La abogada Ana María Watkins ha interpuesto un recurso de protección contra 99 diputados en un intento de anular la acusación constitucional que llevó a la destitución del exministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. La acusación, que se fundamenta en un presunto notable abandono de deberes, fue aprobada por el Senado, impidiendo que Muñoz ocupe cargos públicos durante los próximos cinco años. Ante esto, la controversia se origina en el caso “Fundamenta”, donde se investiga la posible entrega de información privilegiada sobre un fallo judicial a su hija, Graciel Muñoz, jueza del Duodécimo Juzgado de Garantía de Santiago. La abogada sostiene que la acusación es arbitraria e ilegal, vulnerando garantías constitucionales y pidiendo que se restablezca el estado anterior a su presentación. Finalmente, Watkins solicita también la emisión de una orden de no innovar para mantener la situación en el mismo estado mientras se tramita el recurso, y exige que se condene en costas a quienes interpusieron la acusación. Este conflicto legal subraya las tensiones en el ámbito político y judicial del país, y pone de relieve la relevancia de los mecanismos de control y fiscalización en la función pública. El recurso se interpuso en contra de los siguientes diputados/as: Eric Aedo, Yovana Ahumada, Jorge Alessandri, René Alinco, Cristián Araya, Jaime Araya, Mónica Arce, Roberto Arroyo, Danisa Astudillo, Chiara Barchiesi, Miguel Ángel Becker, Juan Carlos Beltrán, Gustavo Benavente, Bernardo Berger, Alejandro Bernales, Carlos Bianchi, Sergio Bobadilla, Fernando Bórquez, Marta Bravo, Miguel Ángel Calisto, Karol Cariola, Álvaro Carter, José Miguel Castro, Andrés Celis, Daniella Cicardini, Sofía Cid, Juan Antonio Coloma, Sara Concha, María Luisa Cordero, Eduardo Cornejo, Gonzalo de la Carrera, Catalina del Real, Viviana Delgado, Felipe Donoso, Eduardo Durán, Jorge Durán, Camila Flores, Juan Manuel Fuenzalida, Mauro González, Jorge Guzmán, Marcos Ilabaca, Juan Eduardo Irarrazával, Andrés Jouannet, Harry Jürgensen, Johannes Kaiser, Crisian Labbé, Tomás Lagomarsino, Joaquín Lavín, Henry Leal, Enrique Lee, Daniel Lilayu, Andrés Longton, Luis Malla, Daniel Manouchehri, Cristóbal Martínez, Carolina Marzán, Christian Matheson, Karen Medina, Cosme Mellado, Miguel Mellado, José Carlos Meza, Helia Molina, Carla Morales, Cristian Moreira, Benjamín Moreno, Francesca Muñoz, Camila Musante, María Gloria Naveillán, Erika Olivera, Ximena Ossandón, Rubén Oyarzo, Joanna Pérez, Marlene Pérez, Guillermo Ramírez, Marcia Raphael, Jorge Rathgeb, Hugo Rey, Gaspar Rivas, Agustín Romero, Leonidas Romero, Natalia Romero, Jorge Saffirio, Luis Fernando Sánchez, Marisela Santibáñez, Frank Sauerbaum, Diego Schalper, Stephan Schubert, Alexis Sepúlveda, Raúl Soto, Marco Antonio Sulantay, Cristian Tapia, Hotuiti Teao, Renzo Trisotti, Héctor Ulloa, Francisco Undurraga, Cristóbal Urruticoechea, Sebastián Videla, Gastón Von Mühlenbrock y Flor Weisse.
En una reciente reunión del Pleno en el Palacio de Tribunales, la vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, se refirió a la destitución de los exministros Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, quienes fueron inhabilitados para ejercer funciones públicas tras la aprobación de acusaciones constitucionales en el Senado. Melo destacó que, a pesar de los acontecimientos aislados, el Poder Judicial continúa su labor con integridad. “Reconocemos la independencia entre los poderes del Estado y respetamos la decisión adoptada por el Senado, ya que no nos corresponde calificarla”, declaró Melo. Al respecto del informe en la comisión de Ética contra Muñoz, informó que el Tribunal Pleno decidió archivar los antecedentes dado que el exministro ya no forma parte del Poder Judicial. Ante esto, Melo hizo hincapié en la profesionalidad del Poder Judicial, afirmando que “no es justo catalogar a todo un sistema como corrupto por acciones aisladas”. Además, recalcó que las decisiones tomadas por el tribunal pueden no satisfacer a todos, pero esto no implica la existencia de corrupción o malos manejos. “Este Poder Judicial es muy profesional, y es injusto que se nos catalogue de esa manera”, concluyó. Finalmente, con esta declaración, la Corte Suprema busca reafirmar su compromiso con la ética y la independencia, en medio de un contexto político y judicial complejo.
