No se configuran las inhabilidades respecto a las autoridades que se indican, en el procedimiento que resolvió las reclamaciones presentadas en contra de la resolución de calificación ambiental del proyecto Dominga. Esto es lo que señala un dictamen que la Contraloría General de la República (CGR) emitió con fecha 7 de agosto de 2023 y que fue firmado por el entonces contralor, Jorge Bermúdez. Esto, ante una solicitud de inhabilidad de los abogados de la Asociación Comunal de La Higuera y de Jorge Cabrera Contreras. El dictamen cobra relevancia luego de que esta mañana, diputados UDI anunciaron que van a oficiar a la CGR con el objetivo de inhabilitar a la ministra Maisa Rojas cuando el Comité de Ministros vuelva a votar el proyecto del titular Andes Iron. La CGR señala expresamente que la ministra Maisa Rojas no vulneró el deber de probidad en el ejercicio de sus funciones como parte del Comité de Ministros que votó el rechazo del proyecto Dominga. El fallo del Primer Tribunal Ambiental, publicado el pasado lunes, cita a la Contraloría pero omite este dictamen, y sostiene que la ministra Rojas emitió públicamente juicios en contra del proyecto en una entrevista del año 2021. En esa época, la climatóloga no ejercía como ministra. Pero en su dictamen, la CGR hace presente que “las opiniones vertidas por los ministros en forma previa a su participación en el aludido comité -la mayoría de ellas antes de asumir esas Carteras de Estado-, fueron formuladas en términos generales, lo que no permite aseverar que vulneraron el deber de probidad en el ejercicio de sus funciones como integrantes del Comité de Ministros”. Al respecto, la diputada Carolina Tello comentó en la red social X que “la ministra Rojas no se refirió a Dominga estando en su cargo. Cuando se denunció ante CGR, el órgano concluyó en su dictamen que no fue vulnerado el deber de probidad en el ejercicio de sus funciones. Despejar este punto será materia para las futuras alegaciones en la Corte Suprema”. La CGR agrega en su dictamen que la decisión adoptada en el Comité de Ministros -que rechazó el proyecto Dominga- por cada una de las autoridades “fue en un marco diverso alde las opiniones vertidas con anterioridad, además es técnico y reglado”. Señala también que “el acta da cuenta sobre sesiones ordinarias llevadas a cabo donde se desprende argumentaciones técnicas basadas principalmenteen informes evacuados por SAG y CONAF”. Fuente: Publimetro
El Tribunal Ambiental de Antofagasta determinó el lunes que la negativa del Comité de Ministros en enero de 2023 contra el proyecto minero y portuario Dominga no es válida, fallando a favor de la empresa Andes Iron. Según el escrito, la resolución se considera ilegal debido a que el Comité incumplió una sentencia de 2021, confirmada por la Corte Suprema, que reconocía la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto. Además, se transgredió el principio de imparcialidad, ya que ministros “que habían manifestado previamente su parecer” no se inhabilitaron. A raíz del fallo, el mismo Comité tiene un plazo de 15 días para volver a sesionar con quienes “no se encuentren afectos a situaciones que comprometan su imparcialidad y probidad administrativa”, como señala la resolución. La ministra de Medioambiente, Maisa Rojas, y Marcela Hernando, entonces titular de Minería, fueron quienes expresaron públicamente estar en contra del plan. Andes Iron manifestó que “la resolución confirma que el proyecto Dominga cumple con la normativa vigente y con todas las exigencias para su correcta evaluación ambiental”. Sin embargo, desde el Gobierno aclaran que este fallo no implica necesariamente una aprobación para Dominga. Maisa Rojas indicó que “la resolución del tribunal antofagastino aún puede ser revisada por la Corte Suprema” y afirmó: “en todos los casos hemos tomado decisiones técnicas conforme a lo recomendado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)”. Esta decisión fue unánime entre los seis ministros involucrados. El ministro de Economía, Nicolás Grau, expresó algo similar en radio Infinita al señalar que dado lo señalado por el Tribunal esta votación debe repetirse, añadiendo que las decisiones deben basarse en consideraciones técnicas. Es un fallo judicial que escapa del derecho, expuso Daniel Manouchehri (PS), diputado por Coquimbo. Criticó además al tribunal señalando posibles conflictos de interés relacionados con funcionarios nombrados durante gobiernos anteriores. Diversas reacciones surgieron desde el sector empresarial tras conocer el fallo. Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería ( Sonami), comentó: “queda claro que el proyecto Dominga es perfectamente factible en todos sus aspectos medioambientales”, sugiriendo evitar más judicialización sobre este tema. Pese a esto, organizaciones medioambientales lamentaron profundamente esta decisión. Desde Greenpeace advirtieron sobre los riesgos potenciales para las especies en La Higuera: “un ecosistema tan frágil no puede ser puesto en peligro”. Por otro lado, Oceana Org criticó al Tribunal diciendo: ha excedido sus facultades notoriamente al emitir órdenes detalladas hacia el Comité. Fuente: Publimetro
