Aprueban Registro Nacional de Prófugos para combatir la delincuencia

La Cámara de Diputados aprobó hace unos días la modernización del Registro Nacional de Prófugos de la Justicia, un avance legislativo que busca optimizar la coordinación entre instituciones estatales para localizar y capturar a personas con órdenes judiciales pendientes. 

La iniciativa, definida como un mecanismo de protección social y disuasión delictual, establece un sistema integrado de datos entre el Ministerio Público, las policías y organismos como la DGAC y el Registro Civil, permitiendo controles más eficaces en aeropuertos, pasos fronterizos y otros puntos críticos del país.

En la Región de Coquimbo, la medida adquiere especial relevancia ante casos emblemáticos que permanecen sin resolver. Entre ellos destacan la búsqueda del segundo implicado en el asesinato del médico Nicolás Pinochet — brutalmente asesinado en un sitio eriazo —, la fuga de Christian Lucka Cortés y Kevin Mondaca desde la cárcel de Valparaíso en julio de 2021, y el reciente arresto en Perú de Daniel Soto, prófugo desde 2018 por la violación de una menor en Vicuña.

Dicho registro priorizará la transparencia mediante una nómina pública accesible en los portales de Carabineros, la PDI y el Ministerio Público, la cual incluirá nombres completos, fotografías, delitos imputados y antecedentes identificatorios de los fugitivos. 

Además, se autoriza la difusión de esta información en medios de comunicación, estrategia que, según el diputado Juan Manuel Fuenzalida, “dificultará el libre desplazamiento de delincuentes y potenciará la colaboración ciudadana”. 

El parlamentario enfatizó en que el listado solo incluirá a condenados o individuos con órdenes judiciales vigentes, descartando riesgos de exposición indebida.

“Esta lista busca que, en caso de que la ciudadanía los reconozca, pueda denunciarlos a la autoridad competente y así hacer más efectiva su captura. No veo riesgos en la exposición pública, ya que se trata de personas que han sido condenadas o tienen órdenes judiciales vigentes”, puntualizó.

En ese contexto, Fuenzalida señala que será función del gobierno a través de las publicidades y de los organismos mantener constantemente actualizado esta base de datos.

PRIORIZAR NOMBRES

Expertos, sin embargo, advierten desafíos claves que se deben considerar para la consolidación efectiva de esta iniciativa, como la protección de los derechos humanos.

 Al respecto, el exfiscal regional, Adrián Vega, subrayó la necesidad de criterios rigurosos para seleccionar casos.

“Una lista sobresaturada podría confundir a la ciudadanía. Debemos priorizar a prófugos peligrosos”, señaló el abogado. 

 En ese sentido, Vega también remarcó la necesidad de considerar el respeto a la presunción de inocencia, especialmente cuando se trata de imputados que aún no cuentan con sentencia firme, lo que implicaría una evaluación constitucional cuidadosa en cada caso.

“Las autoridades que deban administrar este registro que se hará público deberán mantener un riguroso estudio de aquellos casos que se tornen las libertades de estas personas como muy peligrosas para la sociedad. Porque si se incorporan demasiados nombres, demasiadas personas, efectivamente la utilidad se diluiría en la cantidad de información que conoce el ciudadano”, indicó el expersecutor.

Por su parte, el exgeneral de Carabineros Jorge Tobar comparó el modelo con sistemas exitosos en Estados Unidos y Alemania, pero recalcó que su eficacia dependerá de salvaguardar los datos personales.

 Para el exoficial de Carabineros, la privacidad es un derecho humano y el registro debe equilibrar la transparencia y protección jurídica.

“La misma ley que germine el listado público de prófugos entregará responsabilidades a distintas entidades como los tribunales, por ejemplo, para que esto posea una dinámica que le dé eficacia a este nuevo mecanismo que, creo sinceramente, será de alto valor para la reducción de sujetos en calidad de prófugos”, indicó Tobar.

Lo cierto es que esta ley llega en un contexto donde la coordinación interinstitucional — especialmente en el control migratorio — se ha vuelto estratégica. 

​

Fuente: DiarioElDia Región