El asunto había nacido raro. Diputados de oposición tenían la idea de levantar una acusación constitucional contra el juez de la Corte Suprema Sergio Muñoz, pero se sondeaba escaso apoyo, por lo que se decidió presentarla en un solo texto junto con otra magistrada, Ángela Vivanco. Obligados a votar todo junto, el asunto avanzó en la comisión revisora y en el hemiciclo, por lo que pasó al Senado para que diera la última palabra. PUBLICIDAD Aunque había sobrevivido a los pasos anteriores, se supuso que una vez escindida de la media AC contra Vivanco no habría tanto apoyo y, como señalaron sectores de izquierda, el gusto que se estaba dando la derecha acusando a un juez conocido por decisiones en contra de delitos en Dictadura o, más recientemente, en contra de las Isapres, se acabaría en la jornada de ayer. Pero no fue así. Si cualquiera de los dos capítulos de la AC alcanzaba 25 votos el magistrado el libelo se daría por aprobado, lo que significaría la salida de Muñoz de la Corte Suprema y la inhabilidad para ejercer cualquier cargo público por cinco años. Los cálculos decían que la oposición tenía 24 preferencias, por lo que la suerte del juez colgaba de un hilo. Uno a uno los senadores fueron argumentando si creían lo que señalaba el libelo acusatorio o las palabras de Muñoz, quien personalmente se defendió el martes en el Senado. La hija del magistrado -también juez- tuvo un rol clave. Por un lado, se acusaba al juez de haberle entregado información confidencial de una sentencia respecto de un proyecto inmobiliario en que Graciel Muñoz quería invertir, asunto que era refrendado por la declaración de una empleada de la inmobiliaria. Por otro, se decía que el letrado había ayudado a su hija a ocultar que estaba realizando su labor como jueza desde Italia y no en Chile, como indica la normativa. Las palabras se entregaron en orden alfabético y tempranamente, cuando Karim Bianchi (Ind.) expuso sus razones se supo que sería una tarde negra para Muñoz. El voto a favor de Francisco Chahuán (RN), quien se creía que podría haberse inhabilitado por estar casado con una jueza, y las exposiciones de los demócratas Ximena Rincón y Matías Walker (hacia el final, obviamente) terminaron por sellar la suerte del magistrado. Finalmente, por el capítulo “inmobiliaria” la votación fue 27-21 y el punto “Italia”, 25-23. “El acusado sabía o debió haber sabido del interés patrimonial de su hija. Y al detectar irregularidades que comprometan el funcionamiento del sistema judicial, como las cometidas por su hija, tiene un deber de denuncia”, indicó Bianchi. PUBLICIDAD Rincón (Dem.) dijo que “cuando un juez enfrenta una causa en la que exista algún vínculo personal, familiar o patrimonial, su deber es apartarse. La falta de acción del ministro Muñoz abre la puerta a dudas razonables”. El oficialismo mantuvo la tesis de que esta es una venganza de la oposición. Juan Ignacio Latorre (FA) señaló que “se quiere castigar al juez por sus fallos”. “Un ajuste de cuentas por su trayectoria”, agregó Gastón Saavedra (PS). Francisco Huenchumilla (DC) advirtió que el nacimiento de una AC que unía los casos de Muñoz y Vivanco “creó un proceso viciado”. Al final de la jornada se votó la AC contra la ya destituida jueza Ángela Vivanco y el resultado fue demoledor: 47 votos a favor y ninguno en contra, por lo que no podrá ocupar cargos públicos por cinco años. Gobierno ingresa reforma para nombramiento de jueces El ministro de Justicia, Luis Cordero, presentó en la Comisión de Constitución de la Cámara la reforma a la Carta Fundamental con los cambios que propone el Ejecutivo al sistema de nombramiento de jueces, que incluye la creación de un Consejo de Nombramientos Judiciales y suprime a los abogados integrantes. Un eje de la propuesta es “separar en distintos organismos autónomos las funciones administrativas y jurisdiccionales de la Corte Suprema”; otro es “generar procedimientos de nombramientos que se rijan por la concursabilidad y la oposición competitiva” y “fijar criterios claros para la gestión de conflictos de interés, reduciendo el riesgo de corrupción”. El Consejo de Nombramientos estaría integrado por un ministro de la Corte Suprema, otro de una de Apelaciones; un juez letrado; un abogado nominado por el Cruch y otro por el Presidente de la República. El senador Iván Flores (DC) aseguró que “hace rato que venimos reclamando la falta de transparencia en los procesos de búsqueda y nombramiento de autoridades del Poder Judicial”. El presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Ángel Calisto (Ind.), señaló que “lamento que haya opiniones críticas porque creo que esta propuesta se hace cargo de la crisis que vive la Corte Suprema”, mientras que la miembro Camila Flores (RN) expresó que “existe un consenso transversal de la necesidad de modificar el sistema de nombramiento de jueces, pero no sé si la fórmula que el Gobierno ha decidido impulsar sea la mejor en términos prácticos”.
