Proyecto de ley busca simplificar inscripción de Derechos de Agua para pequeños agricultores

Desde hace varios años, las autoridades de distintas instancias buscan reorganizar el sistema administrativo de registro de derechos de aprovechamiento de agua, advirtiendo el poco orden que históricamente ha tenido el tema.

En la ley N° 21.435 para la inscripción de derechos de aprovechamiento de aguas en el Catastro Publico de Aguas, se indicó que “Los derechos de aprovechamientos de aguas constituidos por acto de autoridad competente, y que a la fecha de publicación de esta ley no estuvieren inscritos en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces correspondiente, deberán ser inscritos, a petición de sus titulares, en el referido registro, antes del 6 de abril de 2025. Transcurrido este plazo, los Conservadores de Bienes Raíces no admitirán a trámite la inscripción de los derechos de aprovechamiento, los cuales caducarán por el solo ministerio de la ley”

Los derechos de aprovechamiento de aguas que estén inscritos en el respectivo registro del Conservador de Bienes Raíces, pero que no estén incluidos en el Catastro Público de Aguas, se deberán acreditar en la Dirección General de Aguas, hasta dicha fecha. 

La ley prevé la aplicación de una multa de entre 51 y 100 UTM (segundo grado) para quien no cumpla esta obligación, exceptuándose a los indígenas y comunidades indígenas.

Al acercarse la fecha, y en vista de que el tema se ha vuelto cuesta arriba por distintos factores, se está discutiendo a nivel legislativo ampliar el plazo hasta el 6 de abril de 2027 como nuevo tope. 

Esta medida buscaría corregir desventajas que enfrentan pequeños agricultores y comunidades rurales que no han podido completar los trámites. Esto se debió a diversos problemas estructurales en el proceso de inscripción, como la falta de acceso a información y tecnología. Ello se visualizó, especialmente, en zonas rurales donde los conservadores de bienes raíces no están digitalizados.

El Seremi de Agricultura de la región de Coquimbo, Christian Álvarez, aseguró que lo importante de la ampliación del plazo es que los agricultores puedan inscribir sus derechos en el Conservador de Bienes Raíces, pero a la vez también registrarlo en la Dirección General de Agua, para de esta manera asegurar su vigencia y no correr el riesgo de perder este derecho. 

“Es una medida que otorga garantías a los agricultores, especialmente a los pequeños, es por esto mismo que nuestros servicios CNR e INDAP están apoyando en materias de difusión y capacitación que está realizando la DGA, para que el mensaje sea claro y directo. Si un agricultor o agricultora inscribe sus derechos y entrega una información clara sobre las aguas, podremos transitar de manera más expedita hacia una seguridad hídrica y una mejor gestión del agua. Algo que es clave en la actualidad ante la crisis que atraviesa nuestra región”, apuntó Álvarez.

En trámite

Recientemente el Senado aprobó el documento que pasó a la Cámara de Diputados para su validación y aprobación final, con lo que se ampliaría en dos años el plazo de inscripción y registro de los derechos de aprovechamiento de aguas, actualmente vigente, y disponer medidas para facilitar el cumplimiento de tales obligaciones.

Al respecto, el diputado por la región de Coquimbo Marco Antonio Sulantay, miembro de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara Legislativa, señaló, que muchas personas no pudieron culminar el trámite en el transcurso de un año, debido a muchas factores, entre los que incluyó la falta de información, apoyo y recirsos.

“Debemos aclarar que durante mucho tiempo no hubo orden en las inscripciones de los Derechos de Agua. Había muchas personas que las tenían de manera histórica, como herencias de sus familias, y no estaban todos esos derechos actualizados, así que se tomó la decisión de hacer un catastro y una actualización de esos derechos. Y eso se tiene que hacer obviamente vía Ley. Nosotros tomamos esta consideración de parte del ejecutivo y lo que pedimos fue una extensión de plazo para poder hacer ese trámite, porque como estaba muy desactualizado eso se traduce también en falta de información”, apuntó el legislador.

En ese sentido resaltó que se debe entender que se trata de una solicitud de ampliación de plazo para que todos puedan inscribir, reinscribir o actualizar sus derechos de agua. 

“Son tan antiguos algunos derechos de agua que a veces incluso están con medidas y unidades de medición diferentes. Algunos están expresados en metros cúbicos, otros, en litros por segundo;  otros incluso en mangas y otras medidas muy antiguas. El objetivo de esto es que se logre uniformar y se actualice este trámite, y que todas las personas que tengan sus derechos -sobre todo de herencia- tengan la posibilidad de inscribirlos como corresponde”.

Accesible

Precisó Sulantay que desde el poder legislativo hicieron la salvedad para que el trámite fuera con el menor costo posible, para que más personas pudieran acceder a él.

“Antes había que buscar un abogado, hacer gestiones notariales, de conservadores; mientras que ahora lo que nosotros propusimos es que las personas interesadas vayan a las oficinas públicas, a la Dirección General de Agua, donde se puede hacer ese trámite solamente con el costo de movilización entre su casa y la oficina básicamente”.

Advirtió que también se trata de poner orden en el sentido de organizar la línea de uso de los derechos establecidos.

“En otras regiones -y no es el caso de la región de Coquimbo- hay grandes empresas agrícolas haciendo uso de estos derechos de agua muchas veces arrendados a otras personas, y queremos un poco poner orden y acortar esa especulación que se ha generado con estas herramientas. Esto ha servido para ordenar y actualizar los derechos de agua de las personas”.

Comparó la situación con las sucesiones territoriales en los que los terrenos se tienen que dividir entre varios herederos, pero que no siempre se actualizan en los registros.

“Muchos de los derechos de agua son documentos transferibles, que han ido pasando muchas veces entre las familias. Pero esto también busca cortar la especulación que hay con este tema, porque el derecho de agua es un bien tangible, que vale recursos, que se puede vender, arrendar o traspasar, y hay mucha gente que lo hace y gira alrededor de ello todo un mercado especulativo. A veces hay predios agrícolas que pertenecen a grandes empresas que tienen sus derechos asignados y que van ampliando su rango de acción arrendando o haciéndose de derechos de agua, que en el fondo van ocupando más agua de lo que en realidad pudiese corresponderles, o quitándoles el derecho a otros a usar el agua que les puede corresponder. Así que todo esto sirve para ese ordenamiento”.

Indicó que otro de los objetivos es eliminar algunas trabas burocráticas y de las lineas judiciales, para que el proceso fuera más expedito y accesible.

“Nosotros sacamos eso (trámites en notarías) como un requisito obligatorio, para que la gente pueda ir primero a las oficinas públicas, para poder cumplir con el trámite. El tema es que tienen que hacerlo porque tienen un derecho y en el fondo es la forma que tienen de resguardarlo”, puntuializó el legislador.

Fuente: DiarioElDia Región