabinete de Piñera de no haber adoptado medidas para detener la “sistemática violación a los derechos humanos durante el estado de emergencia” que rigió en Chile entre el 19 y el 28 de octubre y de “dañar la imagen del país con su actuar”. Además, uno de los diputados que fue a defender el líbelo ante el Senado fue el ahora Presidente, Gabriel Boric Font. Otro dato que hoy llama la atención es que el abogado defensor de Chadwick fue Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva en Capitán Yáber por el denominado Caso Audios. Al final, la acusación en la Cámara Alta se visó por 23 votos a favor y 18 en contra , lo que terminó con el exministro inhabilitado para ejercer cargos públicos por 5 años, plazo que hoy ya estaría cumplido. De esta manera, en caso de que Chadwick, hoy cuestionado en el marco del denominado Caso Audios, quisiera volver a la política pública y ejercer un cargo, estaría habilitado para hacerlo. El diputado Gabriel Boric (i) y el senador Jose Miguel Insulza (d), durante la sesión especial del Senado en donde se analiza la Acusación Constitucional en contra del ex ministro del Interior. Fuente: CNN Chile País
La abogada Ana María Watkins ha interpuesto un recurso de protección contra 99 diputados en un intento de anular la acusación constitucional que llevó a la destitución del exministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. La acusación, que se fundamenta en un presunto notable abandono de deberes, fue aprobada por el Senado, impidiendo que Muñoz ocupe cargos públicos durante los próximos cinco años. Ante esto, la controversia se origina en el caso “Fundamenta”, donde se investiga la posible entrega de información privilegiada sobre un fallo judicial a su hija, Graciel Muñoz, jueza del Duodécimo Juzgado de Garantía de Santiago. La abogada sostiene que la acusación es arbitraria e ilegal, vulnerando garantías constitucionales y pidiendo que se restablezca el estado anterior a su presentación. Finalmente, Watkins solicita también la emisión de una orden de no innovar para mantener la situación en el mismo estado mientras se tramita el recurso, y exige que se condene en costas a quienes interpusieron la acusación. Este conflicto legal subraya las tensiones en el ámbito político y judicial del país, y pone de relieve la relevancia de los mecanismos de control y fiscalización en la función pública. El recurso se interpuso en contra de los siguientes diputados/as: Eric Aedo, Yovana Ahumada, Jorge Alessandri, René Alinco, Cristián Araya, Jaime Araya, Mónica Arce, Roberto Arroyo, Danisa Astudillo, Chiara Barchiesi, Miguel Ángel Becker, Juan Carlos Beltrán, Gustavo Benavente, Bernardo Berger, Alejandro Bernales, Carlos Bianchi, Sergio Bobadilla, Fernando Bórquez, Marta Bravo, Miguel Ángel Calisto, Karol Cariola, Álvaro Carter, José Miguel Castro, Andrés Celis, Daniella Cicardini, Sofía Cid, Juan Antonio Coloma, Sara Concha, María Luisa Cordero, Eduardo Cornejo, Gonzalo de la Carrera, Catalina del Real, Viviana Delgado, Felipe Donoso, Eduardo Durán, Jorge Durán, Camila Flores, Juan Manuel Fuenzalida, Mauro González, Jorge Guzmán, Marcos Ilabaca, Juan Eduardo Irarrazával, Andrés Jouannet, Harry Jürgensen, Johannes Kaiser, Crisian Labbé, Tomás Lagomarsino, Joaquín Lavín, Henry Leal, Enrique Lee, Daniel Lilayu, Andrés Longton, Luis Malla, Daniel Manouchehri, Cristóbal Martínez, Carolina Marzán, Christian Matheson, Karen Medina, Cosme Mellado, Miguel Mellado, José Carlos Meza, Helia Molina, Carla Morales, Cristian Moreira, Benjamín Moreno, Francesca Muñoz, Camila Musante, María Gloria Naveillán, Erika Olivera, Ximena Ossandón, Rubén Oyarzo, Joanna Pérez, Marlene Pérez, Guillermo Ramírez, Marcia Raphael, Jorge Rathgeb, Hugo Rey, Gaspar Rivas, Agustín Romero, Leonidas Romero, Natalia Romero, Jorge Saffirio, Luis Fernando Sánchez, Marisela Santibáñez, Frank Sauerbaum, Diego Schalper, Stephan Schubert, Alexis Sepúlveda, Raúl Soto, Marco Antonio Sulantay, Cristian Tapia, Hotuiti Teao, Renzo Trisotti, Héctor Ulloa, Francisco Undurraga, Cristóbal Urruticoechea, Sebastián Videla, Gastón Von Mühlenbrock y Flor Weisse.
En una reciente reunión del Pleno en el Palacio de Tribunales, la vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, se refirió a la destitución de los exministros Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, quienes fueron inhabilitados para ejercer funciones públicas tras la aprobación de acusaciones constitucionales en el Senado. Melo destacó que, a pesar de los acontecimientos aislados, el Poder Judicial continúa su labor con integridad. “Reconocemos la independencia entre los poderes del Estado y respetamos la decisión adoptada por el Senado, ya que no nos corresponde calificarla”, declaró Melo. Al respecto del informe en la comisión de Ética contra Muñoz, informó que el Tribunal Pleno decidió archivar los antecedentes dado que el exministro ya no forma parte del Poder Judicial. Ante esto, Melo hizo hincapié en la profesionalidad del Poder Judicial, afirmando que “no es justo catalogar a todo un sistema como corrupto por acciones aisladas”. Además, recalcó que las decisiones tomadas por el tribunal pueden no satisfacer a todos, pero esto no implica la existencia de corrupción o malos manejos. “Este Poder Judicial es muy profesional, y es injusto que se nos catalogue de esa manera”, concluyó. Finalmente, con esta declaración, la Corte Suprema busca reafirmar su compromiso con la ética y la independencia, en medio de un contexto político y judicial complejo.