Luego de que la Sala del Senado aprobara la acusación constitucional presentada en contra del ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz Gajardo, siendo destituido de su cargo en el máximo tribunal –y quedando inhabilitado de ejercer cargos públicos durante los próximos cinco años– Ángela Vivanco tuvo las mismas consecuencias. PUBLICIDAD De esta manera, la Cámara Alta le dio el visto bueno a los capítulos referidos a Muñoz y también los que involucran a Vivanco. ¿Cómo fueron los votos? Respecto a la suspendido jueza, el Senado aprobó los líbelos acusatorios. En relación al primer capítulo, tuvo un resultado de 47 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención (Francisco Chahuán, RN). Por otro lado, acerca del segundo apartado, gozó de los mismos 47 favorables y 0 contrarios. Los cargos en contra de Ángela Vivanco Los cargos en contra de Vivanco no son sólo de carácter administrativo que adoptó la Suprema, sino que también tiene una arista penal que la perjudica. Respecto a este cargo penal, la abogada por la Universidad Católica y exministra de la Corte fue duramente criticada por los parlamentarios, quienes alegaban que no podía haber impunidad luego de las revelaciones que surgieron bajo el contexto del Caso Hermosilla, en el cual se habló hasta de corrupción. Por consecuencia de esta aprobación, la política –al igual que su símil Muñoz– quedó inhabilitada para tomar cargos públicos por los siguientes cinco años. Cabe recordar que la magistrada es cuestionada, entre otros hechos, por la interferencia en el proceso de nombramiento del Fiscal nacional y de conservadores de bienes raíces en Viña del Mar y Concón (Gonzalo Migueles), irregularidades en la aplicación de fallos, como el resuelto entre el Consorcio Belaz Movitec SpA y Codelco, y la entrega de información en causas contra Carabineros de Chile y de funcionarios de las Fuerzas Armadas.
En una extensa jornada, la Sala del Senado aprobó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, destituyéndolo de su cargo y sancionándolo con una inhabilitación de cinco años para ejercer cualquier función pública. El proceso comenzó pasadas las 10:00 horas, con un debate marcado por los cruces políticos entre oficialismo y oposición. Cada senador contó con un máximo de 10 minutos para justificar su votación respecto a los dos capítulos que componían el libelo, los cuales fueron aprobados en su totalidad. El foco del debate estuvo en las intenciones políticas detrás de la acusación, dado que también se vinculaba a la exministra Ángela Vivanco, pese a que sus situaciones no guardaban relación directa. Esto generó tensión entre las bancadas, especialmente desde el sector progresista, que acusó a la derecha de buscar un empate político. El magistrado Muñoz fue acusado por irregularidades en un caso inmobiliario relacionado con la empresa Fundamenta, donde su hija, la jueza Graciela Muñoz, habría sido favorecida. Además, se le imputó haber permitido que su hija realizara teletrabajo desde Italia durante la pandemia, lo que estaba prohibido. Con 25 votos a favor, luego de que la senadora Paulina Núñez (RN) presentara un permiso constitucional que redujo el quorum, la acusación fue aprobada. La votación generó expectación, especialmente entre independientes y sectores de centro, cuya posición era incierta hasta el último momento. Tras la aprobación, Muñoz, quien ya se encontraba suspendido de sus funciones, queda oficialmente destituido y no podrá ejercer ningún cargo público, ya sea por elección popular o designación, durante los próximos cinco años.