No se configuran las inhabilidades respecto a las autoridades que se indican, en el procedimiento que resolvió las reclamaciones presentadas en contra de la resolución de calificación ambiental del proyecto Dominga. Esto es lo que señala un dictamen que la Contraloría General de la República (CGR) emitió con fecha 7 de agosto de 2023 y que fue firmado por el entonces contralor, Jorge Bermúdez. Esto, ante una solicitud de inhabilidad de los abogados de la Asociación Comunal de La Higuera y de Jorge Cabrera Contreras. El dictamen cobra relevancia luego de que esta mañana, diputados UDI anunciaron que van a oficiar a la CGR con el objetivo de inhabilitar a la ministra Maisa Rojas cuando el Comité de Ministros vuelva a votar el proyecto del titular Andes Iron. La CGR señala expresamente que la ministra Maisa Rojas no vulneró el deber de probidad en el ejercicio de sus funciones como parte del Comité de Ministros que votó el rechazo del proyecto Dominga. El fallo del Primer Tribunal Ambiental, publicado el pasado lunes, cita a la Contraloría pero omite este dictamen, y sostiene que la ministra Rojas emitió públicamente juicios en contra del proyecto en una entrevista del año 2021. En esa época, la climatóloga no ejercía como ministra. Pero en su dictamen, la CGR hace presente que “las opiniones vertidas por los ministros en forma previa a su participación en el aludido comité -la mayoría de ellas antes de asumir esas Carteras de Estado-, fueron formuladas en términos generales, lo que no permite aseverar que vulneraron el deber de probidad en el ejercicio de sus funciones como integrantes del Comité de Ministros”. Al respecto, la diputada Carolina Tello comentó en la red social X que “la ministra Rojas no se refirió a Dominga estando en su cargo. Cuando se denunció ante CGR, el órgano concluyó en su dictamen que no fue vulnerado el deber de probidad en el ejercicio de sus funciones. Despejar este punto será materia para las futuras alegaciones en la Corte Suprema”. La CGR agrega en su dictamen que la decisión adoptada en el Comité de Ministros -que rechazó el proyecto Dominga- por cada una de las autoridades “fue en un marco diverso alde las opiniones vertidas con anterioridad, además es técnico y reglado”. Señala también que “el acta da cuenta sobre sesiones ordinarias llevadas a cabo donde se desprende argumentaciones técnicas basadas principalmenteen informes evacuados por SAG y CONAF”. Fuente: Publimetro
El Tribunal Ambiental de Antofagasta determinó el lunes que la negativa del Comité de Ministros en enero de 2023 contra el proyecto minero y portuario Dominga no es válida, fallando a favor de la empresa Andes Iron. Según el escrito, la resolución se considera ilegal debido a que el Comité incumplió una sentencia de 2021, confirmada por la Corte Suprema, que reconocía la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto. Además, se transgredió el principio de imparcialidad, ya que ministros “que habían manifestado previamente su parecer” no se inhabilitaron. A raíz del fallo, el mismo Comité tiene un plazo de 15 días para volver a sesionar con quienes “no se encuentren afectos a situaciones que comprometan su imparcialidad y probidad administrativa”, como señala la resolución. La ministra de Medioambiente, Maisa Rojas, y Marcela Hernando, entonces titular de Minería, fueron quienes expresaron públicamente estar en contra del plan. Andes Iron manifestó que “la resolución confirma que el proyecto Dominga cumple con la normativa vigente y con todas las exigencias para su correcta evaluación ambiental”. Sin embargo, desde el Gobierno aclaran que este fallo no implica necesariamente una aprobación para Dominga. Maisa Rojas indicó que “la resolución del tribunal antofagastino aún puede ser revisada por la Corte Suprema” y afirmó: “en todos los casos hemos tomado decisiones técnicas conforme a lo recomendado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)”. Esta decisión fue unánime entre los seis ministros involucrados. El ministro de Economía, Nicolás Grau, expresó algo similar en radio Infinita al señalar que dado lo señalado por el Tribunal esta votación debe repetirse, añadiendo que las decisiones deben basarse en consideraciones técnicas. Es un fallo judicial que escapa del derecho, expuso Daniel Manouchehri (PS), diputado por Coquimbo. Criticó además al tribunal señalando posibles conflictos de interés relacionados con funcionarios nombrados durante gobiernos anteriores. Diversas reacciones surgieron desde el sector empresarial tras conocer el fallo. Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería ( Sonami), comentó: “queda claro que el proyecto Dominga es perfectamente factible en todos sus aspectos medioambientales”, sugiriendo evitar más judicialización sobre este tema. Pese a esto, organizaciones medioambientales lamentaron profundamente esta decisión. Desde Greenpeace advirtieron sobre los riesgos potenciales para las especies en La Higuera: “un ecosistema tan frágil no puede ser puesto en peligro”. Por otro lado, Oceana Org criticó al Tribunal diciendo: ha excedido sus facultades notoriamente al emitir órdenes detalladas hacia el Comité. Fuente: Publimetro
