Divisiones en el oficialismo por referencias a Chadwick

Tres acusaciones constitucionales se presentaron ayer en el Parlamento, contra tres jueces de la Corte Suprema. Pero no quiere decir que se haya presentado una a cada uno, la historia es otra. Sobre la magistrada Ángela Vivanco recayó una de los partidos de izquierda y otra de Chile Vamos y en esta última además se incluyó el nombre de Sergio Muñoz. Aparte, la DC encabezó otra petición, contra Jean Pierre Matus, también con apoyo del oficialismo. La Cámara de Diputados sorteó los nombres de los integrantes de las tres comisiones revisoras y en todas habrá mayoría de la oposición.

Aunque los libelos de Chile Vamos y el encabezado por el PS contra Vivanco coinciden en que hubo “abandono de deberes”, no hubo opción de unificarlo. La piedra de tope es el enfoque que dieron desde el PS, apuntando a la responsabilidad final de Andrés Chadwick, ministro del Interior del gobierno de Sebastián Piñera en la época de los mensajes del teléfono de Luis Hermosilla, un nombre que no aparece en la solicitud de la derecha.

Según explicó el diputado Daniel Melo (PS), “nuestro caso se fundamenta en el caso Hermosilla e inclusive las relaciones con Chadwick. Queremos ver si existe referencia al señor Chadwick en la otra acusación”.

Desde RN, la diputada Ximena Ossandón explicó que “no es el señor Chadwick el acusado. Y de todas las formas hemos dicho que él debe dar su versión. Además, el PS no estaba tan convencido de votar en favor de la AC a Muñoz, por eso no fuimos juntos”.

En la UDI, el partido de Chadwick, el presidente, Guillermo Ramírez, aseguró que “no se había presentado antes porque confiábamos en las medidas disciplinarias que pudiese tomar la Corte, pero hoy entendemos que si no somos nosotros los que presentamos una acusación constitucional estas irregularidades puede que queden sin sanción”.

Con la conformación de las comisiones, los posibles acusados quedan sin permiso para abandonar el país y un plazo de 10 días para presentar sus defensas, personalmente o por escrito. Luego, hay seis días para emitir el informe, que será el que presentarán a la Sala para votar; de aprobarse, se conforma otra comisión, de tres diputados, para exponerla al Senado, que en definitiva define la suerte de los acusados.

Eso sería al menos en un mes, es decir, cerca de las elecciones municipales. Sin embargo, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, descartó que todo se politice. “Podrá ser el miedo de algunos, pero no el del Ejecutivo. Creemos que el Parlamento tiene herramientas de fiscalización que son atribuciones constitucionales. Si fuera por elecciones, nunca habría ‘el mejor momento’”, señaló.