La abogada Ana María Watkins ha interpuesto un recurso de protección contra 99 diputados en un intento de anular la acusación constitucional que llevó a la destitución del exministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. La acusación, que se fundamenta en un presunto notable abandono de deberes, fue aprobada por el Senado, impidiendo que Muñoz ocupe cargos públicos durante los próximos cinco años. Ante esto, la controversia se origina en el caso “Fundamenta”, donde se investiga la posible entrega de información privilegiada sobre un fallo judicial a su hija, Graciel Muñoz, jueza del Duodécimo Juzgado de Garantía de Santiago. La abogada sostiene que la acusación es arbitraria e ilegal, vulnerando garantías constitucionales y pidiendo que se restablezca el estado anterior a su presentación. Finalmente, Watkins solicita también la emisión de una orden de no innovar para mantener la situación en el mismo estado mientras se tramita el recurso, y exige que se condene en costas a quienes interpusieron la acusación. Este conflicto legal subraya las tensiones en el ámbito político y judicial del país, y pone de relieve la relevancia de los mecanismos de control y fiscalización en la función pública. El recurso se interpuso en contra de los siguientes diputados/as: Eric Aedo, Yovana Ahumada, Jorge Alessandri, René Alinco, Cristián Araya, Jaime Araya, Mónica Arce, Roberto Arroyo, Danisa Astudillo, Chiara Barchiesi, Miguel Ángel Becker, Juan Carlos Beltrán, Gustavo Benavente, Bernardo Berger, Alejandro Bernales, Carlos Bianchi, Sergio Bobadilla, Fernando Bórquez, Marta Bravo, Miguel Ángel Calisto, Karol Cariola, Álvaro Carter, José Miguel Castro, Andrés Celis, Daniella Cicardini, Sofía Cid, Juan Antonio Coloma, Sara Concha, María Luisa Cordero, Eduardo Cornejo, Gonzalo de la Carrera, Catalina del Real, Viviana Delgado, Felipe Donoso, Eduardo Durán, Jorge Durán, Camila Flores, Juan Manuel Fuenzalida, Mauro González, Jorge Guzmán, Marcos Ilabaca, Juan Eduardo Irarrazával, Andrés Jouannet, Harry Jürgensen, Johannes Kaiser, Crisian Labbé, Tomás Lagomarsino, Joaquín Lavín, Henry Leal, Enrique Lee, Daniel Lilayu, Andrés Longton, Luis Malla, Daniel Manouchehri, Cristóbal Martínez, Carolina Marzán, Christian Matheson, Karen Medina, Cosme Mellado, Miguel Mellado, José Carlos Meza, Helia Molina, Carla Morales, Cristian Moreira, Benjamín Moreno, Francesca Muñoz, Camila Musante, María Gloria Naveillán, Erika Olivera, Ximena Ossandón, Rubén Oyarzo, Joanna Pérez, Marlene Pérez, Guillermo Ramírez, Marcia Raphael, Jorge Rathgeb, Hugo Rey, Gaspar Rivas, Agustín Romero, Leonidas Romero, Natalia Romero, Jorge Saffirio, Luis Fernando Sánchez, Marisela Santibáñez, Frank Sauerbaum, Diego Schalper, Stephan Schubert, Alexis Sepúlveda, Raúl Soto, Marco Antonio Sulantay, Cristian Tapia, Hotuiti Teao, Renzo Trisotti, Héctor Ulloa, Francisco Undurraga, Cristóbal Urruticoechea, Sebastián Videla, Gastón Von Mühlenbrock y Flor Weisse.
En una reciente reunión del Pleno en el Palacio de Tribunales, la vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, se refirió a la destitución de los exministros Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, quienes fueron inhabilitados para ejercer funciones públicas tras la aprobación de acusaciones constitucionales en el Senado. Melo destacó que, a pesar de los acontecimientos aislados, el Poder Judicial continúa su labor con integridad. “Reconocemos la independencia entre los poderes del Estado y respetamos la decisión adoptada por el Senado, ya que no nos corresponde calificarla”, declaró Melo. Al respecto del informe en la comisión de Ética contra Muñoz, informó que el Tribunal Pleno decidió archivar los antecedentes dado que el exministro ya no forma parte del Poder Judicial. Ante esto, Melo hizo hincapié en la profesionalidad del Poder Judicial, afirmando que “no es justo catalogar a todo un sistema como corrupto por acciones aisladas”. Además, recalcó que las decisiones tomadas por el tribunal pueden no satisfacer a todos, pero esto no implica la existencia de corrupción o malos manejos. “Este Poder Judicial es muy profesional, y es injusto que se nos catalogue de esa manera”, concluyó. Finalmente, con esta declaración, la Corte Suprema busca reafirmar su compromiso con la ética y la independencia, en medio de un contexto político y judicial complejo.
