Vecinos de La Serena enfrentan al Estado por hospital

La molestia de un grupo de vecinos del sector oriente de La Serena por la construcción del nuevo hospital ha sido evidente y para evitar los efectos negativos que estarían generando las obras, han recurrido a distintas instancias, tales como la Corte de Apelaciones, cuyo recurso fue rechazado y escaló a la Corte Suprema, y también al Primer Tribunal Ambiental, al que le piden que se revise si era pertinente que la iniciativa no ingresara al Servicio de Evaluación Ambiental. 

En este contexto, en conversación con Rafael Jordan, abogado que representa a los vecinos, explicó que “presentamos un recurso de reclamación, donde estamos solicitando que se invalide la resolución del año 2022, que eximió al proyecto del hospital de La Serena de la pertinencia de realizar un estudio de impacto ambiental y eso lo estamos reclamando en el Primer Tribunal Ambiental. Nos parece que por todos los antecedentes que hay, lo que debería haberse hecho es un Estudio de Impacto Ambiental. Lo que ocurre es que el SEA eximió a la concesionaria de este estudio principalmente por el hecho de que el lugar en donde se iba a realizar el proyecto y donde se está haciendo, por plan regulador, corresponde a un área de equipamiento de salud”, sostuvo. 

En esa línea, Jordan remarcó que “esa es la columna vertebral del por qué no se realizó un estudio de impacto ambiental, según el SEA. Pero por otro lado, toda la legislación ambiental, amparada principalmente en la ley 19.300, determina que cuando hay impactos al medio ambiente significativos, es obligatorio realizar un estudio. Entonces lo que debería haber primado acá no es la condición del suelo donde se va a realizar el hospital, sino lo que debería haberse considerado es si el proyecto del hospital iba o no iba a causar un impacto ambiental significativo y eso se dejó de lado”, enfatizó.

A juicio el abogado, por las características del proyecto, y considerando que son 25.000 metros cuadrados de obras, generará externalidades a las personas que viven en los alrededores. “No se hizo aquello que la ley ordenaba hacer, que era previamente un Estudio de Impacto Ambiental y eso estamos alegando porque en definitiva esto va a ser como una bola de nieve, porque en la medida que el proyecto empiece a agarrar cada vez más vuelo habrán más camiones, más obreros, y una vez funcionando el hospital, habrá más gente”, sostuvo.

Por otro lado, puntualizó que este tipo de iniciativas requeriría un estudio anticipado de impacto vial, “pero eso se está realizando ahora como una mitigación por lo que no se ha hecho de una forma seria que ordena la ley y eso tampoco lo tuvo en consideración el SEA”, acotó.

“Lo otro grave, que es lo que está detonando ahora, es que cuando se presentó la consulta de pertinencia, nada se dijo respecto de dónde iban a dejar la tierra de la excavación, por lo que cuando comienza la marcha del proyecto, se obtiene de la Dirección de Obras Municipales de La Serena una autorización para un botadero de tierra que tenía para efectos nivelar una parcela que está en Ulriksen”, señaló.

En ese sentido, aseguró que “fue absolutamente sobrepasado porque no solo no se niveló sino que es un acopio de tierra que nadie sabe que va a ocurrir con eso. Además hay un riesgo por cómo está el clima, porque puede venir una lluvia inesperada y eso va a ser un lodazal que se va a expandir por todo el lugar, además que el polvo en suspensión nadie lo controla, o el ruido. Entonces ese botadero de tierra por sí solo, aunque no estuviera vinculado al proyecto del hospital, ya debería haber sido objeto de un Estudio de Impacto Ambiental”, recalcó.

Por otro lado, enfatizó en que “lo que ha ocurrido en el fondo es que el proyecto viene del gobierno, de un organismo estatal. Entonces todas las fiscalizaciones están en manos del Estado, como la Superintendencia del Medio Ambiente, Obras Públicas o el Servicio de Evaluación Ambiental. Todo pertenece al gobierno y en definitiva han hecho una vista gorda porque en el fondo, el mandante del proyecto se confunde con las mismas autoridades que tienen que fiscalizarlo”.

POSIBLE CONFLICTO DE INTERESES 

Por otro lado, dentro de la causa que se lleva adelante en la Corte Suprema, Jordan advirtió un posible conflicto de interés considerando que Hernán Brücher, hoy abogado que representa a la sociedad concesionaria Acciona, en su momento fue director ejecutivo del SEA.

“En Chile actualmente no existe una norma específica que prohíba o sancione directamente la actuación de exfuncionarios públicos en asuntos relacionados con su antigua institución. Sin embargo, el principio de probidad administrativa, establece que quienes ejercen funciones públicas deben observar una conducta intachable, priorizando el interés general sobre el particular”, sostuvo.

En esa línea, agregó que “ese principio también implica a los exfuncionarios que deben evitar situaciones que puedan generar conflictos de interés o comprometer la imparcialidad y transparencia en la función pública. Sin duda cualquier persona podría sospechar que este señor siendo el director ejecutivo, es decir el jerarca del SEA, el mismo año 2022 que se presentó la consulta de pertinencia, lógicamente que tenía toda la red del SEA a su disposición aunque se haya ido dos meses antes. O sea, el conocimiento que tiene de toda la red integral del SEA, de quiénes son sus funcionarios, indudablemente que lo coloca en una situación de información privilegiada respecto a las personas que son los que están perjudicados y ahora nos estamos frente a esa misma situación”, agregó. 

Asimismo, acotó que “las personas con las cuales nosotros estamos en pleito, vienen de la misma raíz del organismo que eximió de realizar este Estudio de Impacto Ambiental. Entonces indudablemente eso ya tiene una apariencia sospechosa”. 

LA DECLARACIÓN DEL MOP 

El pasado fin de semana, desde Obras Públicas en tanto, esperan que “la necesidad de buscar soluciones a las diferencias con algunos vecinos y vecinas, no se transforme en una instancia de aprovechamiento político, porque la salud de los usuarios y usuarias siempre está primero”.

Frente a esta declaración, Jordan aseguró que “la idea de presentar esto como una manipulación política, como que estamos enfrentados frente al proyecto del hospital, que estamos en contra de que se haga este beneficio, en el fondo quieren demonizar a la gente que está solamente solicitando que se hagan valer sus derechos porque la gente no está en contra de nada. Lo único que quieren es, uno, vivir en un ambiente libre de contaminación, que es lo que consagra la Constitución Política de la República de Chile. Lo que es el derecho a la salud, que no estén con alergias, que no estén con sus casas llenas de polvo, que no estén con un ruido insoportable. Eso es lo que quiere la gente y en esto no hay ninguna utilización política”, cerró.

​