Incautan 347 carros de supermercado en la Vega Central
Operativo de la PDI logra recuperar carros avaluados en $22 millones. Dos detenidos, uno chileno y otro haitiano.
15 de octubre de 2024
Un operativo en la Vega Central coordinado entre ALTO y la PDI permitió recuperar 347 carros que habían sido robados de distintas cadenas de supermercados, cuya avalúo se estima en $22 millones de pesos aproximadamente.
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El procedimiento culminó con dos personas detenidas, una de nacionalidad chilena y otra, haitiana, quienes fueron formalizadas por el delito de receptación, quedando bajo las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual, durante los primeros 60 días que el tribunal decretó para el desarrollo de la investigación.
El hurto y robo de carros es un delito que ha afectado significativamente a los supermercados en Chile durante los últimos años. En 2023 la PDI, en conjunto con ALTO ya habían desarrollado un operativo en La Vega Central donde se incautaron 197 carros de supermercado.
“Durante la última década, el robo o hurto de carros de supermercado en Chile ya era un problema existente. Sin embargo, a partir de 2022, tras la pandemia, hemos observado un crecimiento en las pérdidas de estos activos. Las pérdidas pueden resultar millonarias para las empresas si se consideran los volúmenes involucrados anualmente y por otra parte este tipo de delito puede generar efectos no deseados en la experiencia de compra de los clientes de los supermercados.”, comenta Eduardo Hernandez, Gerente Legal de ALTO en Chile.
¿Cuál es el negocio de los carros de supermercados?
Según explica el profesional, “en este caso, hemos podido observar la existencia de una red que busca generar ingresos ilícitos a partir de la explotación de activos (carros de supermercados) obtenidos ilegalmente que se entregan en arriendo. El modus operandi es el siguiente: luego de sustraer estos activos, los involucrados almacenan los carros en sus propias viviendas, lo que permite ocultarlos de un eventual procedimiento policial (de fiscalización) para luego, instalarse físicamente en alguno de los accesos a la Vega Central, con el propósito de captar clientes a quienes arriendan y exigen muchas veces una garantía para la utilización de los carros robados, además de un pago entre $3 mil a $5 mil pesos”.