El asunto había nacido raro. Diputados de oposición tenían la idea de levantar una acusación constitucional contra el juez de la Corte Suprema Sergio Muñoz, pero se sondeaba escaso apoyo, por lo que se decidió presentarla en un solo texto junto con otra magistrada, Ángela Vivanco. Obligados a votar todo junto, el asunto avanzó en la comisión revisora y en el hemiciclo, por lo que pasó al Senado para que diera la última palabra. PUBLICIDAD Aunque había sobrevivido a los pasos anteriores, se supuso que una vez escindida de la media AC contra Vivanco no habría tanto apoyo y, como señalaron sectores de izquierda, el gusto que se estaba dando la derecha acusando a un juez conocido por decisiones en contra de delitos en Dictadura o, más recientemente, en contra de las Isapres, se acabaría en la jornada de ayer. Pero no fue así. Si cualquiera de los dos capítulos de la AC alcanzaba 25 votos el magistrado el libelo se daría por aprobado, lo que significaría la salida de Muñoz de la Corte Suprema y la inhabilidad para ejercer cualquier cargo público por cinco años. Los cálculos decían que la oposición tenía 24 preferencias, por lo que la suerte del juez colgaba de un hilo. Uno a uno los senadores fueron argumentando si creían lo que señalaba el libelo acusatorio o las palabras de Muñoz, quien personalmente se defendió el martes en el Senado. La hija del magistrado -también juez- tuvo un rol clave. Por un lado, se acusaba al juez de haberle entregado información confidencial de una sentencia respecto de un proyecto inmobiliario en que Graciel Muñoz quería invertir, asunto que era refrendado por la declaración de una empleada de la inmobiliaria. Por otro, se decía que el letrado había ayudado a su hija a ocultar que estaba realizando su labor como jueza desde Italia y no en Chile, como indica la normativa. Las palabras se entregaron en orden alfabético y tempranamente, cuando Karim Bianchi (Ind.) expuso sus razones se supo que sería una tarde negra para Muñoz. El voto a favor de Francisco Chahuán (RN), quien se creía que podría haberse inhabilitado por estar casado con una jueza, y las exposiciones de los demócratas Ximena Rincón y Matías Walker (hacia el final, obviamente) terminaron por sellar la suerte del magistrado. Finalmente, por el capítulo “inmobiliaria” la votación fue 27-21 y el punto “Italia”, 25-23. “El acusado sabía o debió haber sabido del interés patrimonial de su hija. Y al detectar irregularidades que comprometan el funcionamiento del sistema judicial, como las cometidas por su hija, tiene un deber de denuncia”, indicó Bianchi. PUBLICIDAD Rincón (Dem.) dijo que “cuando un juez enfrenta una causa en la que exista algún vínculo personal, familiar o patrimonial, su deber es apartarse. La falta de acción del ministro Muñoz abre la puerta a dudas razonables”. El oficialismo mantuvo la tesis de que esta es una venganza de la oposición. Juan Ignacio Latorre (FA) señaló que “se quiere castigar al juez por sus fallos”. “Un ajuste de cuentas por su trayectoria”, agregó Gastón Saavedra (PS). Francisco Huenchumilla (DC) advirtió que el nacimiento de una AC que unía los casos de Muñoz y Vivanco “creó un proceso viciado”. Al final de la jornada se votó la AC contra la ya destituida jueza Ángela Vivanco y el resultado fue demoledor: 47 votos a favor y ninguno en contra, por lo que no podrá ocupar cargos públicos por cinco años. Gobierno ingresa reforma para nombramiento de jueces El ministro de Justicia, Luis Cordero, presentó en la Comisión de Constitución de la Cámara la reforma a la Carta Fundamental con los cambios que propone el Ejecutivo al sistema de nombramiento de jueces, que incluye la creación de un Consejo de Nombramientos Judiciales y suprime a los abogados integrantes. Un eje de la propuesta es “separar en distintos organismos autónomos las funciones administrativas y jurisdiccionales de la Corte Suprema”; otro es “generar procedimientos de nombramientos que se rijan por la concursabilidad y la oposición competitiva” y “fijar criterios claros para la gestión de conflictos de interés, reduciendo el riesgo de corrupción”. El Consejo de Nombramientos estaría integrado por un ministro de la Corte Suprema, otro de una de Apelaciones; un juez letrado; un abogado nominado por el Cruch y otro por el Presidente de la República. El senador Iván Flores (DC) aseguró que “hace rato que venimos reclamando la falta de transparencia en los procesos de búsqueda y nombramiento de autoridades del Poder Judicial”. El presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Ángel Calisto (Ind.), señaló que “lamento que haya opiniones críticas porque creo que esta propuesta se hace cargo de la crisis que vive la Corte Suprema”, mientras que la miembro Camila Flores (RN) expresó que “existe un consenso transversal de la necesidad de modificar el sistema de nombramiento de jueces, pero no sé si la fórmula que el Gobierno ha decidido impulsar sea la mejor en términos prácticos”.
