CDE presenta querella contra exfiscal y abogado por soborno y revelación de secretos
La acción legal fue interpuesta ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, acusando a Manuel Guerra y Luis Hermosilla de mantener contactos sobre asuntos reservados.
29 de octubre de 2024
Este martes, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se hizo parte en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago de una querella criminal en contra del exfiscal Metropolitano Oriente, Manuel Guerra; y el abogado Luis Hermosilla, por los delitos reiterados de soborno, cohecho, prevaricación administrativa y revelación de secreto.
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La información fue confirmada por el propio CDE, que su plataformas oficiales informó este mediodía que la acción persecutoria realizada “a través de la Procuraduría Fiscal de Santiago” en contra de ambos abogados incluso buscaría develar a terceros “que resulten responsables”, y “sin perjuicio de otros ilícitos que se puedan acreditar durante la investigación” que actualmente lleva adelante el Ministerio Público “en el denominado Caso Audio”.
El contenido de la querella en contra de Luis Hermosilla y Manuel Guerra
La acción judicial en contra de Guerra y Hermosilla, explica el CDE, indica que en el ejercicio de funciones públicas ambos abogados faltaron “a los deberes de su cargo”, al haber “mantenido constantes contactos abordando en variadas conversaciones asuntos de carácter reservado en casos como Exalmar, Penta, Dominga, entre otros, y cuyas investigaciones y antecedentes eran secretos”.
Según los antecedentes de la investigación a Hermosilla, el querellado Guerra habría entregado " de forma permanente a Luis Hermosilla información que era obtenida en razón de su calidad de Fiscal Regional, de las causas, conversaciones y decisiones internas respecto de las mismas al interior del Ministerio Público, directamente relacionadas y que afectaban investigaciones penales abiertas”.
“Asimismo, y en este mismo contexto ilícito, adoptó en su calidad de persecutor resoluciones manifiestamente injustas, contrarias a derecho y con infracción a los deberes de su cargo”, complementaron.
“Lo anterior, en el contexto de una larga relación que habría permitido que Guerra en su calidad de Fiscal Regional, adoptara decisiones ‘no por consideraciones técnicas o jurídicas, sino justamente en razón de la vinculación que existía entre los querellados’, solicitando incluso, a cambio de sus gestiones, variados beneficios económicos tanto para sí como para terceros”, finalizaron.
