23 de febrero de 2025
“Artículo único.- Modifícase el artículo segundo transitorio de la ley N° 21.435, que reforma el Código de Aguas, de la siguiente manera: 1. Reemplázase en el inciso primero la expresión “6 de abril de 2025”, por “6 de abril de 2027”. Así reza el primer párrafo de la Ley 21.727, publicada el pasado 18 de febrero en el Diario Oficial, que prorroga el plazo establecido anteriormente para la inscripción y registro de los Derechos de Aprovechamiento de Aguas en el país. El resto de los párrafos agregan o especifican requisitos o condiciones para completar el proceso, aunque a decir de los intervinientes, el importante es el que amplía el plazo.
El diputado regional Víctor Pino, quien presentó el proyecto en la comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara Legislativa, destacó la importancia de esta gestión al indicar que con ella se garantiza más transparencia y orden en las gestiones hídricas. “En una de nuestras visitas en terreno en Río Hurtado salió el tema de la gran cantidad de personas que aún estaban sin inscribir sus derechos, siendo que el plazo no daría para ello. De ahí surgió la idea de poder aprobar esta ley, para darle tranquilidad a miles de pequeños agricultores, porque acá lo importante es que no estaba pensada en la gran empresa, sino en el agricultor más pequeño, el que tiene 0,5 acciones de agua, que son quienes hoy en día no tienen las condiciones para hacer los trámites, no tienen los recursos económicos o no tienen el tiempo o la conectividad digital para hacer los trámites”, apuntó el legislador.
Indicó no obstante, que la ampliación beneficiará a cualquier regante sin importar la cantidad de acciones que tenga, y en cualquier parte del país, ya que le da la tranquilidad de no perder estos derechos por el hecho de no alcanzar a inscribirlo en los plazos iniciales, que se cumplían en abril de este año. “Ahora con dos años más, tiene que haber compromiso por parte de la DGA, del Indap, de la Conadi, incluso de las municipalidades, de hacer un acompañamiento para que se puedan cumplir con los requisitos. Hay todo un trabajo de por medio de poder impulsar una red de apoyo al pequeño agricultor, para que pueda tener sus derechos lo más regularizado posible y así poder avanzar en tener un catastro público de agua real, porque en definitiva, la gran incertidumbre que existe es cuánta agua tenemos y quiénes la tienen”, apuntó Pino.
Consultado acerca de los costos que tendría la regularización y la inscripción de los derechos, el legislador advirtió que si bien se hizo un esfuerzo para rebajar los gastos, obviamente no se iba a poder complacer a todos los sectores. “Ninguna ley va a quedar al gusto de todas las personas. Se hace lo que se puede en beneficio de la mayoría. Obviamente hay costos asociados y por eso es importante realizar esta prórroga, porque en dos años te permite reunir los recursos que en unos pocos meses no se alcanzan a reunir. Así que acá lo más importante es la prórroga que va a permitir dar tranquilidad al mundo agrícola en general”, destacó.
Por su parte, el presidente de la Junta de Vigilancia del Río Hurtado y sus afluentes, Hugo Miranda, recordó que en su momento, ellos le explicaron al diputado Pino la necesidad urgente de aplazar los plazos para la inscripción de los derechos de agua. “Nosotros somos 1.503 accionistas, y tienen que inscribirse todos porque nosotros no podemos perder derechos de agua y menos que pasen a la DGA y que después se los puedan llevar a otro lado, es como que nos quedemos con medio río, y para eso estamos trabajando nosotros ayudando a los regantes haciendo los trámites”, apuntó Miranda, advirtiendo que si la ley no se hubiese aprobado, de los 1.500 agricultores inscritos, solamente un tercio hubiese podido regularizar su situación.
Estimó que el 85% de los regantes de esa comuna tienen menos de una acción de agua, y que la gran mayoría son adultos mayores. Acusó que la demora en las inscripciones se habría debido a que los mismos organismos del Estado de demoran mucho en sacar los procedimientos, los que debían presentar en otra oficina que también se toma su tiempo. “Luego, ellos pedían que cada usuario llevara el registro de la historia de dónde nacía la acción de agua, cómo llegaba hasta las manos del propietario actual, y eso era casi imposible para muchos de los regantes, porque ¿quién va a tener la historia en documentos de las acciones de los abuelos, o de los padres? Eso era muy difícil, y tienen que entender el costo de poder sacar una información así. Para muchos era imposible, porque hay que tomar en cuenta que muchos son de localidades rurales. Al menos eso ya no lo están pidiendo”, señaló.
Tras ello valoró la gestión realizada y la extensión del plazo, señalando que desde su organización han colaborado con cada uno de los regantes para que puedan cumplir con lo exigido en la ley, y así regularizar el catastro comunal y regional. “Incluso en la Mesa Hídrica de la Cámara de Diputados ayudamos como Junta de Vigilancia con la exposición de nuestro personal encargado de la gestión de la inscripción de los derechos de agua, pues tenemos a una persona dedicada exclusivamente a ese trámite. Es Edgar Ánjel, quien además es concejal de la comuna, y se ha encargado de ayudar a aquellos regantes que tienen problemas administrativos, asesorándolos y apoyándolos en sus gestiones”, puntualizó el dirigente.
Fuente: DiarioElDia Región