Luego de que la Sala del Senado aprobara la acusación constitucional presentada en contra del ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz Gajardo, siendo destituido de su cargo en el máximo tribunal –y quedando inhabilitado de ejercer cargos públicos durante los próximos cinco años– Ángela Vivanco tuvo las mismas consecuencias. PUBLICIDAD De esta manera, la Cámara Alta le dio el visto bueno a los capítulos referidos a Muñoz y también los que involucran a Vivanco. ¿Cómo fueron los votos? Respecto a la suspendido jueza, el Senado aprobó los líbelos acusatorios. En relación al primer capítulo, tuvo un resultado de 47 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención (Francisco Chahuán, RN). Por otro lado, acerca del segundo apartado, gozó de los mismos 47 favorables y 0 contrarios. Los cargos en contra de Ángela Vivanco Los cargos en contra de Vivanco no son sólo de carácter administrativo que adoptó la Suprema, sino que también tiene una arista penal que la perjudica. Respecto a este cargo penal, la abogada por la Universidad Católica y exministra de la Corte fue duramente criticada por los parlamentarios, quienes alegaban que no podía haber impunidad luego de las revelaciones que surgieron bajo el contexto del Caso Hermosilla, en el cual se habló hasta de corrupción. Por consecuencia de esta aprobación, la política –al igual que su símil Muñoz– quedó inhabilitada para tomar cargos públicos por los siguientes cinco años. Cabe recordar que la magistrada es cuestionada, entre otros hechos, por la interferencia en el proceso de nombramiento del Fiscal nacional y de conservadores de bienes raíces en Viña del Mar y Concón (Gonzalo Migueles), irregularidades en la aplicación de fallos, como el resuelto entre el Consorcio Belaz Movitec SpA y Codelco, y la entrega de información en causas contra Carabineros de Chile y de funcionarios de las Fuerzas Armadas.
En una extensa jornada, la Sala del Senado aprobó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, destituyéndolo de su cargo y sancionándolo con una inhabilitación de cinco años para ejercer cualquier función pública. El proceso comenzó pasadas las 10:00 horas, con un debate marcado por los cruces políticos entre oficialismo y oposición. Cada senador contó con un máximo de 10 minutos para justificar su votación respecto a los dos capítulos que componían el libelo, los cuales fueron aprobados en su totalidad. El foco del debate estuvo en las intenciones políticas detrás de la acusación, dado que también se vinculaba a la exministra Ángela Vivanco, pese a que sus situaciones no guardaban relación directa. Esto generó tensión entre las bancadas, especialmente desde el sector progresista, que acusó a la derecha de buscar un empate político. El magistrado Muñoz fue acusado por irregularidades en un caso inmobiliario relacionado con la empresa Fundamenta, donde su hija, la jueza Graciela Muñoz, habría sido favorecida. Además, se le imputó haber permitido que su hija realizara teletrabajo desde Italia durante la pandemia, lo que estaba prohibido. Con 25 votos a favor, luego de que la senadora Paulina Núñez (RN) presentara un permiso constitucional que redujo el quorum, la acusación fue aprobada. La votación generó expectación, especialmente entre independientes y sectores de centro, cuya posición era incierta hasta el último momento. Tras la aprobación, Muñoz, quien ya se encontraba suspendido de sus funciones, queda oficialmente destituido y no podrá ejercer ningún cargo público, ya sea por elección popular o designación, durante los próximos cinco años.
